25 Mayo 2004 Seguir en 
Un extraño caso, que podría involucrar a algunos funcionarios del área de salud y que podría tener sorprendentes derivaciones, está siendo investigado por la Justicia.
Ismael Horacio Castillo, de 46 años, vive en el barrio ex Aeropuerto. Por orden de la jueza Ema de Nucci, en un caso de probation (la condena consiste en realizar un trabajo para la comunidad) debía comprar una caja de jeringas descartables y donarla a un hospital público. El hombre entonces se dirigió a un comercio donde venden insumos médicos, adquirió una caja de 100 jeringas, que le costaron $ 33,88, y luego se retiró.
Desde allí, según advirtió Castillo, se dirigió hasta el hospital Avellaneda y quiso hacer entrega de las jeringas. Fue atendido por el subdirector, Enrique Toll, quien recibió la caja. Pero el profesional advirtió que algo andaba mal. En uno de los costados, la caja tenía la inscripción de "prohibida su venta", ya que se trataba de material donado por el Ministerio de Salud de la Nación para programas de salud del país.
La denuncia
Ante esto, se radicó una denuncia en la seccional 5ª, desde donde se le dio intervención a la fiscalía III. Con órdenes judiciales, se allanó el local en el cual Castillo realizó la compra, y de allí -informaron fuentes policiales- se secuestraron otras 7 cajas idénticas, también con la inscripción de "Prohibida su venta".
El propietario del negocio, Enrique Armando Caballini, de 58 años, fue aprehendido. En su declaración afirmó que a él se las había vendido un empleado del Siprosa, que trabajaría en el área operativa sudoeste.
"Yo hice la denuncia y después no me llamaron más. Tengo la factura y todo para probar que realicé la compra, pero no entiendo cómo me pueden haber vendido algo que no se podía comercializar", aseguró Castillo.
El doctor Toll, en tanto, ratificó que fue él quien descubrió que a Castillo le habían vendido algo que estaba prohibido. "Inmediatamente hicimos la denuncia, tal como correspondía", explicó. "No sabemos en qué estado se halla la causa, pero es evidente que no podíamos aceptar material que no debía ser vendido", aseguró.
La causa -dijeron fuentes policiales- está en manos de la fiscal de la III Nominación, Teresita Marnero. La causa podría pasar a la Justicia Federal, ya que podría ser un perjuicio al Estado nacional.
Fuentes del Siprosa indicaron a LA GACETA que hay un sumario administrativo para tratar de determinar si alguno de sus empleados vendió las cajas.
Ismael Horacio Castillo, de 46 años, vive en el barrio ex Aeropuerto. Por orden de la jueza Ema de Nucci, en un caso de probation (la condena consiste en realizar un trabajo para la comunidad) debía comprar una caja de jeringas descartables y donarla a un hospital público. El hombre entonces se dirigió a un comercio donde venden insumos médicos, adquirió una caja de 100 jeringas, que le costaron $ 33,88, y luego se retiró.
Desde allí, según advirtió Castillo, se dirigió hasta el hospital Avellaneda y quiso hacer entrega de las jeringas. Fue atendido por el subdirector, Enrique Toll, quien recibió la caja. Pero el profesional advirtió que algo andaba mal. En uno de los costados, la caja tenía la inscripción de "prohibida su venta", ya que se trataba de material donado por el Ministerio de Salud de la Nación para programas de salud del país.
La denuncia
Ante esto, se radicó una denuncia en la seccional 5ª, desde donde se le dio intervención a la fiscalía III. Con órdenes judiciales, se allanó el local en el cual Castillo realizó la compra, y de allí -informaron fuentes policiales- se secuestraron otras 7 cajas idénticas, también con la inscripción de "Prohibida su venta".
El propietario del negocio, Enrique Armando Caballini, de 58 años, fue aprehendido. En su declaración afirmó que a él se las había vendido un empleado del Siprosa, que trabajaría en el área operativa sudoeste.
"Yo hice la denuncia y después no me llamaron más. Tengo la factura y todo para probar que realicé la compra, pero no entiendo cómo me pueden haber vendido algo que no se podía comercializar", aseguró Castillo.
El doctor Toll, en tanto, ratificó que fue él quien descubrió que a Castillo le habían vendido algo que estaba prohibido. "Inmediatamente hicimos la denuncia, tal como correspondía", explicó. "No sabemos en qué estado se halla la causa, pero es evidente que no podíamos aceptar material que no debía ser vendido", aseguró.
La causa -dijeron fuentes policiales- está en manos de la fiscal de la III Nominación, Teresita Marnero. La causa podría pasar a la Justicia Federal, ya que podría ser un perjuicio al Estado nacional.
Fuentes del Siprosa indicaron a LA GACETA que hay un sumario administrativo para tratar de determinar si alguno de sus empleados vendió las cajas.
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