En el sur proliferan las quejas por el estado de un edificio judicial

El Colegio de Abogados cuestionó la aptitud del inmueble alquilado por las necesidades que plantea el nuevo Código Procesal Penal

24 Mar 2018 Por Rodolfo Casen
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EL EDIFICIO CUESTIONADO. Fachada del local alquilado por el Poder Judicial para trasladar juzgados de Concepción. la gaceta / foto de osvaldo ripoll

Los abogados del sur manifestaron su malestar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Sucede que los juzgados en lo Civil y Comercial (dos), y de Familia y Sucesiones (tres) del Centro Judicial de Concepción fueron sacados del edificio principal, que está en la calle España al 1.400, y reubicados en otro que, según denunciaron los profesionales, no es apto para el ejercicio de la profesión. “Las instalaciones son estrechas e inseguras; carecen de salidas de emergencia y de elementos contra incendio, y acusan otras deficiencias que tienen que ver con la higiene y seguridad”, plantearon.

Aquella preocupación dio lugar a la celebración de una asamblea en el Colegio de Abogados del Sur, que congrega a más de 2.000 matriculados. Como consecuencia de ello, la entidad resolvió tocar las puertas del alto tribunal. Ayer hubo una reunión donde el presidente de la Corte, Daniel Posse, explicó que todos los cambios eran provisorios (se informa por separado).

Los abogados sostienen que el edificio alquilado es precario e inadecuado. En la nota que redactaron, advierten que, en el caso de que sus quejas no sean escuchadas, podrían formalizar una acción de amparo en resguardo de la seguridad de letrados, del personal y de las partes.

El traslado de los juzgados en cuestión obedeció a la necesidad de habilitar en el inmueble central nuevas salas de audiencias para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que debutará en Concepción y Monteros en septiembre, según los cálculos de Posse (se informa por separado). Las obras derivaron en el traslado de los cinco juzgados civiles a un edificio alquilado en la esquina de Francia y Güemes.

Pedido de colaboración

“El inmueble cuestionado reúne las condiciones edilicias y legales que son necesarias para la locación. En esta ciudad no hay otro que responda a esos requisitos, que son controlados por el Tribunal de Cuentas y otros organismos del Estado”, aseguró la camarista Elena Grellet, delegada administrativa de la Corte Suprema en Concepción. Y, al igual que el presidente Posse, precisó que el alquiler del edificio era transitorio: la idea es acondicionar otro más confortable.

“A los abogados les hemos pedido la colaboración en esta coyuntura tan particular. (Por la inminente aplicación del Código) tenemos la necesidad de concentrar todas las dependencias penales en el edificio central, con las nuevas salas de audiencias” añadió.

Las explicaciones no convencieron a los abogados. La bronca tronó en la asamblea del miércoles. “Es una vergüenza, y una falta de respeto a jueces, empleados, letrados y litigantes, que se haya dispuesto de un edificio en tan malas condiciones”, sostuvo el matriculado Mario Rodríguez. En la declaración del Colegio, que lleva, entre otras firmas, las del presidente Ángel Fara y del secretario Cristian Fernández, no solo se repudia el cambio de radicación de los juzgados civiles, sino que, además, se pide a la Municipalidad local que brinde un informe completo sobre la aptitud edilicia del inmueble. Los abogados también se dirigieron a Defensa Civil para que esa repartición se expida sobre el estado de seguridad de la propiedad cuestionada, y diga si posee salidas de emergencias y si la estructura puede albergar la cantidad de gente que transita por esta a diario.

Más quejas y tres lesiones

Un día antes de que los abogados formalizaran su protesta, el Sindicato de Judiciales Tucumanos Agremiados encabezado por el secretario general Omar Maldonado reclamó la inspección e inmediata clausura no sólo del edificio de Francia y Güemes, sino también de otros locales del interior donde funcionan juzgados de Paz y que, según el gremio, también están en pésimas condiciones. Maldonado no descartó que su entidad promueva en los próximos días una acción de amparo en resguardo de sus agremiados. El dirigente denunció, además, que la mudanza de los juzgados civiles al nuevo edificio arrojó un saldo de tres empleados lesionados, y atribuyó esos incidentes a la falta de medidas de higiene y seguridad laboral en los Tribunales.

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