Entre gritos y quejas de los usuarios, no hubo resolución sobre la tarifa del agua

Sin referencias a un porcentaje de aumento, la convocatoria de ayer finalizó sin conclusiones. Sergio Sánchez, director del Ersept, reconoció que llevará al menos 15 días el análisis de los pedidos

24 Feb 2018

El ambiente del teatro Orestes Caviglia era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La primera audiencia pública convocada por el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) para debatir la tarifa del servicio de agua y cloacas se desarrolló entre ataques de furia, quejas y gritos de los usuarios. Tras cinco horas de discusiones, la convocatoria finalizó ayer sin ninguna resolución. Por ahora, no se sabe si habrá aumentos ni a cuánto ascenderían.

Sobre la vereda de la calle San Martín 251, desde temprano, hubo una cola larga para ingresar a la sala del teatro. A las 8, el presidente de la audiencia, José Erazzú y la adjunta Sofía Simón (ambos funcionarios del Ersept) dieron por iniciada la reunión. La controversia comenzó cuando aclararon que los representantes de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Defensoría del Pueblo tendrían 20 minutos para realizar su exposición mientras que el resto de los 50 oradores sólo dispondrían de 5, algo que finalmente no ocurrió. La tensión creció de inmediato: Raúl Giménez Lascano, uno de los inscriptos, solicitó desde su lugar la nulidad de la convocatoria o el pase a un cuarto intermedio. El ciudadano justificó su pedido argumentando que la entidad autárquica provincial incumplió sus deberes de contralor sobre la SAT y habría ocultado información esencial a los usuarios. Además, citó numerosas normas (entre ellas, la Ley provincial N° 8.479 sobre el Ersept y el artículo 42 de la Constitución Nacional sobre los derechos de los consumidores). Los moderadores no dieron lugar al planteo y los abucheos del público coparon la sala. “¡Es ilegal, hacen lo que quieren! ¡Tienen que resolverlo ahora!”, gritaban los presentes.

El desorden se impuso

José Soriano, jefe de la Unidad de Tarifas del Ersept, fue el primer expositor. Por un lado, reconoció que los servicios que presta la SAT precisan mejoras significativas y más inversión. Por otro, sin embargo, se refirió a la alta morosidad existente y al despilfarro en el consumo de agua que harían los usuarios en general. La respuesta de los presentes no se hizo esperar: “¡no hay derroche porque no tenemos agua! ¡Se supone que nos tenés que defender!”. A continuación, el funcionario expuso sobre la estructura de mercado del servicio, su calidad y los reclamos frecuentes que recibe la empresa. Los gritos estallaron de nuevo: “¡no nos mientan, los datos no son reales!”. Ante los desbordes, Erazzú pidió respeto, y el público se dividió entre los que abucheaban y los que aplaudían. Para finalizar, Soriano planteó la necesidad de una nueva asignación de subsidios y de empadronar a barrios cerrados que no abonarían el servicio. Si bien dejó en claro que la SAT necesitaría una mejora en sus ingresos, no se refirió específicamente a la actualización tarifaria pretendida.

Luego, fue el turno de los representantes de la SAT. “¡Queremos agua!”, empezó a corear el público por lo que el moderador de la audiencia tuvo que reiterar el llamado al orden. Fernando Baratelli, presidente de la empresa, introdujo a sus compañeros, quienes presentaron un cuadro de revisión tarifaria. Cuando las autoridades de la SAT se refirieron a las recomendaciones de una consultora -sin mencionar su nombre- para mejorar la calidad del servicio, el público volvió a demostrar su ira. Varias horas después, el legislador José María Canelada dio a conocer el nombre de la firma contratada y de sus supuestos nexos con las autoridades de la SAT (ver “Una acusación...”). Tampoco hicieron referencia específica a un porcentaje de aumento. Aún así, aclararon que es necesario ver cómo obtener mayores recursos e ingresos para solucionar situaciones críticas.

Tras la polémica intervención de los representantes de la empresa encargada de la distribución de agua, Fernando Said Juri, defensor del Pueblo de Tucumán, subió al estrado. Antes de iniciar su exposición, celebró que se tratara de la primera audiencia pública para discutir una revisión del cuadro tarifario. “No creemos que estén dadas las condiciones para un aumento. Estoy convencido que por más que se actualice, los problemas seguirán vigentes”, expresó. En ese sentido, hizo referencia al crecimiento demográfico de Tucumán y a la incapacidad de la red actual para satisfacer toda la demanda: una situación que consideró no cambiaría pese a un eventual aumento. “Basta de parches, todos juntos debemos ir a la Nación para pedir un préstamo, no un subsidio”, manifestó. Concluyó su presentación insistiendo que la tarifa no debe modificarse por ser un momento inoportuno.

Norma Corbalán, representante del Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), se quejó de las falencias del sistema de aguas y cloacas en general. Hizo hincapié en los montos que un usuario debe pagar para solicitar una conexión en la capital. “La función del municipio es que sea adecuada la conexión. La factura nos viene como si el servicio fuese normal”, declaró. Además, consideró que la propuesta de establecer una tarifa de acuerdo al consumo registrado en medidores debe ser observada con cuidado ya que, en caso de que el usuario tenga un atraso en el pago del servicio, podría sufrir un corte del suministro. “Debe existir una tarifa diferencial: no puede ser que algunos barrios paguen y otros no”, finalizó.

Las últimas tres horas de la audiencia estuvieron dedicadas a la exposición de ciudadanos que presentaron su malestar por el servicio y su negativa a un hipotético aumento. Asimismo, los pedidos de nulidad se replicaron, siempre sin la aprobación de los moderadores.

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