Lijo dice que la Justicia debe dejar la impostura

En un panel local sobre narcotráfico, el juez porteño opinó que el sistema judicial actual es para gente a la que le gusta perder ante el delito

28 Abr 2018 Por Irene Benito
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EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA JUSTICIA FEDERAL DE TUCUMÁN. Lijo expone en presencia de los camaristas Rabbi-Baldi Cabanillas (iz.), Sanjuán y Torres. LA GACETA / FOTOS DE IRENE BENITO

Cuando promediaba su exposición, el disertante admitió que estaba haciendo un popurrí. El comentario pasó inadvertido porque Ariel Lijo, juez federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enseguida introdujo un chiste que provocó risas en la audiencia y muecas en los panelistas convocados para abordar el fenómeno del narcotráfico. Relajado y rápido de palabra, desplegó en esta ciudad las aptitudes que lo llevaron a ser un polo de referencia de los llamados Tribunales de Comodoro Py. Entre broma y broma, el secretario general de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe), una asociación de magistrados fundada el año pasado, soltó alguna definición seria. Por ejemplo, cuando dijo que los mecanismos judiciales vigentes son para “gente a la que le gusta perder frente al delito”. “La Justicia tiene que abandonar la puesta en escena. Basta de imposturas”, reclamó varias veces.

Las manifestaciones de Lijo sintetizaron las frustraciones que, a propósito del combate contra el crimen organizado, desarrollaron el jueves sus colegas de panel: los camaristas federales Abel Torres (Córdoba); Renato Rabbi-Baldi Cabanillas (Salta) y Ricardo Sanjuán (Tucumán). Con matices, todos ellos describieron las estrecheces del Estado que pretendía doblegar el mercado de la droga (se informa por separado). Las asignaturas pendientes y los diagnósticos abundaron en el salón de actos de la Justicia Federal local. En la primera fila de la capacitación organizada por Ajufe se ubicaron el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley; el secretario de Participación Ciudadana de esa cartera y yerno de Sanjuán, José Farhat; el fiscal general federal Gustavo Gómez y la camarista anfitriona, Marina Cossio, entre otras autoridades. La actividad, que también congregó a otros jueces del país; empleados y funcionarios judiciales, y personal de las fuerzas de seguridad, incluyó una mesa sobre extinción de dominio además de la dedicada al narcotráfico.

“En Ajufe somos federales. Esto es auténtico, no otra puesta en escena”, anunció Lijo sobre el espíritu de una entidad que tiene el mismo nombre que la que aglutina a los jueces federales brasileños desde 1972. En cuanto a la posibilidad de disponer de los bienes con origen o destino ilícito (sentenciar la pérdida del dominio), el magistrado dijo que, a falta de una ley específica, había tratado de ensayar soluciones creativas. “Por ejemplo, dimos máquinas de talleres textiles clandestinos para cooperativas de los indios qom. Pero fuimos denunciados todos por haber dispuesto de esos bienes, y, además, resultó que los qom son nómades y machistas, y pusieron a trabajar a las mujeres”, relató.

El modelo del inodoro

La Justicia sólo puede con los hechos ilícitos sencillos: según Lijo, sólo caen las organizaciones criminales inexpertas, que no consolidan su modus operandi. “En los 15 años que llevo en la Justicia Federal atrapé a una sola banda (de narcotraficantes) y a muchos camioneros. Tengo la certeza de que todo el proceso penal fue pensado para el delito simple, no para el sofisticado. Hay una lucha desigual. El delito mutó”, explicó el juez que, minutos antes de dirigirse al público, había dicho a LA GACETA que no concedía entrevistas a la prensa.

Para ilustrar hasta dónde llegaba la derrota, el directivo de Ajufe confesó que los denunciados a veces se enteraban antes que él que habían sido mencionados en una denuncia. Y agregó que en minutos podían modificar fondos y cuentas, y que los allanamientos encontraban a los allanados preparados para neutralizarlos. “Esto sucede en una época en la que los conflictos se resuelven por WhatsApp, en el tiempo que tardan las dos tildes en ponerse azules. Y si hay demora mi mujer ya se pregunta: ‘¿dónde estará?’”, comparó. Lijo advirtió que los conflictos judiciales no podían ser resueltos instantáneamente, pero que tampoco eran admisibles los plazos eternos.

“Hoy tiramos U$S 10 millones al año en expedientes relativos a tenencia de estupefacientes para consumo personal, que ya sabemos que terminan cerrados. Venimos haciendo algo mal. No es que la gente un día se levantó enojada con la Justicia”, reflexionó.

Al referirse al problema sistémico, Lijo planteó en la Justicia Federal de Tucumán que había que mirar la mochila del inodoro como ejemplo de un mecanismo eficiente, que funciona bien. Dijo que no alcanzaba con sustituir a los actores o reemplazar a los malos por los buenos. “Cambiar al que investiga es una pavada. Lo difícil es modificar la forma de trabajar: en Estados Unidos y Alemania el proceso penal empieza cuando la investigación termina. En ese sistema es irrelevante quién presiona el botón del inodoro. Puede hacerlo con mayor o menor intensidad, pero el margen es pequeño para cualquiera”, aseguró. El juez que procesó al entonces vicepresidente Amado Boudou en la causa “Ciccone” volvió a la idea original de que había que desterrar los fingimientos o engaños con apariencia de verdad. “Terminemos con las imposturas. Vamos a conseguir el cambio y la madurez cuando dejemos de depositar la confianza en las personas y pongamos atención en el sistema”, dijo.

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Ariel Lijo
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