El jardín abandonado

A las autoridades les encanta que la provincia sea conocida como el Jardín de la República. No se cansan de llamarla así cuando la promocionan o cuando está a punto de llenarse de visitantes. Pero desde hace años al jardín lo han dejado abandonado, a merced de personas que están empecinadas en destruirlo más que cuidarlo. Por el desinterés total, la notoria falta de políticas estatales y por el permanente abandono de nuestros recursos naturales, no falta mucho para que estas tierras se inunden con lágrimas y lamentos por no haber tomado las medidas necesarias a tiempo para salvarlos.

El Estado tiene una enorme estructura para luchar contra estos males. Cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente, una Dirección de Flora, Fauna y Suelo y una comisión del área en la Legislatura. Además deberían trabajar en conjunto con la Dirección Provincial del Agua y de Minería para lograr mejores resultados. En cualquier lugar del mundo no habría tantos problemas sin resolver con tantas herramientas. Pero Tucumán es Tuculandia y todo puede pasar.

Por ejemplo, Recursos Naturales, que depende del Ministerio de la Producción, cuenta con un equipo de menos de 15 personas y dos camionetas para poder controlar que no se cometan atropellos con la flora y la fauna en toda la provincia. Humanamente es imposible hacerlo. En los 90 se le dio el poder de control a la Policía y se creó lo que hoy se llama Delitos Rurales y Ecológicos. Tampoco fue la solución, porque el cuerpo no tiene más de 80 hombres y medios para combatir a los furtivos.

Ridículo

Pero eso no es todo. Hay situaciones que rozan con lo ridículo. En enero y febrero, como viene ocurriendo hace varios años, una horda de tucumanos se volcó a los diferentes ríos con sus redes para llevarse todo lo que pudieron. Las redes sociales explotaron con fotos de furtivos mostrando las decenas y hasta centenares de capturas. Y esto es así porque en esta época las diferentes especies remontan los cauces para poder reproducirse. El daño que se está haciendo es terrible, porque no sólo se afecta a la actual población de peces, sino que también ponen en riesgo las futuras generaciones.

Los policías, con los pocos inspectores de Flora y Fauna hacen lo que pueden y secuestran los trasmallos que encuentran. Pero lo insólito es que en el organismo devuelven los instrumentos de la muerte a los furtivos porque consideran que trasladar una red o tenerla colgada en la casa no es una infracción. Es así; leyó bien, no es un chiste. La oficina que debería preservar la fauna ictícola actúa a favor de los que matan a diestra y siniestra. Con ese criterio, los que controlan deberían esperar a que maten para recién actuar. Insólito e increíble.

Y también es lo que está pasando con la flora tucumana. La tala indiscriminada es uno de los problemas más graves que sufre el medio ambiente. En El Cadillal, por ejemplo, Flora y Fauna ya denunció que los loteos que se están realizando son cada vez más grandes y que se están aproximando peligrosamente a la reserva de Aguas Chiquitas. Los técnicos advirtieron que la fauna está migrando de ese lugar porque cada terreno que se desmonta significa que varias especies huyen porque están destruyendo su hábitat.

La novedad fue transmitida al delegado comunal, pero no tuvieron respuesta. Cada vez es más común encontrarse con alambrados en tierras que son supuestamente fiscales. Cuentan los vecinos que hasta un barrabrava de Atlético encontró su lugar en el mundo allí. Los habitantes también dicen que ya no escuchan el canto de los pájaros, sino que se impone el ritmo de la música tropical y el ruido de los caños de escape de las motos. Al menos, según reconoció una fuente, esta persona recibió los consejos de los inspectores y prometió cuidar, algo que no pudieron conseguir de las autoridades.

El sur de la provincia, desde hace varios años, sufre con las inundaciones. Y la tala indiscriminada de los bosques es una de las principales razones. Se habla de grandes obras para mitigarlas o instalar una sirena para alertar a las personas de la crecida del río Marapa. La última fue darle a la Policía -como si no tuviera trabajo para hacer- el control del estado de los cauces. De frenar el desmonte nadie dice ni mu. De castigar a los autores, tampoco. Al ex legislador Alberto Conte en 2013 lo acusaron de haber talado sin autorización varias hectáreas. Le fijaron una multa y lo obligaron a que plantara especies autóctonas para tratar de reparar todo el daño que había provocado. Sin embargo, no se pudo confirmar que haya cumplido con la sanción que le aplicaron. Tampoco se sabe cuántos casos como este hay en la provincia.

Un cambio

Para frenar este desastre urge cambiar la legislación vigente. No hay que reventarse la cabeza, sino imitar a otras provincias donde el daño al medio ambiente ya no es una infracción, sino un delito penado hasta con años en prisión. Para ello es necesario convocar a todas las partes interesadas para que puedan aportar su granito de arena en esta iniciativa. También se debería legislar con los pies en la tierra, es decir, algo que se pueda cumplir. Por ejemplo, no darle a la Policía la función de perseguir a los pescadores furtivos si no se le entregará una lancha para que pueda realizar su trabajo.

Y después el Estado no sólo debe comprometerse a hacer cumplir con esa norma, sino que debe convencerse de que proteger el medio ambiente es cosa seria porque serán varias las generaciones que se terminarán beneficiando. Quizás no tenga el mismo éxito político que hacer un cordón cuneta o entregar un módulo habitacional. Es como diría la fiscal Adriana Giannoni: hay que dejar de pensar en la foto y hacer una película en serio. Así todos podrán hablar maravillas de un jardín que está en peligro.