La moral al poder

El título de esta columna bien podría ser la consigna de alguna marcha callejera para exigir que el paso de los hombres y de las mujeres por la administración y el manejo de la cosa pública sea efectuado con sentido altruista, no para disfrutar de mezquinos privilegios personales o para el enriquecimiento personal. Por ahora eso es pedir demasiado; sin embargo, en las manifestaciones populares han comenzado a aparecer con más asiduidad carteles en contra de la corrupción en el Estado. Es un significativo paso adelante, exigiendo que se verifique que la prioridad en la función pública debe ser el bienestar general, no el individual. Desde la Tragedia de Once ha quedado claro que la corrupción mata y que la deshonestidad provoca muertes. Honestidad y trabajo en pro del resto es lo que se demanda a los funcionarios públicos.

Es un clamor social que va ganando espacio casi en silencio y sobre el que algunos han puesto una especial atención. El debate sobre la Ley de Ética Pública es un efecto en el ámbito nacional. Hasta Cambiemos ha sentido la presión generalizada por los comportamientos de algunos de sus funcionarios que rayan con lo cuestionable y repudiable y que casi lo pone en un pie de igualdad con algunos de los antecesores kirchneristas. Si no cura rápido la herida abierta, los terceros en discordia -los no agrietados- dudarán del promocionado y sufragado “cambio”. Están obligados a no ser más de lo mismo, para eso los votaron; en parte. En la gestión kirchnerista-cristinista hubo ocultamientos, dádivas y enriquecimiento ilícito. La más corrupta de todas; según dicen los que venían a cambiar los modos y las costumbres.

Manchas para todos

Ahora sobrevolemos rápidamente sobre Cambiemos: el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenía una empleada “en negro” y era el que más familiares había colocado en el Estado -sin concurso, claro-; al titular de Finanzas, Luis Caputo, se lo acusa de participar en empresas offshore en las Islas Caimán; de su par de Energía, Juan José Aranguren, se menciona que recibió acciones de la Shell en compensación por renunciar a la presidencia de la firma -de las que luego debió desprenderse-; el responsable de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cobró un bono de $ 500.000 de la Sociedad Rural también en compensación por dejar la presidencia de la entidad; y el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, renunció por no haber declarado una cuenta de U$S 1,2 millón en Andorra. Demasiados casos, los suficientes como para que el Gobierno nacional trate de desembarazarse de las esquirlas apurando la discusión por la ética pública. Bienvenida, por cierto. Antes de conocerse estas situaciones, el debate era justificado por las acciones del pasado; ahora, aunque renieguen, también es por el presente.

Ahora bien, el conocimiento de que Manzur coincidió en Dubai en la feria de alimentos Gulfood con un stand de su firma olivícola, ¿provocará una reacción similar en el oficialismo provincial como en la Nación avanzando con una norma sobre la ética pública? La oposición tucumana salió a decir lo suyo en consonancia con el planteo nacional, mientras que desde el oficialismo provincial se hizo un llamativo silencio respecto de esta sugestiva “coincidencia”. Nadie salió a defender la parada y a justificar el viaje y la presencia de Agro Aceitunera SA. El gobernador tuvo que defenderse solo, y desde los emiratos árabes: “no se puede hablar de conflicto de intereses porque yo vine encabezando la misión que trajo a empresarios tucumanos”.

Desde lo legal hasta podría tener cierta razón, a partir del hecho de que en Tucumán no existe aún una ley provincial de Ética Pública que defina cuándo se produce un conflicto de intereses. De hecho, ni siquiera la norma nacional de Ética Pública (la 25.188) lo señala; sólo establece incompatibilidades entre el ejercicio de la función pública y las empresas que son proveedoras del Estado (capítulo V: Incompatibilidades y Conflicto de Intereses). Sin embargo, se puede advertir que sí roza de alguna manera los deberes y pautas de comportamiento ético que fija la norma en el capítulo II en cuanto a que insta a “abstenerse de usar instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

Se podría sugerir que el 1 de marzo, a partir de los acontecimientos y el debate abierto, en el mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura, el titular del Poder Ejecutivo apunte a que se trabajará en la legislación local sobre la materia. Aunque ya sería demasiado colorado, tanto como el apuro del macrismo frente a las manchitas propias, cuyo buen propósito frente a la corrupción denunciada y comprobada de algunos funcionarios de la gestión anterior quedó empañado por las inconductas de los propios. Ahora todos parecen estar en la misma bolsa. Macri, según se comenta, no dejaría pasar la ocasión en el Congreso para referirse a la cuestión. En suma, lo que sí queda demostrado es que la probidad no es patrimonio de oficialistas ni de opositores y que el obrar con honradez e integridad a algunos les cuesta. Tal parece que en el Estado es muy difícil no tentarse y dejar de ser una persona de bien.

Sobre el tema hay que decir que Tucumán carece de una ley de ética pública, aunque hubo y hay numerosos proyectos al respecto. Seis iniciativas presentadas entre 2003 y 2012 fueron archivadas (perdieron estado parlamentario), mientras que hay seis que se encuentran en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Entre las primeras están las de Rodolfo Danesi (ley de Ética en la Función Pública, presentada el 12/11/ 2003 y archivada en 2006), la de Antonio Raed (Código de Ética para el personal de la Administración Pública; 26/12/2006 y 2007), la de Carlos Canevaro, Ernesto Padilla, Nélida López y Ramón Sierra Morales (Ética en la Función Pública; 25/5/2005 y 2007), la de Ricardo Bussi (presentada el 7/9/2010 y archivada 2013), la de Arnaldo Palina (11/2/2010 y 2012) y la de Alberto Colombres Garmendia (11/2/2010, archivada en 2012). Danesi y Bussi insistieron, pero corrieron igual suerte, ya que sus propuestas volvieron a archivarse en 2007 y 2015, respectivamente.

Como en la actual norma nacional, la 25.188, ninguno de ellos definía qué se debe entender por “conflicto de interés”, pero establecían incompatibilidades que sólo apuntaban a la prohibitiva relación de funcionarios con las firmas proveedoras del Estado. Colombres Garmendia incorporaba en su texto de 2010 un capítulo sobre “Prevención del nepotismo”, prohibiendo a los integrantes de los poderes del Estado nombrar parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Toda una novedad por ese entonces.

En comisión

Bajo el rótulo de “en estudio de comisión” se encuentran los proyectos de José Manuel Páez (9/5/2013), de Silvia Elías de Pérez (ley de Ética y Transparencia de la función pública; 20/8/2013), que es más abarcativa y que se justifica en “el clamor popular y en las encuestas que muestran como preocupación cardinal de la ciudadanía la corrupción generalizada en los ámbitos de la administración pública”. Además están las de Marcelo Caponio, el único oficialista (de adhesión a la ley nacional de Ética Pública, 25.188, 28/7/2014); la de José María Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz (1/12/2015), que añade un capítulo sobre “Prohibiciones y licencias en años electorales”, que impide hacer nombramientos a funcionarios de los tres poderes durante los seis meses anteriores a los comicios. Los legisladores radicales complementaron su propuesta con la creación de una Comisión de Ética Pública (1/12/2015). Entre 2016 y 2017 la ética en la función pública no pareció despertar entusiasmo entre los parlamentarios, ya que no hubo ninguna presentación sobre este tema, y en lo que va de este año únicamente se registró el ingreso del proyecto de Rubén Chebaia, que sólo es de adhesión a la ley nacional 25.188, y que también se halla en estudio de comisión.

También hay dos proyectos muy similares entre sí sobre Códigos de Ética Judicial, ambos sin estado parlamentario, uno de Danesi y Padilla, del 19/9/2006, y otro de Caponio, del 1/7/2014. El del oficialista fue objetado por referentes de las propias filas, incluso desde la Justicia. Contemplaba, básicamente, que la Corte Suprema pudiera apercibir y llamar la atención a los jueces que, por ejemplo, se reunieran sólo con una de las partes en conflicto. En fin, muchos proyectos por debatir, frente a acciones de dudosa honestidad por parte de los que deben pensar en trabajar por la comunidad.