La Corte da otro revés al PE en un caso por los gastos sociales

La demanda de un legislador radical apunta a que se exhiban los recibos de los subsidios. La Provincia había planteado un recurso extraordinario federal por la recusación de un vocal. Interrogantes desde 2015.

31 Dic 2017
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EN 2015. Personal de la Legislatura retiraba los fajos de plata en valijas.

La Provincia cerró el año con un revés de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en una de las causas judiciales relativas a los millonarios gastos sociales repartidos por el Poder Legislativo en el 2015 electoral.

El alto tribunal, con las firmas de Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, denegó la concesión del recurso extraordinario federal que habían interpuesto los abogados del Poder Ejecutivo (como parte demandada) en contra de la sentencia 816 del 27 de junio pasado. Mediante este fallo, la propia CSJT había ratificado la continuidad del vocal Rodolfo Novillo, de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la causa iniciada por la demanda del legislador radical Eudoro Aráoz (Cambiemos), a la que adhirieron luego otros ciudadanos.

Tras ser notificado sobre la decisión judicial, dictada el 5 de este mes, el opositor se mostró expectante porque, tras la feria tribunalicia de verano, el expediente retorne pronto a la Sala II para que Novillo y su par, Carlos Giovanniello, avancen con la producción de pruebas y el dictado de la sentencia de fondo.

En 2016, y sobre la base de las publicaciones de LA GACETA sobre el traslado de unos $ 600 millones -en valijas- desde un banco hasta la Legislatura y en un año electoral, Aráoz solicitó acceder a la información sobre los beneficiarios de esos recursos.

La Provincia cuestionó que el radical no tramitara esos datos por las vías administrativas correspondientes. Luego, adhirieron a la demanda otros dirigentes (como Carlos Duguech y Raúl Moreno), algo que también generó el rechazo de los abogados del Estado provincial. De todas formas, el principal planteo del gobierno apunta a evitar la continuidad de Novillo en el caso.

La Provincia y la Legislatura recusaron con causa al magistrado con el argumento de que este se había excusado anteriormente en casos promovidos por los radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez porque su hija, Alejandrina Novillo, los asesoraba. Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, dijo que el juez debía apartarse también en esta ocasión porque Aráoz había llegado a la banca en 2015 por el acople que encabezaba Elías de Pérez, y logró asumir porque esta renunció a su banca para jurar como senadora. “La intervención de Novillo genera una seria sospecha o temor fundado de parcialidad en perjuicio de la Provincia”, señaló el letrado del Estado provincial en uno de los recursos.

Este es al menos el cuarto revés que recibe el gobierno en su intento por recusar a Novillo.

El trámite ya había pasado por un tribunal ad hoc en primera instancia y dos veces por la propia Corte Suprema. Los planteos no sólo apuntan a la exclusión del camarista. Además, la Provincia objetó en esas instancias la constitucionalidad del artículo 22 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que veda la revisión de las sentencias denegatorias de recusación de un tribunal. Pese a esos reclamos, todo parece indicar que Novillo continuará en el caso Aráoz.

En otra demanda

El Gobierno también objeta la participación de la Sala II del fuero contencioso administrativo en otra causa sobre los gastos sociales. La demanda, esta vez promovida por el legislador macrista Luis Brodersen, consiste en una acción declarativa de certezas sobre la constitucionalidad o legalidad de la entrega de ayudas sociales a personas (fueron derogadas en 2016, tras el escándalo de las valijas) y a organizaciones sociales (continúan siendo otorgadas, pero tampoco se publican los montos ni las rendiciones ni sus destinatarios). En noviembre de 2016, Novillo y Giovanniello habían dictado una cautelar para asegurar el resguardo de la documentación respaldatoria de los gastos sociales de 2015. Pero la Legislatura devolvió la notificación al tribunal de origen, lo que desató una inédita tensión institucional entre las partes.

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