26 Mayo 2004 Seguir en 
LAS TERMAS DE RIO HONDO.- Como ocurre desde hace varias semanas, las 200 familias que usurparon las viviendas construidas en el gobierno de la ex gobernadora Marina Aragonés de Juárez realizaron un nuevo corte de ruta para hacer escuchar su oposición al sorteo de viviendas.
Las 200 viviendas, ubicadas a ambas márgenes de la ruta nacional Nº 9, fueron tomadas por familias enteras hace más de 50 días por políticos, comerciantes, docentes, empleados estatales y ciudadanos comunes que, en muchos casos, tuvieron que comprarlas por sumas que superan los $ 800, según denunciaron.
Las familias se adueñaron del acceso norte y todas las tardes cortan la ruta, queman cubiertas y dejan pasar únicamente a los vehículos particulares, colectivos y camiones cada media hora. Los turistas que arriban por la ruta 9 se quejan por las demoras.
En los barrios usurpados viven más de 500 personas que carecen de servicios por el deterioro de las viviendas que fueron terminadas hace más de dos años.
El gobierno de la intervención federal sostiene que la usurpación no les da derecho de posesión. La solución al afligente problema fue planteado ante el Ministerio de Justicia de la Nación y en consecuencia se convocó a un especialista en conflictos sociales, que solucionará el problema "antes del 31 de mayo", según anunció el interventor Pablo Lanusse. (C)
Las 200 viviendas, ubicadas a ambas márgenes de la ruta nacional Nº 9, fueron tomadas por familias enteras hace más de 50 días por políticos, comerciantes, docentes, empleados estatales y ciudadanos comunes que, en muchos casos, tuvieron que comprarlas por sumas que superan los $ 800, según denunciaron.
Las familias se adueñaron del acceso norte y todas las tardes cortan la ruta, queman cubiertas y dejan pasar únicamente a los vehículos particulares, colectivos y camiones cada media hora. Los turistas que arriban por la ruta 9 se quejan por las demoras.
En los barrios usurpados viven más de 500 personas que carecen de servicios por el deterioro de las viviendas que fueron terminadas hace más de dos años.
El gobierno de la intervención federal sostiene que la usurpación no les da derecho de posesión. La solución al afligente problema fue planteado ante el Ministerio de Justicia de la Nación y en consecuencia se convocó a un especialista en conflictos sociales, que solucionará el problema "antes del 31 de mayo", según anunció el interventor Pablo Lanusse. (C)







