05 Febrero 2018
La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico. Pero también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado. Dentro de ellas, la principal se deriva de aplicar con exagerada rigidez el principio de la estabilidad en el empleo público. Así lo indica el último reporte elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa).
“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas”, sostiene. Pero advierte que existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.
¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado? Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente, según Idesa:
• Durante su vida activa habrá que pagarle $ 23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
• Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
• Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.
Para revertir las malas prácticas en la gestión de los recursos humanos un paso importante serían los mecanismos de transparencia de las designaciones, sostiene el reporte. Como ocurre con las contrataciones de bienes y servicios, el ingreso de personal deberia ser justificado públicamente. Otro tema importante sería acortar la enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado.
Lo más popular
