Los costos ocultos de las inundaciones

09 Dic 2017 Por Roberto Delgado
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No hubo un solo habitante de La Madrid que expusiera durante la jornada del miércoles pasado en la Legislatura. Allí, ese día se presentaron los avances de los trabajos de diagnóstico que se están haciendo sobre las causas de la gigantesca inundación del río Marapa que se tragó el pueblo en abril. Avances, frustraciones e ilusiones hubo. El único poblador que estaba presente fue el delegado comunal, Dardo Herrera, que habló al final de la extensa jornada para agradecer los estudios y para informar que en la castigada población están trabajando máquinas, limpiando los canales y el arroyo El Chileno, que está al norte de La Madrid. Pero no estuvo una maestra, un policía, el cura del pueblo o algún representante de las familias que tienen que ser trasladadas desde el sudeste del poblado al norte. ¿Hubieran dicho lo mismo? Para saberlo, hay que ir al sur.

Oficinas dispersas

No obstante, el encuentro permite hacer una radiografía no sólo de lo que pasa en la zona sino de la búsqueda de claves para superar las desinteligencias entre la Provincia y la Nación y también entre las caóticas y dispersas reparticiones provinciales. Algunas de esas desinteligencias quedaron expuestas en medio del encuentro, cuando Pablo García, funcionario nacional del Sinagir (Sistema de Gestión Integral del Riesgo), que está trabajando hace siete meses en la zona y que había llevado un equipo con drones de las Naciones Unidas para relevar desde el aire lugares como La Invernada, contó que había estado hace 10 días con gente de la provincia haciendo ese trabajo. En el momento un funcionario provincial afirmó: “Nosotros también hicimos lo mismo”. Entonces se reveló que en el sur trabajan organismos como la Dirección de Recursos Hídricos y la Dirección del Agua, cada uno por su lado, sin comunicación entre sí. Incluso dependen de ministerios distintos. “¿Quien va a ser el encargado de estas cuestiones? No lo veo. Me gustaría que al final de estas jornadas sepamos a quién tenemos que ver para cada uno de los temas”, dijo García. El ingeniero Eduardo Martel, de la facultad de Ciencias Exactas, mencionó la dispersión que hay en los organismos provinciales. Y dijo que precisamente el concepto de esas jornadas “son los esfuerzos de articulación necesarios para que este trabajo se justifique”.

¿Quién atiende lo que genera esa dispersión? No sólo se trata de que están aislados sino también sin elementos desde siempre. No hay partida para obras públicas en el presupuesto anual (como sí lo hay para salud, seguridad o educación); no hay mantenimiento y adquisición de equipos livianos y pesados, ni presupuesto para monitoreo y dinámica de cauces: por eso se cayeron 11 puentes, dijo Martel. ¿No hay máquinas? No hubo un responsable provincial que explicara cuántas máquinas hay y en qué estado se encuentran. Cuentan que una excavadora se hundió la semana pasada en Sol de Mayo. Y otra, prestada por la Provincia a la Municipalidad de Concepción, no anda porque necesita arreglos por 140.000 pesos. Como sea, Martel recordó que en 1993, en la Legislatura de Julio Díaz Lozano, se hizo un gran taller para estudiar el drama de las inundaciones y salió un trabajo con propuestas de inversión de 950 millones de dólares en 20 años. Pasaron 25 años. Nada se hizo. Ahora se advierte que se está tratando de hacer un trabajo similar. “¿Qué diremos dentro de 25 años?”, se preguntó, y recordó que desde 2007 Tucumán está en emergencia hídrica. “Las leyes comienzan cuando se las sanciona pero hay que reglamentarlas y hacer que el espíritu prospere y termine en obras”.

El caso tucumano

El problema de dispersión y de falta de atención tucumanas es observado por los representantes nacionales. Mateo Bauzá, del organismo regulador de presas (Orsep) dice que está dictada la emergencia en 11 provincias y que sólo Tucumán está con problemas para recibir los fondos nacionales y para articular.

¿Se logrará salir de esta trampa? Complicado. El encargado de la Unidad Ejecutora Provincial, Sisto Terán, presentó su proyecto para que se haga un relevamiento topográfico con sistema Lidar (con vistas a que se pueda hacer un programa hídrico de estudio de las cuencas) y para que se expropien unas 4.000 hectáreas al suroeste de La Madrid para volver a los bañados naturales, que atemperen la furia del agua de los ríos San Francisco y Marapa. Calculó que todo costaría 100 millones de pesos. “Espero que me ayuden a convencer al gobernador”, expresó. Los delegados nacionales no fueron críticos aunque Bauzá dijo que en junio pasado Recursos Hídricos de la Nación ya tenía hecho el pliego para un estudio de la zona.

Claudio Bravo, del Colegio de Ingenieros Civiles, planteó que hay que reencauzar el río San Francisco, que está desmadrado, y llevarlo a su cauce original. Agregó que, por los cambios, nada se sabe de los ríos de la zona y coincidió con la importancia del estudio topográfico con el sistema Lidar. No obstante, el geólogo Sergio Georgieff advirtió que “reencauzar el San Francisco no es una solución si no sistematizamos la parte alta”. En la parte alta están los productores de Catamarca, el 60% de los cuales son tucumanos. Se produce soja allí (al igual que en el sur tucumano). Bravo contó que un productor cordobés de Ovanta tiene invertidos 15 pivotes (sistemas de riego) de 300.000 dólares cada uno y que el río le pasó por el medio de la finca. Con todos ellos hay que hablar para sistematizar. Bauzá explica que los productores catamarqueños ya se han reunido en grupos de trabajo. Los tucumanos, no.

Continuo movimiento

El dinero que hay que gastar en obras es el gran limitante en esto. Pero también están los costos ocultos de las inundaciones, que se pagan a pesar de todo, de los cuales hablaron representantes de la facultad de Ciencias Económicas. Pérdidas en cosechas, en animales, en caminos, en problemas de la vida cotidiana.... Jorge Devalis, asesor de la Provincia, calculó que en los 40 días posteriores a la inundación se gastaron 400 millones de pesos en ayuda (la Caja Popular, 25 millones); raciones de comida (10 millones); limpieza de canales ($ 600.000); pérdidas de producción del agro (10,5 millones) y de impuestos directos (9 millones); desvíos por corte de ruta de autos y camionetas (90 millones) y camiones y ómnibus (250 millones); más reposición de medidores y cables de energía en EDET (4 millones). Esto, sin contar las 700 personas que trabajaron en esos 40 días, ni las heladeras, cocinas y muebles enviados por Desarrollo Social; ni la ayuda solidaria de los tucumanos; ni el dinero (poco o mucho) enviado por la Nación; ni las pérdidas de las mismas viviendas; ni las tres escuelas destruidas totalmente. Sólo se reconstruyó la escuela para discapacitados -contó García- y no se sabe qué pasará con las otras dos. Además, los gastos de salud. “Hay cosas que no tenemos computadas que son un costo...y más aún, ¿cuánto es lo que sienten las personas ante pérdidas de esta naturaleza?”, se preguntó Devalis.

Ese costo oculto se viene trasladando día a día a la gente de la zona y, cuando el daño se vuelve general, al Estado. “El sur tucumano está en continuo movimiento y cada vez en peor situación”, dijo García. Ya se sabe que desde hace 15 años hay poblaciones con casas montadas sobre pilotes; en el barrio Santa Rosa de Aguilares, junto al río Chico, en Los Agudo, Los Arrieta, Niogasta y Atahona. Ahora se hizo el relevamiento con drones en La Invernada, el Sacrificio, Domingo Millán y Las Ánimas (lo hizo Hernán Alvarado, de la ONU, especialista en investigación científica con drones). Descubrieron las cárcavas y el arroyo paralelo a la ruta 38 en la invernada (allí sólo se ven las casas que están encima de la banquina) y con ello García llegó a la conclusión de que en el sur es complicado hacer cosas porque todo cambia. Que hay que relocalizar viviendas en La Invernada y en Domingo Millán y que “en La Florida hay que empezar a pensar en casas en altura. Ya no se puede hacer casas a nivel”.

Y junto a eso, los problemas derivados de la nula planificación. Hay pozos hechos con el plan Más Cerca que están sin agua en Los Cerros, en Las Ánimas, en Alto El Puesto, en Los Cercos y Yánima (donde hay denuncias penales cruzadas entre delegados comunales y vecinos). “Al barrio Santa Rita de Graneros no lo pueden habilitar porque lo hicieron pegado al arroyo”, dice García. “Hemos intentado un montón de cosas y después nos dimos cuenta de que no habíamos logrado una solución. Esto es mucho más grave”.

En La Madrid hay 3.000 habitantes. En la zona de Graneros, La Cocha y Alberdi, 70.000. Cada vez que llueve, muchos piensan en hacer terrazas, poner ganchos altos para colgar las cosas, escaleras, terraplenes y hasta medianeras en la vereda (como hicieron en 2015 en Alberdi) o en poner sus casas en altura, como en Saigón, mientras esperan que avancen los estudios en busca de las salidas. Ninguno de esos habitantes estuvo en la jornada legislativa. Sólo el delegado comunal de La Madrid, que simplemente agradeció el esfuerzo. Acaso él debería haber invitado a todos -incluido el vicegobernador, que fue esperado durante 50 minutos pero estuvo ausente en la jornada- a llegarse a ver los costos ocultos que tiene vivir en el sur.

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