La Policía, más insegura que nunca

17 Feb 2018 Por Roberto Delgado

Como si fueran personajes de una novela distópica de Philip K. Dick, los policías tucumanos parecen haber perdido su identidad. En lugar de cuidadores de la sociedad, están siendo víctimas de la violencia y están marchando en reclamo de seguridad. ¿A quién le van a reclamar? Tucumán vive una realidad distópica y no encaja en un parámetro claro. En este  reino del oxímoron, la inquietud de los familiares y amigos de Sergio Páez González y Crisntian Peralta, los policías asesinados, no tiene quien la escuche, ni parece que vaya a resultar en medidas para cambiar la realidad, como no sean las declaraciones de funcionarios pidiendo modificar leyes o prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias. Con una veintena de muertos por homicidios en lo que va del año y con ataques diarios en las calles, ya estamos en las últimas consecuencias. Lo dijo el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en un apagado mea culpa, responsabilizando a la falta de personal, de infraestructura y de leyes: “la situación ya es insoportable”. Lo dice el agente Víctor Nacusse, que suele llevar reclamos policiales a las autoridades: “lo que pasa en Tucumán es exagerado. La Justicia ha perdido la orientación de lo que es el bien y lo que es el mal”. Lo dicen los familiares de los policías: “nuestros hijos están abandonados, desprotegidos por las autoridades de seguridad”.
Muchas carencias
¿Qué va a pasar? En medio de la conmoción que ha causado el doble asesinato de los dos policías del 911, el martes pasado en el parque 9 de Julio, la atención está centrada en la captura del sospechoso Máximo Abraham, nieto de la dueña de un famoso hotel alojamiento. Abraham está sindicado por fuentes policiales (y familiares y conocidos) como adicto y peligroso, además de tener antecedentes como un intento de homicidio. Su captura, o su entrega, impactará en la necesidad de vindicta pública, pero por debajo aparecen cosas que no se están discutiendo. Nacusse dice que son 18 los policías muertos en actos de servicio en la última década en Tucumán y añade que además de la falta de elementos -armas, chalecos antibalas- inciden “la falta de acción de la Justicia contra los delincuentes”, la falta de mejoras en el sistema penitenciario y la falta de una política clara por parte del poder: “La policía necesita señales”, dice.
Hay más cosas por debajo. ¿Por qué los agentes fueron sin chalecos a las 4 de la mañana a responder a una denuncia, siendo que el lugar ya es una zona roja? Desde el asesinato de la prostituta trans Ayelén Gómez, en agosto pasado, es el denunciado centro de una guerra de mafias de proxenetas que se disputan el control de la prostitución -que les da $500 semanales por chica (y se calcula que son 120 en la capital)-, guerra en la que se habla de venta de drogas y de corrupción policial. Y aunque en el parque hay un destacamento policial con un cuatriciclo que lo recorre y presencia del 911, no se conoce todavía ninguna estrategia para pacificarlo: lo reconoció hace tres semanas Walter Álvarez, el nuevo jefe de la Unidad Regional Capital, cuando dijo que no sabían cómo encarar a las chicas trans. Pese a que ya hubo muertes y gente herida. No es tan descabellada su confesión: la misma Policía sabe que al estar cuestionada por discriminatoria y arbitraria la ley de Contravenciones, carece de protocolos para actuar. En realidad, lo mismo actúa a discreción. A veces salen bien las cosas, otras veces no. Pero no tiene señales del poder al respecto. El poder, que sólo ha atinado a declarar la emergencia en seguridad hace más de un año y a intentar hacer diagnósticos, no sabe cómo actuar y deja el problema en manos de la misma Policía, esa que pide señales.
Desconfianza e insatisfacción
La situación no es sencilla. La reciente encuesta nacional de victimización del Indec (hecha entre diciembre 2016 y junio 2017) indica que el 19,9% de las personas sufrió al menos un delito en 2016 y que el 78,1% de esos ataques ocurrieron en la vía pública. El 66,3% de esos delitos no fueron denunciados y el principal motivo es la desconfianza en las autoridades. Y de los que denunciaron, más de la mitad ha estado instisfecho con la forma en que las autoridades han manejado la denuncia. Y hay más: el 85,4% de los hogares argentinos cuenta con alguna medida de seguridad. Mientras el porcentaje nacional de delitos contra el hogar es del 13,6%, en Tucumán es del 20,3% (el más alto es Salta, con el 20,4%). Y en caso de delitos contra las personas, el porcentaje es de 19,9% en el país y en Tucumán el 26,1%, superado por ciudad de Buenos Aires (25,9%) y Salta 26,4%).
Sin tener esos elementos ni encuestas propias, muchos intendentes tucumanos ya han dispuesto guardias urbanas para enfrentar el problema de la inseguridad. El caso más emblematico es del de Yerba Buena, cuyo jefe municipal, Mariano Campero, ha impuesto vigías con armas “no letales” y ha obtenido acuerdo del ministro de Seguridad, Claudio Maley. Aunque Campero no critica directamente a la Policía -dice que el gran problema es la escasez de personal en la “ciudad jardín”, donde hay 55 agentes por turno- sí señala falencias. Cita el hecho de que no están en las “zonas rojas” de Yerba Buena (que él dice tener detectadas: San José y el barrio Marti Coll) y que la recepción de denuncias es pésima. Por eso propone tener una mesa de atención de denuncias (lo mismo dice que quiere hacer el ministro fiscal en Tribunales) y afirma que la cantidad de 60 guardias de Yerba Buena debería crecer hasta 400 en 2019 para que se pueda cubrir todo el ejido. Los otros municipios están atentos a la evolución del programa yerbabuenense.
Sin razones del fracaso
Detrás de esto hay conceptos poco claros: en una sociedad, en la que el principal problema es la inseguridad, ¿cómo sabemos cuál es la causa? ¿la violencia? ¿la droga? ¿la marginalidad? ¿la ambición? La Policía, que durante años ha dicho que los problemas eran la falta de elementos o la Justicia ineficaz que suelta a los delincuentes (conceptos quizá razonables pero también muy discutibles) no encuentra razones para el fracaso de la seguridad. En la última década se duplicó la cantidad de agentes, se llenó de patrulleros y de cámaras de vigilancia (con resultados insatisfactorios), se llenaron las cárceles y las comisarías (según Nacusse, debería haber más cárceles) y cada vez suena más la exigencia de mano dura, porque aumentaron el delito y la violencia.
¿Nadie puede analizar las causas de este fracaso? De algún modo, la actitud del intendente Campero es una muestra de la convicción de que se ha fracasado en seguridad. Pero su respuesta está basada en el mismo concepto de la policía: cree que para la seguridad pública sólo puede ser eficaz cuando la militariza. Ya la policía está militarizada y no hay resultados visibles.
El actual jefe de Policía, José Díaz, fue creador de los vigías de Alderetes. ¿Quién va a contradecir las iniciativas municipales, ante el hecho de que la presencia de guardianes urbanos parece aliviar los temores de la comunidad? Sin embargo, no hay respuestas claras. Yerba Buena, específicamente, debe ser el lugar más custodiado de la provincia: tiene cuatro comisarías, una Brigada de Investigaciones, una unidad regional, custodias privadas en todos los countries y en las casas de casi todos los políticos y funcionarios, así como en comercios. Y las explicaciones de lo que pasa no aparecen claras. Campero afirma tener una estrategia propia, a partir de su recolección de datos, y critica la tarea policial que, dice, está, atada a sus rutinas. Explica que los policías tucumanos tienen una práctica de 16 tiros por año; por ello apuesta a que sus guardias practiquen mucho con las pistolas de balas de goma. Pero toda esta experiencia está por verse. Por ahora, ha tomado la respuesta del mismo modelo policial.
Reclamos en el vacío
Los otros intendentes miran a Yerba Buena. Y acaso haya quienes piensen que por ahí va el camino hacia un cambio. Pero nadie tiene la respuesta. ¿Más operativos? ¿Cuántos? ¿Dónde? No parecen bastar las detenciones, ni parecen alarmar los ataques violentos (como el que sufrieron los jubilados en moto en la avenida del Líbano hace una semana) ni los homicidios. No están planteadas las estrategias para bajar las cifras de asesinatos, de robo de motos, los delitos con armas de fuego, los asaltos callejeros. Hay legisladores que quieren citar al ministro Maley. ¿Qué va a decir? Es Tucumán, tierra extraña de distopías, donde los policías marchan reclamando seguridad en el vacío, sin saber de dónde saldrá el nuevo ataque. La tierra de la impotencia y del absurdo.

Como si fueran personajes de una novela distópica de Philip K. Dick, los policías tucumanos parecen haber perdido su identidad. En lugar de cuidadores de la sociedad, están siendo víctimas de la violencia y están marchando en reclamo de seguridad. ¿A quién le van a reclamar? Tucumán vive una realidad distópica y no encaja en un parámetro claro. En este  reino del oxímoron, la inquietud de los familiares y amigos de Sergio Páez González y Crisntian Peralta, los policías asesinados, no tiene quien la escuche, ni parece que vaya a resultar en medidas para cambiar la realidad, como no sean las declaraciones de funcionarios pidiendo modificar leyes o prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias. Con una veintena de muertos por homicidios en lo que va del año y con ataques diarios en las calles, ya estamos en las últimas consecuencias. Lo dijo el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en un apagado mea culpa, responsabilizando a la falta de personal, de infraestructura y de leyes: “la situación ya es insoportable”. Lo dice el agente Víctor Nacusse, que suele llevar reclamos policiales a las autoridades: “lo que pasa en Tucumán es exagerado. La Justicia ha perdido la orientación de lo que es el bien y lo que es el mal”. Lo dicen los familiares de los policías: “nuestros hijos están abandonados, desprotegidos por las autoridades de seguridad”.

Muchas carencias
¿Qué va a pasar? En medio de la conmoción que ha causado el doble asesinato de los dos policías del 911, el martes pasado en el parque 9 de Julio, la atención está centrada en la captura del sospechoso Máximo Abraham, nieto de la dueña de un famoso hotel alojamiento. Abraham está sindicado por fuentes policiales (y familiares y conocidos) como adicto y peligroso, además de tener antecedentes como un intento de homicidio. Su captura, o su entrega, impactará en la necesidad de vindicta pública, pero por debajo aparecen cosas que no se están discutiendo. Nacusse dice que son 18 los policías muertos en actos de servicio en la última década en Tucumán y añade que además de la falta de elementos -armas, chalecos antibalas- inciden “la falta de acción de la Justicia contra los delincuentes”, la falta de mejoras en el sistema penitenciario y la falta de una política clara por parte del poder: “La policía necesita señales”, dice.
Hay más cosas por debajo. ¿Por qué los agentes fueron sin chalecos a las 4 de la mañana a responder a una denuncia, siendo que el lugar ya es una zona roja? Desde el asesinato de la prostituta trans Ayelén Gómez, en agosto pasado, es el denunciado centro de una guerra de mafias de proxenetas que se disputan el control de la prostitución -que les da $500 semanales por chica (y se calcula que son 120 en la capital)-, guerra en la que se habla de venta de drogas y de corrupción policial. Y aunque en el parque hay un destacamento policial con un cuatriciclo que lo recorre y presencia del 911, no se conoce todavía ninguna estrategia para pacificarlo: lo reconoció hace tres semanas Walter Álvarez, el nuevo jefe de la Unidad Regional Capital, cuando dijo que no sabían cómo encarar a las chicas trans. Pese a que ya hubo muertes y gente herida. No es tan descabellada su confesión: la misma Policía sabe que al estar cuestionada por discriminatoria y arbitraria la ley de Contravenciones, carece de protocolos para actuar. En realidad, lo mismo actúa a discreción. A veces salen bien las cosas, otras veces no. Pero no tiene señales del poder al respecto. El poder, que sólo ha atinado a declarar la emergencia en seguridad hace más de un año y a intentar hacer diagnósticos, no sabe cómo actuar y deja el problema en manos de la misma Policía, esa que pide señales.

Desconfianza e insatisfacción
La situación no es sencilla. La reciente encuesta nacional de victimización del Indec (hecha entre diciembre 2016 y junio 2017) indica que el 19,9% de las personas sufrió al menos un delito en 2016 y que el 78,1% de esos ataques ocurrieron en la vía pública. El 66,3% de esos delitos no fueron denunciados y el principal motivo es la desconfianza en las autoridades. Y de los que denunciaron, más de la mitad ha estado instisfecho con la forma en que las autoridades han manejado la denuncia. Y hay más: el 85,4% de los hogares argentinos cuenta con alguna medida de seguridad. Mientras el porcentaje nacional de delitos contra el hogar es del 13,6%, en Tucumán es del 20,3% (el más alto es Salta, con el 20,4%). Y en caso de delitos contra las personas, el porcentaje es de 19,9% en el país y en Tucumán el 26,1%, superado por ciudad de Buenos Aires (25,9%) y Salta 26,4%).
Sin tener esos elementos ni encuestas propias, muchos intendentes tucumanos ya han dispuesto guardias urbanas para enfrentar el problema de la inseguridad. El caso más emblematico es del de Yerba Buena, cuyo jefe municipal, Mariano Campero, ha impuesto vigías con armas “no letales” y ha obtenido acuerdo del ministro de Seguridad, Claudio Maley. Aunque Campero no critica directamente a la Policía -dice que el gran problema es la escasez de personal en la “ciudad jardín”, donde hay 55 agentes por turno- sí señala falencias. Cita el hecho de que no están en las “zonas rojas” de Yerba Buena (que él dice tener detectadas: San José y el barrio Marti Coll) y que la recepción de denuncias es pésima. Por eso propone tener una mesa de atención de denuncias (lo mismo dice que quiere hacer el ministro fiscal en Tribunales) y afirma que la cantidad de 60 guardias de Yerba Buena debería crecer hasta 400 en 2019 para que se pueda cubrir todo el ejido. Los otros municipios están atentos a la evolución del programa yerbabuenense.

Sin razones del fracaso
Detrás de esto hay conceptos poco claros: en una sociedad, en la que el principal problema es la inseguridad, ¿cómo sabemos cuál es la causa? ¿la violencia? ¿la droga? ¿la marginalidad? ¿la ambición? La Policía, que durante años ha dicho que los problemas eran la falta de elementos o la Justicia ineficaz que suelta a los delincuentes (conceptos quizá razonables pero también muy discutibles) no encuentra razones para el fracaso de la seguridad. En la última década se duplicó la cantidad de agentes, se llenó de patrulleros y de cámaras de vigilancia (con resultados insatisfactorios), se llenaron las cárceles y las comisarías (según Nacusse, debería haber más cárceles) y cada vez suena más la exigencia de mano dura, porque aumentaron el delito y la violencia.
¿Nadie puede analizar las causas de este fracaso? De algún modo, la actitud del intendente Campero es una muestra de la convicción de que se ha fracasado en seguridad. Pero su respuesta está basada en el mismo concepto de la policía: cree que para la seguridad pública sólo puede ser eficaz cuando la militariza. Ya la policía está militarizada y no hay resultados visibles.
El actual jefe de Policía, José Díaz, fue creador de los vigías de Alderetes. ¿Quién va a contradecir las iniciativas municipales, ante el hecho de que la presencia de guardianes urbanos parece aliviar los temores de la comunidad? Sin embargo, no hay respuestas claras. Yerba Buena, específicamente, debe ser el lugar más custodiado de la provincia: tiene cuatro comisarías, una Brigada de Investigaciones, una unidad regional, custodias privadas en todos los countries y en las casas de casi todos los políticos y funcionarios, así como en comercios. Y las explicaciones de lo que pasa no aparecen claras. Campero afirma tener una estrategia propia, a partir de su recolección de datos, y critica la tarea policial que, dice, está, atada a sus rutinas. Explica que los policías tucumanos tienen una práctica de 16 tiros por año; por ello apuesta a que sus guardias practiquen mucho con las pistolas de balas de goma. Pero toda esta experiencia está por verse. Por ahora, ha tomado la respuesta del mismo modelo policial.
Reclamos en el vacío
Los otros intendentes miran a Yerba Buena. Y acaso haya quienes piensen que por ahí va el camino hacia un cambio. Pero nadie tiene la respuesta. ¿Más operativos? ¿Cuántos? ¿Dónde? No parecen bastar las detenciones, ni parecen alarmar los ataques violentos (como el que sufrieron los jubilados en moto en la avenida del Líbano hace una semana) ni los homicidios. No están planteadas las estrategias para bajar las cifras de asesinatos, de robo de motos, los delitos con armas de fuego, los asaltos callejeros. Hay legisladores que quieren citar al ministro Maley. ¿Qué va a decir? Es Tucumán, tierra extraña de distopías, donde los policías marchan reclamando seguridad en el vacío, sin saber de dónde saldrá el nuevo ataque. La tierra de la impotencia y del absurdo.

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