Camino a otra goleada

30 Mar 2018 Por Álvaro José Aurane

A diferencia del juego que disputaron la Argentina y España, cuyo resultado amargo seguirá disgustando largamente a legiones de compatriotas y comprovincianos, el partido que enfrenta al oficialismo y a la oposición en Tucumán en torno de la reforma política no es ningún “amistoso”. Con un contraste más: si bien perder es una de las posibilidades en todo encuentro futbolístico, la goleada que aplastó al combinado nacional fue imprevisible. En la Provincia, en cambio, la manera en la que se están parando los rivales en la cancha de la cosa pública da indicios de que el Gobierno tiene un libro de jugadas preparadas para ir a buscar un marcador como el de los españoles. Mientras que sus adversarios se comportan, para decirlo con una metáfora elegante, con manifiesta vocación de Selección argentina.

El Gobierno ya mostró su primera movida de pizarrón. El proyecto para reducir el número de partidos políticos (anticipado por Federico van Mameren), mediante la supresión de las agrupaciones municipales y comunales, se presenta como una primera solución para reducir el número de “colectoras”. Pero detrás de esa merma, como analizó Juan Manuel Asís, lo que subyace es que el sistema de acoples se mantendrá plenamente vigente. Si así ocurre, será 1-0 para el oficialismo. Y todo parece indicar que media oposición parece no advertir que esa “barrera” contra las colectoras se va a abrir cuando el Gobierno vaya a patear el tiro libre…

Cambiemos, ciertamente, está corriendo en círculos respecto de los acoples. Cuando algunos oficialistas amagan por izquierda con habilitar una nueva reforma constitucional para eliminar el acople de raíz (lo prevé el artículo 43 en su inciso 12), los opositores responden “no” porque temen que se aproveche la oportunidad para habilitar reelección indefinida. Entonces, otros oficialistas amagan por derecha con el proyecto de reducir los acoples por ley, y la oposición plantea que es inconstitucional: la Carta Magna nacional en su artículo 38 establece que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”, sin distinguir si son nacionales, distritales, provinciales, municipales o locales. Frente a esto, los oficialistas ofrecen nuevamente reformar la Constitución provincial, los opositores lo rechazan otra vez y así hasta el infinito. Total, en agosto de 2019, hay comicios locales y, si todo sigue como hasta ahora, habrá cuando menos 1.000 partidos y 3.500 acoples adicionales.

Hay, por supuesto, una cuestión de sentido común político: en nombre de que el actual sistema no puede ser peor, tampoco Cambiemos puede votar cualquier cosa como alternativa. Pero el argumento opositor se sostiene sólo hasta ese borde lógico-teórico. Más allá asoma una pregunta impostergable: ¿cuál es la alternativa que plantean para la reforma política?

En la primera reunión de legisladores del radicalismo (salvo el espacio del vicepresidente segundo de la Cámara, Ariel García, expresamente no invitado), del PRO y del alfarista Partido por la Justicia Social se barajaron alrededor de 70 proyectos. Pero lo cierto es que, a los efectos netamente electorales, todo puede reducirse a dos cuestiones: la pata peronista de esa mesa no quiere acoples, mientras la pata de la UCR (no sea que los radicales vayan a creer que ellos son Cambiemos) sí quiere acoples. Restringidos en número, pero acoples al fin.

Esta diferencia se debe también a dos posturas claramente opuestas. Los “correligionarios” que postulan un esquema reducido de “colectoras” argumentan que una cantidad moderada de acoples servirá para mantener la performance electoral en los municipios de Cambiemos. El alfarismo, en cambio, es partidario de eliminar los acoples. Los “compañeros” saben que tal cosa difícilmente sea posible: si están permitidos por la Carta Magna, vetarlos por es, cuanto menos, complicado. Pero la intransigencia (vocablo radical, si los hay) se debe, por un lado, a la convicción de que mantener los acoples debe ser una decisión del oficialismo, que la oposición no debe validar. Por otra parte, asumen que, perdido ese primer tiempo, será más factible negociar con el Gobierno una reducción drástica de acoples si Cambiemos se posiciona desde el rechazo absoluto, antes que desde la convalidación.

Estas posturas también desnudan aspiraciones políticas diferentes. Los principales referentes radicales en Cambiemos plantean como prioridad mantener las intendencias y, como segunda cuestión, ampliar el “mapa político” de la oposición. Los principales peronistas en Cambiemos, por el contrario, tienen como prioridad la gobernación. Su conciencia de la política dice que, en la pelea por “lo poco” (el poder municipal) siempre hay internas porque no hay mucho por repartir. En cambio, en la lucha por “lo mucho” (el poder provincial) hay lugar para todos.

Los “correligionarios” postulan “gradualismo”. Los “compañeros”, en cambio, sostienen que esa es una peligrosa falta de vocación de poder. Porque, alertan, cuando la Casa de Gobierno y la Legislatura consigan el nuevo diseño electoral, pondrán sus aparatos al servicio de candidaturas unificadas en Yerba Buena, Concepción, Bella Vista y la Capital, y todos estarán en riesgo. De ser así, será 2-0 para el Gobierno.

Para los radicales de Cambiemos, los peronistas siempre se resisten a construcciones políticas estables. Para los peronistas de Cambiemos, el gran error de los radicales consiste en que cuando llegan al poder se sienten seguros de ese poder.

El Gobierno, por cierto, asume como un hecho que la medida se judicializará. En ese contexto hay que leer el airado reclamo con que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, reprochó la previsible declaración de inconstitucionalidad (avisada aquí la semana pasada) de la ley que habilita la prisión preventiva para motochorros, escruchantes y rompevidrios. El tranqueño dijo sin pelos en la lengua en “Buen día”, el ciclo matutino de LA GACETA Play, que sería bueno que la Corte Suprema de Justicia les dijese qué clase de leyes quiere para combatir el delito en la provincia. La norma, considerada esencial por la Casa de Gobierno para frenar la inseguridad (primer reclamo de la opinión pública) tiene muy pocas chances de sobrevivir. Tras la presión que acaba de ejercer el poder político, ¿la Justicia también va a tronchar la reforma política, otra medida fundamental para el Gobierno? Si funciona la marca personal, será 3-0.

Una cuarta movida que el Gobierno diseña en su libro de jugadas es la modificación de la Junta Electoral Provincial. Por ahora sólo asoma una claridad: depilarla de miembros del poder político (vicegobernador y legisladores). Tender tal vez a un organismo técnico, integrado por magistrados, con similitud a los que existen en Santa Fe, Formosa, Chaco, Río Negro, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Juan. Tal cosa, sin dudas, representaría una mejora en materia de calidad institucional… en las formas. Para la Casa Rosada, que reclama la reforma política desde mayo de 2016, sería difícil no admitir el avance. Sin embargo, eso surge así cuando se ven los últimos metros de la jugada. En realidad, todo viene de un pase largo, muy largo, que consistió en someter a la Justicia tucumana a la crisis de los despachos vacíos para luego establecer por ley el sistema de jueces subrogantes: magistrados precarios con sueldos de seis cifras sin Impuesto a las Ganancias, cuya continuidad judicial y salarial depende del exclusivo dedo del gobernador. También de entre ellos saldrán miembros para la nueva Junta Electoral Provincial, según un boceto oficialista. Si se logra, será 4-0.

Inmediatamente después de esta jugada aparece otra en el cuaderno de movidas de la reforma política: sacar del medio a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ese fuero de la Justicia provincial es el que entiende hoy en todas las apelaciones a las decisiones que toma la Junta Electoral Provincial. Luego, estos fallos son revisados por la Corte. El fuero administrativo viene funcionando, desde hace mucho, como una verdadera muralla de contención para salvar lo poco de republicano que le queda al sistema de gobierno tucumano. Tras la reforma constitucional de 2006, ese fuero frustró barbaridades como la “enmienda” de la Constitución a través de simples normas de la Legislatura. En 2011 derribaron el “voto clip”, la intentona carnavalesca del oficialismo de entregar boletas previamente abrochadas con los cortes de lista para que fueran directas a las urnas. En 2015 sentenciaron que debía celebrarse una nueva elección, porque las urnas quemadas, embarazadas y refajadas, en un clima de acarreo, bolsoneo y tiroteo, tornaban nulos los comicios de agosto.

Si la nueva Junta Electoral Provincial será integrada por jueces, en nombre de que sea un organismo técnico, entonces se diseña la posibilidad de que las resoluciones vayan directamente a la Corte. Esta jugada, por cierto, es hija de “Tucumán Dialoga”. El libro que compila los aportes para la reforma política contiene el informe de la Junta Electoral Provincial de diciembre de 2015, el cual recomienda expresamente ese salto de instancias. De modo que el Gobierno podrá argüir que, en realidad, está siguiendo recomendaciones formuladas por los propios magistrados. Si esa “pared” de pases funciona, será 5-0 para el oficialismo.

Finalmente, el Gobierno anota en su cuaderno de jugadas un sistema de internas abiertas en la provincia, con diseño similar a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales. Ese, cabe aclarar, es un reclamo de la oposición. Pero a ese tiro de esquina el oficialismo planea pararlo con el pecho, para salir jugando del área chica. Léase, barajan estatuir PASO provinciales para definir la fórmula de gobernador y vice, pero no para las candidaturas a intendente. Es decir, el oficialismo quiere media docena de candidatos a jefe municipal en cada ciudad, disputándose la municipalidad y llevando votos para el binomio provincial. Lo contrario, una interna abierta para intendentes, al PJ sólo le generaría “heridos”: los dirigentes que perdieran esa primaria y quedaran fuera de la carrera no moverían un voto por el ganador y hasta trabajarían políticamente por su derrota. Si se da, será 6-0.

En frente, todavía resuenan las palabras de José Cano durante el primer encuentro de este año de los miembros tucumanos de Cambiemos. Durante el asado en la casa del diputado Facundo Garretón, planteó que mientras todas las energías estaban puestas en internas fratricidas, nada se había hecho en materia de crecimiento político real. “¿Quién es nuestro candidato a intendente en Banda del Río Salí?”, preguntó a todos. “¿Y en Alderetes?”, agregó. Debe ser que paró ahí por una cuestión de cortesía, porque la lista de municipalidades para esa pregunta sin respuesta es larga. Y si la pregunta era qué candidatos con chances reales de ganar había en los municipios, nadie iba a probar un bocado más en esa cena.

Para Cambiemos se está haciendo hora de convertirse en un equipo político de verdad, y no en un grupo de gente que se junta sólo cuando hay elecciones cerca. Eso, por supuesto, si además de ser oposición les interesa ser realmente una alternativa de poder. Porque tal vez a sus miembros les resulte cómodo un eterno segundo puesto. Dicho de otro modo, hasta la Selección Nacional armó una jugada y les metió un gol a los españoles…

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