17 Mayo 2018
“Su empresa se llama ‘Construcciones Morales’ y la de su esposa, ‘El Moral SRL’. ¿Por qué son parecidos los nombres?”, le preguntó el fiscal de Cámara, Carlos Saltor, al testigo Emilio Alberto Morales. “Casualidad, nomás”, respondió el ex contratista de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).
Las características de las firmas que brindaron servicios y materiales a la DAU en la gestión de Miguel Brito (2007-2012) serían un eslabón más en la acusación contra el ex funcionario alperovichista.
La estrategia quedó de manifiesto ayer, tras la testimonial de Morales. El fiscal de Cámara expresó sus dudas respecto de dos facturas, una de “Construcciones Morales” y otra de “El Moral SRL”. Por eso, solicitó una pericial caligráfica. “Estaríamos ante la irregularidad de que la misma persona haya hecho las facturas para ambas empresas, aun cuando no haya sido el Morales”, argumentó Saltor.
Tras deliberar, las vocales de la Sala VI de la Cámara Penal, con los votos de Alicia Freidenberg (presidenta) y María Elisa Molina, y con la disidencia de la vocal Stella Maris Arce, rechazaron el pedido.
Morales es titular de una empresa que facturó $1,95 millón entre 2010 y 2011 por su labor para la DAU. A la vez, es esposo de es esposo de Patricia del Valle Medina, ex socia gerente de “El Moral SRL”, que registró ingresos totales por $1,3 millón en ese período.
Además, Morales y Medina tenían un nexo en lo empresarial: el contador de “Construcciones Morales”, Mario Jesús Francisco, se convirtió luego en socio de “El Moral SRL”. Medina y Francisco ya habían prestado declaración en la causa. Ayer fue el turno de Morales.
Saltor le consultó al testigo si la decisión de brindar idénticos servicios a través de dos firmas diferentes no significaba una duplicación de los costos impositivos. “En mi caso, no, porque yo ya estaba armado como empresa. Ellos (por Medina y Francisco) armaron la suya y tenía sus costos”, contestó. Saltor hizo foco en los cotejos de precios y las facturas relativos a ambas contratistas ante la DAU. Pero no logró la pericial caligráfica. El abogado defensor, Arnaldo Ahumada, se había opuesto, al entender que no tenía relación con el hecho investigado.
Luego, Brito volvió a pedir la palabra al tribunal. El ex funcionario, que está acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado y de negocios incompatibles con su cargo, advirtió que, a su criterio, “los testigos no aportaron nada a la causa”. “La mayoría estuvo en la sintonía de querer zafar de sus responsabilidades”, afirmó. Luego, se desligó las objeciones del Tribunal de Cuentas por la supuesta inexistencia de decenas de rampas para discapacitados. “Fueron solicitadas por jefes departamentales y recibidas conforme por el señor ex subdirector, Roberto Bianchi”, afirmó Brito. Y criticó las auditorías del ente de control. “Fueron a ver sin expedientes, y al único que perjudicaron fue a mí”, dijo. Y agregó: “se hablaba de una ‘plaza fantasma’ en barrio Echeverría. Pero en 2017 la encontraron y rectificaron el informe”. Antes de ofrecerse a responder preguntas del tribunal o del fiscal -declinaron de la propuesta-, aseguró: “no son hechos de corrupción”.
El juicio se reinicia el lunes a las 8, con las últimas testimoniales.
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