El Gobierno apuesta por el bono para convencer a jubilados

La cuestión previsional es clave para la evolución financiera de la gestión del presidente Mauricio Macri. En eso coinciden los consultores privados al hacer referencia a las razones que motivan que el Gobierno nacional quiera sacar, cuanto antes, la reforma previsional propuesta al Congreso.

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Por caso, Economía & Regiones observa que el sistema previsional genera un déficit fiscal de 3% del PBI anual, lo cual explica alrededor del 42% del déficit financiero (con todos los intereses) del Sector Público Nacional (SPN) que asciende a 7% del Producto. “Es más, el aumento del pago de jubilaciones es el principal motor (no el único) del aumento del gasto público y del déficit fiscal”, acota. De hecho, el gasto en jubilaciones (10,2% del PBI) actualmente casi supera la suma del gasto en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas.

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Entonces, ¿cuál es la necesidad de acelerar la sanción de la reforma? Según la consultora, porque si no se los arregla será imposible bajar el déficit fiscal, reducir la presión tributaria, y desahogar al sector privado para estimular la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. “En otros términos, si no se atacan los desequilibrios previsionales de fondo, no se va a poder crecer, no va a haber empleo, la tasa de desempleo estará condenada a tener tendencia alcista al igual que la pobreza, mientras que del otro lado los salarios y la calidad de vida tendrán inexorablemente tendencia a la baja”, expone.

Las jubilaciones están lejos de poder ser pagadas sólo con aportes salariales, sostiene, por su parte, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que sostiene que el 40% de las jubilaciones se paga con impuestos. Por eso, debido a los cambios en la asignación de impuestos destinados al financiamiento de Anses es necesario modificar el índice de movilidad, explica. Sigue pendiente el desafío más importante que es una reforma previsional integral que le devuelva sustentabilidad y equidad al sistema.

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A criterio de Idesa, la fórmula de movilidad actual es insostenible. “Prueba de ello es que la primera alteración a la regla de movilidad se introdujo a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el anterior gobierno nacional. Ante el fallo de la Corte que dispuso suspender la derivación del 15% de la masa coparticipable a la Anses, este decreto estableció -en una decisión propia de un gobierno que estaba a días de abandonar el poder- que la pérdida de ingresos no se tome en cuenta para el cálculo de la movilidad”, considera. Si bien el nuevo gobierno derogó ese decreto, quedó pendiente la gran inconsistencia entre un esquema de distribución de impuestos judicialmente cuestionado y un esquema de movilidad jubilatoria atado a esa distribución, acota.

Los beneficiarios

En la última década los jubilados aumentaron en 3,6 millones, gracias a la implementación de dos grandes moratorias previsionales y la prestación universal desde el año pasado, recuerda Invecq Consulting. Así, para sostener el sistema solidario de jubilaciones solo con aportes y contribuciones se necesita una relación de 1,72 activos aportantes por cada pasivo. Con 8,6 millones de pasivos, el sistema necesitaría de 14,6 millones de asalariados registrados que aporten el 22% de su salario (entre aportes y contribuciones) cuando solo se cuenta con poco más de 9 millones equivalentes a esta tasa de aporte, apunta. Eso implica que el sistema previsional necesite cada vez más de una mayor proporción de otros impuestos (ganancias, IVA, combustibles, etc) para financiarse.

En el camino, el Gobierno busca alternativas para el sistema de actualización de los haberes jubilatorios. La fórmula propuesta queda siempre por encima de la inflación y por debajo de lo que sería el ajuste actual. Por esa pérdida inicial, la Nación había propuesto a los jubilados un bono para compensar. A ese bono lo recibirían unos 10 millones de personas.

Según consignó el sitio Clarin.com, el bono alcanzará al 72% de los jubilados (4,9 millones de un total de 6,8 millones). Son los que con el ajuste de marzo próximo perciban un haber de hasta $ 10.000 mensuales. También alcanzará al 100% de los niños cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (cerca de 4 millones) y a los que cuentan con una pensión por discapacidad (1,1 millón de personas), y las Pensiones No contributivas a la Vejez y al Adulto Mayor, que son 70.000 casos.

De este universo, se considera a los jubilados de la mínima que hicieron todos sus aportes y los niños vulnerables son dos grupos que requieren una atención prioritaria, expresa el sitio. El mayor punto de conflicto, más allá del cambio en la fórmula, proviene del empalme, es decir, del modo de cambiar una fórmula por otra.