Una dura prueba para Maley

Claudio Maley tendrá mucho que explicar en su nueva visita a la Legislatura. Esta no será una protocolar ni habrá palabras de buenos augurios como sucedió la primera vez que estuvo con los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad. Mañana se encontrará con legisladores molestos y preocupados. En esta ocasión no habrá flores, sino cascos puestos y dientes apretados. En el edificio de Muñecas al 900 saben que las cosas no están bien y que el repetido pedido de cambio en el área no está siendo, por ahora, para bien. Tan grande es el malestar que se decidió postergar un día la reunión para que todos los participantes estuvieran presentes.

Los números complican al ex gendarme. Podrá decir que en lo que va del año se produjeron 20 homicidios, según los casos publicados por LA GACETA. Una cifra similar a lo que sucedió el año pasado. Pero no podrá ocultar un dato alarmante. De ese número de víctimas, siete corresponden a personas que fueron asesinadas en ocasión de robo. La comparación interanual es terrible: seis veces más que la del 2017. Estos son números en negro, ya que cada vez es más difícil conocer la información oficial.

Un homicidio en ocasión de robo es un delito que genera alarma en la sociedad y que llena de rojos las estadísticas sobre seguridad. Es una señal de que está fallando el plan de prevención. Pero en este caso Maley no sólo deberá responder por ello, sino también por el incremento de otros delitos que también hablan de fallas a la hora de evitar que se los cometan. La del 24 de diciembre no fue ninguna Nochebuena, sino fue la noche de los escruches. Se estima -otra vez la falta de números oficiales- que hubo más de 20 en un lapso no mayor de cuatro horas en distintos sectores de la provincia. También crecieron los asaltos en casas de particulares con toma de rehenes y el robo de autos, modalidades delictivas que los tucumanos no estaban acostumbrados a sufrir. Los legisladores esperan que el ministro le muestre el plan que ideó para luchar contra los delitos que paran de crecer.

Consecuencias

Hoy se cumple una semana de uno de los crímenes más aberrantes de los últimos años. Los policías Sergio Paéz González y Cristian Peralta fueron asesinados a sangre fría en el parque 9 de Julio. Más allá de las falencias que quedaron al descubierto en el hecho, muchos realizaron el siguiente análisis: si un delincuente no respeta a los uniformados qué queda para un ciudadano común. Y esa sensación de inseguridad todo lo puede. El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, hace bien en responder a los vecinos que reclaman seguridad. Pero el problema es que recurrió al sistema simplista: formar y armar a su cuerpo de vigías. Pareciera que nadie le explicó que el problema de la inseguridad no se resuelve llenando de uniformes la calle. Tampoco pareciera imaginarse los inconvenientes que le pueden generar un “ejercito” de 400 hombres si no son debidamente controlados. Por último el funcionario se habrá preguntado: si un delincuente no tiene problemas en asesinar a dos policías, ¿qué puede esperar que les pase a sus guardianes armados con una escopeta de aire comprimido?

Y los excesos siempre vienen acompañados con problemas. Y eso es lo que sucedió en Alderetes, ciudad que cuenta con un cuerpo de vigías ciudadanos. El viernes un taxista fue asesinado en un asalto. Sus compañeros reaccionaron de la peor manera. Se organizaron, se agruparon y fueron a buscar a los supuestos autores. Ingresaron ilegalmente a una casa, privaron de la libertad a los sospechoso, le provocaron lesiones por los golpes que le propinaron y por último, lo entregaron a los policías. Por su conducta, desgraciadamente aplaudida por muchos, deberían haber terminados presos. Pero nadie actuó en su contra porque sería una medida antipopular y porque, fundamentalmente, fue una reacción provocada por la ausencia del Estado en un tema sensible como la seguridad.

Interrogantes

En medio de ese clima, los legisladores intentarán escuchar las respuestas del ministro Maley. No olvidan que el 3 de enero, con la firma de Julio Silman y Fernando Valdez, referentes de la Comisión, le enviaron una nota con varios interrogantes. Era un listado con el que pretendían saber qué herramientas necesitaba para ayudarlo. No hubo respuesta. El silencio no generó malestar, pero ahora que la situación es complicada, le exigirán mucho más. Los parlamentarios desconocen de los problemas que existen en el área de Seguridad. Hay un malestar porque Maley se movería como si estuviera dirigiendo un escuadrón de Gendarmería y no un ministerio. Hay quejas porque, aparentemente, no es un hombre que esté acostumbrado a escuchar sugerencias de sus allegados y, menos, críticas.

En la Legislatura no pueden creer que una vez más salió a la luz que los hombres de la fuerza no cuentan con el equipamiento y la capacitación necesarias (llámese chalecos antibalas y preparación para intervenir en cada caso). También están preocupados porque el eterno problema del mal funcionamiento de las cámaras de seguridad sigue sin resolverse. Y ni hablar de que no entienden cómo la aplicación Transporte Seguro dejó de funcionar, a pesar de que era gratuita y unos 75.000 tucumanos (según Play Store) la habían descargado para usarla. Y su enojo tiene que ver con la inacción del Estado para resolver estas cuestiones. La provincia está en Emergencia de Seguridad y las autoridades pueden comprar a través de contrataciones directas todo lo que le hiciera falta. La pregunta más dura que quizás deba responder en la especie de prueba que mañana rendirá Maley es: ¿por qué no hacen inversiones para intentar acabar con la inseguridad? Y no sólo se trata de comprar armas y sumar más policías, sino de crear centros de recuperación de adictos, que haya centros de formación para recuperar la cultura de trabajo para ofrecerles una nueva oportunidad a los que no la tienen.