Un juez denunciado se pone a disposición de los veedores

Paz, ex titular de la Asociación de Magistrados, dijo que quería que se rindiera cuentas.

03 Dic 2017
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EL DEFENSOR OFICIAL ROBERTO PAZ. El entonces presidente de la Asociación de Magistrados en su oficina. foto de irene benito

Roberto Paz, defensor oficial y ex presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), se “allanó” a la pretensión de la Nación de observar 33 causas, entre ellas una que lo involucra como denunciado junto a Liliana Vitar, camarista y dirigente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). En un correo electrónico dirigido a este diario, Paz expresó que no oponía objeciones a los veedores Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, y manifestó su deseo de que la Justicia rinda cuentas. El juez comunicó además que no iba a asistir a la asamblea de este miércoles convocada por la AMT que preside Marcela Ruiz para sentar una posición sobre la veeduría.

Paz y Vitar fueron cuestionados en sede penal por haber denunciado -también penalmente- a los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que fiscalizaron al ex fiscal Guillermo Herrera. Oscar López, peronista disidente, hizo la presentación en 2015: según informó, esta ingresó en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de Washington Navarro Dávila, que además es cónyuge de Vitar. La causa que iniciaron los magistrados, primero como representantes de la Asociación y, luego, a título personal, contra los auditores Luis Lezana Flores, Agustín Ladetto y Mariana Tasquer quedó en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar (N°7). Como consecuencia de esa denuncia, más de 40 jueces dejaron su gremio: la mayoría de ellos regresó cuando llegó Ruiz.

Paz adoptó un perfil bajo cuando terminó su mandato en la AMT. Pero, como consecuencia de la veeduría de la Nación, dijo que necesitaba expresar su parecer. Si bien no especificó qué expedientes agregaría a la observación, consideró que algunas causas habían quedado afuera de lista de interés de la Nación -ver nómina-. Y añadió que, más allá de los reparos jurídicos que podían formularse al mecanismo articulado por Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, le parecía que resultaba difícil aplicarlo sin dar lugar a sospechas basadas en intereses políticos. “Hay que ser sumamente cuidadosos con el trámite que se dé (a la veeduría)”, advirtió.

Dos denuncias distintas

El integrante del Ministerio Público que aún conduce el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, afirmó que, desde el punto de vista personal, estaba convencido de que quien no tiene nada para esconder, nada teme en mostrar. Pero sí distinguió entre denuncias que persiguen la honesta intención de que lo denunciado no se reitere y se castigue, y las denuncias que sólo buscan causar un impacto, y beneficiar a un grupo en perjuicio de otro, o bien, “congraciarse de una manera cuasi demagógica y egoísta con lo que la sociedad quiere oír”. “Estas últimas acusaciones con finalidades políticas desgraciadamente suelen ser frecuentes y hacen daño a la república. En mi caso particular, he sido denunciado por haber denunciado algo que entendí -y aún así lo entiendo- configuraría una conducta penalmente reprochable”, explicó. Paz agregó que, antes de ir a la Justicia, había acudido a la Corte para que sancionara a los auditores, sin obtener una respuesta de parte del alto tribunal.

“Acá no se trata de personas, sino de procesos preestablecidos que deben ser respetados y acatados por todos por igual. Si lo que se busca es precisamente sancionar el accionar de alguien que ha tenido conductas manifiestamente inaceptables se deben cuidar las formas para evitar planteos posteriores”, reflexionó. Paz dijo que había denunciado a los auditores por esta razón. Pero afirmó que no tenía dudas de que la sociedad reclama transparencia a la Justicia. “Y la sociedad no entiende a veces de reglamentos ni de normas. Busca el valor que necesita: justicia. Y busca actores institucionales probos. Los necesita. El problema sería que tan digna finalidad se vea opacada por quienes tienen intereses particulares. Hay que evitar todo lo que impida llegar a la verdad”, opinó el defensor oficial.

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