Más “urbanizaciones especiales” en Yerba Buena

Harán edificios bajos sobre avenida Solano Vera; locales comerciales y departamentos frente a un country y otro barrio en El Bernel. Luego de una disputa política en el seno de la comisión de Obras, ediles aprobaron por mayoría varios proyectos atrasados

30 Abr 2018
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EN EL RECINTO. Los ediles aclararon que las factibilidades otorgadas no dan derechos a iniciar las obras. la gaceta / foto de antonio ferroni

En la esquina de la calle San Luis y la avenida Solano Vera, al sur de Yerba Buena, podrán emerger unos edificios de baja altura. El jueves pasado, el Concejo Deliberante de esa ciudad le otorgó a un estudio de arquitectos la factibilidad urbanística que habían solicitado. Es decir, los concejales, en su mayoría, consideraron que el proyecto es factible de ser realizado. Se adecúa -dijeron- a lo reglamentado por el Código de Ordenamiento Urbano (COU, por sus siglas).

En el dictamen de las comisiones que intervinieron, argumentaron que el conjunto habitacional se integra a la trama y a la planificación pensada para esa zona piedemontana. Resaltaron, además, que habrá un estacionamiento subterráneo.

La concesión del permiso llegó con los votos de Héctor Aguirre y Walter Aráoz -del peronismo- y de Rodolfo Aranda, José Macome, Javier Jantus y Marcelo Rojas -cercanos al intendente, el radical Mariano Campero-. Los opositores al oficialismo local (Pedro Albornoz Piossek, Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico), en cambio, se rehusaron a levantar sus manos a favor de la iniciativa.

Negativa en la Aconquija

Cerca de allí, frente al country Cerro Azul, en un predio entre el Camino de Sirga y la calle Las Lanzas, también podría avanzar la construcción de una urbanización especial. El mismo sexteto dispuso fallar a favor de la la factibilidad urbanística que pretendía Marcos Silvetti, para construir locales comerciales y departamentos. Juzgaron que el proyecto se ajusta al Código y que se trata de un sector periférico del municipio (“resulta conveniente promover su desarrollo”, se lee en el texto del dictamen).

Quien no tuvo buena acogida fue Enrique Augusto Ruhland Araujo. Según consta en su expediente, el desarrollista aspira a construir viviendas y negocios en la avenida Aconquija al 1.900. Para eso, había llegado hasta el cuerpo legislativo con un pedido de excepción. Pero los ediles despidieron sus aspiraciones.

“La densidad habitacional planteada alcanza los 144 habitantes. Eso supera, ampliamente, los 99 habitantes permitidos para ese sector. De prosperar, provocaría un crecimiento no admisible”, escribieron. Plantearon, también, que por las características del emprendimiento, alteraría la fluidez del tránsito. “No autorizamos al Ejecutivo a que apruebe, por la vía de la excepción, lo solicitado por Ruhland Araujo”, concluyó el grupo de seis.

Otro que obtuvo su factibilidad es el barrio “El Portillo”, de la compañía azucarera Justiniano Frías. La facción mayoritaria opinó que el proyecto se ajusta a la ordenanza número 2017, que es el Código. Dijeron que en la propuesta se completan las calles perimetrales y se abrirá una nueva arteria hacia el este. “Eso contribuye al desarrollo sostenible”, evaluaron.

Valoraron, además, que los lotes frentistas hayan sido planteados como abiertos, para evitar los cercos en la vía pública. De prosperar, “El Portillo” se hará en la zona del loteo El Bernel, en la localidad de San José. Sin embargo, de acuerdo al expediente que circula en el Concejo, el desarrollista -al igual que otros- todavía debe presentar las factibilidades actualizadas de las empresas proveedoras de los servicios de energía, gas, agua y cloacas. Incluso, le requirieron la constancia de Aptitud Ambiental, que emite la Dirección de Medio Ambiente, y el proyecto de desagües pluviales, que entrega la Dirección Provincial del Agua.

La falta de estos aptos despertó sospechas en Zelaya, quien hizo oir sus objecciones. “Estas factibilidades son una obligación para quienes lotean. Así lo establece la legislación provincial. En este caso, parece que a esas obligaciones se las están pasando por alto”, espetó. Luego, mostró documentación que probaría que al padrón en cuestión (número 776602) ya se le había aprobado, durante la administración municipal anterior, un proyecto parecido. “¿Habrá dos ordenanzas sobre una misma fracción? ¿Cuál valdría”?, indagó.

Finalmente, el Concejo hizo lugar a una medida de excepción para dividir dos lotes de un particular. Según el dictamen, el fraccionamiento no afecta ni el paisaje ni la morfología de la zona, debido a que se trata de terrenos situados en la Unidad Ambiental 3 del Código. Esa unidad se encuentra hacia el sur del municipio, en un perímetro comprendido por las calles Aconquija y Canal de Yerba Buena y Juan XXIII y Solano Vera.

Según aclararon, en todos los casos las factibilidades otorgadas por ese legislativo no les dan derechos a los solicitantes a iniciar sus obras. Deben aguardar a que se expidan las oficinas técnicas del Ejecutivo local.

La Justicia intevino para destrabar expedientes "cajoneados"

En general, los proyectos que se trataron el jueves fueron inherentes a la comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo. Hasta mediados de marzo, ese grupo de trabajo había estado atravesado por las peleas entre las dos facciones de ediles.

De un lado, el macrista Pedro Albornoz Piossek -conductor de la comisión durante 2017- se negaba a entregar la documentación de las obras que debían revisarse, debido a que desconocía a las nuevas autoridades internas. Del otro lado, el oficialista José Macome -elegido para presidir el grupo este año- lo acusaba de retener documentación pública.

Finalmente, fue la Justicia la que destrabó el conflicto. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, que es presidida por el vocal Horacio Ricardo Castellanos, le entregó las carpetas al Concejo Deliberante, al considerarlo “el responsable de su custodia”. Tras eso, el peronista Héctor Aguirre -como presidente del cuerpo- le remitió los papeles a Macome.

Consultado sobre porqué trataron los proyectos, el edil contestó que debatieron las propuestas que -básicamente- cumplían con las normas que establece el Código. “Hay otros que necesitan estudios más profundos”, añadió. Según Macome, la comisión posee, exactamente, 266 expedientes. Casi 100 serán pasados a archivos, debido a que han caducado.

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