Amplían la asistencia económica a la SAT

Hubo críticas de oficialistas y de opositores, y la empresa deberá remitir un informe trimestral de sus gastos y obras

27 Abr 2018
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AUTOCRÍTICO. El oficialista Ruiz Olivares (a la izquierda) admitió fallas en la prestación del servicio de agua y cloacas. prensa legislatura

Las críticas por la calidad del servicio de agua potable y de cloacas volvieron a retumbar en la Legislatura. Los legisladores del oficialismo y de la oposición aprobaron una modificación que flexibiliza una ley sancionada en diciembre para que el Poder Ejecutivo (PE) continúe enviando fondos a la Sociedad Aguas del Tucumán-Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAT-Sapem), y no tenga restricciones en el gasto.

“Buscamos que la SAT pueda redundar en mejores servicios a partir de los aportes financieros”, presentó el proyecto de ley el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, presidente de la comisión de Hacienda. El artículo 1° de la “Ley SAT”, aprobada a finales del año pasado, facultaba al PE a “otorgar Aportes No Reintegrables a la empresa estatal para financiar obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias que resulten necesarios para la prestación de los servicios a su cargo”. El nuevo primer artículo ahora establece que el PE puede “otorgar a la SAT Aportes Financieros No Reintegrables por hasta el monto contemplado en las previsiones presupuestarias de cada ejercicio”. Ya no se limitará el destino de estos fondos sólo a obras de infraestructura o maquinarias.

El peronista Alfredo Toscano (del bloque Partido por la Justicia Social) cuestionó el envío de fondos. “La situación de la SAT es de crisis. Lo que no sabemos es si (los fondos) serán para pagar deudas, sueldos.... nadie lo sabe. Hubiera sido bueno que se informe por qué necesitaban las partidas. El año pasado le dimos $ 5 millones en un primer decreto, luego $ 35 millones y en marzo le giramos $ 20 millones más. Le vamos dando $ 60 millones pero no sabemos en qué se invirtieron”, criticó el legislador aliado al intendente Germán Alfaro (Cambiemos).

Toscano contó que estudió los decretos del PE para saber de qué partidas se destinaban fondos para la SAT. “Las partidas enviadas a la empresa surgen del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja. ¿Pueden esos fondos destinarse a la SAT? La ley del fondo Soja dice que esos recursos nacionales deben destinarse a financiar obras de infraestructura, viviendas, obras educativas, sanitarias... Sabemos que faltan obras para mejorar el servicio, que (el gobernador Juan) Manzur está fracasando cuando lo puso a Fernando Baratelli como José Alperovich fracasó cuando nombró al interventor Alfredo Calvo”, cruzó el aliado municipal.

El peronista Marcelo Caponio defendió la gestión de la SAT y aprovechó para criticar a Alfaro. “Nunca he visto en los medios un intendente que le eche la culpa de todos los males del municipio a una empresa. La culpa del tránsito la tiene la SAT; del transporte público, la SAT; la falta de pavimento: culpa de la SAT. No puedo hablar del fracaso de la SAT porque en 2004 el 40% de los vecinos de la capital tenían agua potable y un 30% cloacas. Ahora esa relación pasó al 97% y al 85%”, defendió el apoderado del PJ.

“Cuando describieron la maravillosa SAT parecía que hablaban de una provincia que no era Tucumán. Es una falacia que el 97% tenga agua potable, hay zonas donde no tienen servicio o donde sale barro de la canilla. Es surrealismo mágico”, criticó el radical José María Canelada con vehemencia. Y agregó: “sin un informe contable que explique por qué, cuánto y para qué hay que darle fondos a la SAT, no estoy en condiciones de acompañar”.

Ruiz Olivares intercedió para bajar el tono a las críticas. Relató las deficiencias en el servicio de agua potable cuando fue intendente de Monteros. “El problema con el agua y las cloacas existió siempre. No defenderé lo indefendible porque seré oficialista pero la tengo clara. Primero Obras Sanitarias de la Nación, luego Vipos, Aguas del Aconquija y ahora la SAT. El Gobierno tiene la intención de ayudar”, concedió el peronista. Propuso incorporar un artículo: que la SAT deba dar informes trimestrales con la ejecución de los gastos. Los legisladores aprobaron la ley con el cambio.

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