21 Abril 2018
Una imprevista resolución le imprimió mayor tensión a la ríspida relación que mantiene el Concejo Deliberante de Concepción con el intendente Roberto Sánchez, de la coalición Cambiemos.
El cuerpo deliberativo decidió aprobar parcialmente la ampliación del Pacto Social, que desde hace 15 años viene renovando el municipio con la Provincia. Por nueve votos (seis del peronismo y tres de los radicales disidentes) la oposición autorizó a Sánchez para que por un término de un año más acuerde con el Gobierno el envío a la Intendencia local sólo el monto correspondiente al pago de sueldos (alrededor de $28 millones mensuales). En cambio, lo desautorizó a percibir lo correspondiente a obras públicas: $ 3 millones.
El pronunciamiento, según el intendente Sánchez, derriba el modelo contractual que definió el Gobierno para la instrumentación del Pacto Social en los municipios que decidieron adherirse. “Es inviable y carece de precisiones que garanticen la continuidad de los trabajadores contratados o temporarios. Además, les cierra las puertas a las obras públicas. Parece que no quieren que Concepción progrese”, sostuvo Sánchez.
El Pacto Social es una herramienta legal mediante la cual las intendencias ceden a la Provincia lo que les corresponde por coparticipación. A cambio, el Estado les garantiza un monto mensual para el pago de sueldos, la ejecución de obras públicas y otras obligaciones. “El Gobierno tucumano nos manda un determinado monto pero sin discriminar los ítems que hacen al funcionamiento de la Municipalidad. Por eso es desconcertante lo dispuesto por los ediles. Ellos tiran abajo el contrato original impuesto por el Estado hace 15 años, cuando se creó el Pacto a fin de garantizar la paz social”, explicó el jefe municipal.
Sánchez advirtió que la aceptación o no del envío parcial de dinero a su Intendencia, tras la resolución del Concejo Deliberante, ahora quedó a criterio del gobierno de Juan Manzur. “Lo único que nos queda es esperar que el Gobierno provincial no nos discrimine tan sólo por ser de otro color político. Quienes vivimos en Concepción también somos tucumanos y queremos -enfatizó- el mismo trato que reciben los demás municipios adheridos al Pacto”.
Reproches
El peronista Sergio Castillo, presidente del Concejo Deliberante, justificó la decisión de la oposición de autorizar sólo la firma del Pacto Social en lo referido al pago de sueldos. Además, insistió en que el Departamento Ejecutivo de Concepción no justifica sus gastos y que, al rechazar el Pacto “Obras”, buscaron frenar el proceso de endeudamiento de la Intendencia.
“Aspiramos a que el intendente (Roberto) Sánchez rinda cuentas sobre los gastos que realiza en obras públicas. Hasta ahora carga una deuda de $350 millones y si nosotros como contralores del erario no lo paramos, va a terminar su gestión con una deuda de $750 millones”, observó el edil. Aseguró que la instrumentación parcial del Pacto es posible porque los montos que se envían sí llegan discriminados en lo que corresponde a sueldos y a obras púbicas.
“No pretendemos frenar los trabajos en el municipio. La Intendencia, cuando necesite autorización para requerir los montos destinados a alguna obra, lo va a poder hacer acreditando la documentación correspondiente”, advirtió, por su parte, el concejal radical José Calcagni.
La sesión ordinaria del Concejo Deliberante se desarrolló con la ausencia de los ediles oficialistas Ramiro Beti, quien se encuentra fuera de la provincia; y de Rubén Comolli, con parte de enfermo. La necesidad de aprobación total del Pacto Social pudo ser defendida sólo por el macrista Alejandro Molinuevo.
“No es posible su aprobación parcial. Pero por cuestiones políticas están empecinados en hacerlo”, observó Julio César Herrera, secretario de Gobierno de la intendencia de la Perla del Sur.
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