Designan a cinco jueces y devuelven tres ternas

Designan a cinco jueces y devuelven tres ternas

Futuro incierto para una tríada de fiscalías

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Regino Amado en un retrato reciente. la gaceta / foto de Antonio Ferroni (archivo) MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Regino Amado en un retrato reciente. la gaceta / foto de Antonio Ferroni (archivo)
03 Marzo 2018

La definición de cinco de las nueve ternas para cargos judiciales acumulados en el Poder Ejecutivo (PE) desde 2017 generó dos novedades: la devolución de tres tercetos -y no dos, como se preveía- para las fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital y la insistencia con el nombramiento de Facundo Maggio en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°2 (se informa por separado). También para los Tribunales de la capital, el Gobierno nombró a María del Rosario Arias en el Juzgado en Documentos y Locaciones Nº1 mientras que Leonardo Andrés Toscano irá al Juzgado del Trabajo Nº6. Mariela Viviana Donaire será titular del Juzgado de Familia y Sucesiones, y Tomás Ramón Vicente Alba asumirá en el Juzgado del Trabajo, ambos con asiento en Concepción. Además, el PE postergó la cobertura de un cargo en lo Civil y Comercial Común en Concepción.

El gobernador Juan Manzur se inclinó por los ganadores de los concursos sólo en los casos de la funcionaria judicial Arias y del abogado Alba. El letrado Maggio estaba segundo mientras que la funcionaria Donaire y el profesional Toscano, que fue designado en el Ministerio de Gobierno y Justicia en 2008, cerraban sus respectivos tercetos. Todas estas designaciones deben recibir el visto bueno del Poder Legislativo. Integran la terna irresuelta de Concepción los concursantes Mirta Estela Casares, Arias y Carlos Rubén Molina.

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Manzur se había comprometido en diciembre a nombrar jueces luego de sucesivos pedidos extraoficiales y hasta de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo instaba a proceder. En el contexto crítico de escasez de magistrados confluyen la renuencia del Gobierno a cubrir vacantes; la ola de jueces que en el último año inició los trámites para jubilarse y los numerosos concursos en trámite en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Frente a este panorama, el mes pasado ese órgano habilitó la posibilidad de nombrar jueces precarios externos, que carecen de la estabilidad que garantiza la independencia.

La noticia de que algunas ternas serían dejadas de lado complicó más este escenario agravado por los niveles elevados de impunidad y la saturación del fuero encargado de sancionar el delito. Esto nunca había sucedido desde la implantación del CAM, en 2009. “Devolveremos las ternas de las tres fiscalías de Instrucción de la capital porque se repiten los nombres (ver ‘Los tercetos...’). La idea es que la Legislatura sancione la ley que permitirá al CAM establecer listas complementarias para que el gobernador disponga siempre de tres opciones. Además, obligaremos a los jueces a permanecer tres años en sus cargos antes de volver a concursar”, dijo ayer Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia.

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Inicialmente se especulaba conque el futuro era incierto solamente para dos fiscalías o, incluso, para una sola. Ocurre que hasta el 1 de marzo Manzur dispuso de la posibilidad de nombrar en una de ellas al funcionario judicial Pedro Gallo, que estaba ternado en las tres propuestas; de colocar a Maggio en otra fiscalía y de enviar al Juzgado N°2 a la defensora oficial Carolina Ballesteros o, eventualmente, al juez federal Juan Carlos Nacul -no renunció a las ternas provinciales-. Pero nada de ello sucedió. Consultado al respecto, Amado negó que Gallo estuviese fuera de la carrera. “Tiene posibilidades como cualquier otro”, apuntó. La decisión de devolver las ternas genera expectativas para los concursantes que no habían ingresado a las propuestas remitidas al Poder Ejecutivo: Rodrigo Martearena y Fernando Rivera.

Todo pudo haber sido evitado si el Gobierno definía los cinco tercetos con nombres repetidos (tres fiscalías de la capital, una de Monteros y el Juzgado N°2) al mismo tiempo, como sucedía en la gestión de José Alperovich. Pero a finales de octubre, el gobernador se inclinó por Eugenia Posse para la Fiscalía de Monteros -descartó a Maggio y a Carlos López-. Luego, quiso enviar a Luis Amarillo a una de las fiscalías capitalinas, pero ocurrió lo impensado: la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura rechazó el nombramiento. De ese poder del Estado y de la ley que eventualmente adopte depende, ahora, la salida para este laberinto nunca visto.

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