El Gobierno nacional quiere eliminar por ley los impuestos de las tarifas

Tras el planteo del Presidente, el Poder Ejecutivo elevará al Congreso su propuesta para quitarle los gravámenes que pesan en las boletas que reciben los usuarios. Los gobernadores le reclaman que saque, además, el IVA, al que consideran el principal componente de la carga tributaria

25 Abr 2018
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CONSENSO FISCAL. Algunas provincias consideran que las decisiones nacionales van a contrapelo del Consenso Fiscal, alcanzado en noviembre. dyn (archivo)

La gestión del presidente Mauricio Macri redobla su apuesta para que las provincias y los municipios eliminen los cargos impositivos que pesan sobre la factura de los servicios públicos. Con un proyecto, que será elevado al Congreso, la Casa Rosada busca recuperar la iniciativa frente a los reclamos sociales por los incrementos de las tarifas, compartiendo el costo político con los gobernadores y tratando de disipar los proyectos que impulsa la oposición en el Parlamento. En esa orientación avanza un plan que pretende eliminar los cargos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país.

La iniciativa se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales”, tiene 13 artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado. El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.

El artículo siete, en tanto, exige que “no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados” en el párrafo anterior.

Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el artículo octavo señala que “el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.

Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10.000 veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam subraya que el objeto “es garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.

Además, se busca evitar “distorsiones en la información el monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura”.

Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de “carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal”. Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a “los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación del servicios”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvieron ayer un encuentro en la Casa de Gobierno con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, para analizar la estrategia oficialista a seguir hoy de cara a la sesión especial solicitada por sectores de la oposición para tratar proyectos tendientes a frenar los aumentos en las tarifas de servicios públicos. Participaron además de la reunión la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe del bloque de diputados del PRO Nicolás Massot, el secretario de Interior Sebastián García de Luca, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias Lucía Aboud.

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