29 Noviembre 2017
El crimen de Fernando Sebastián Medina, un preso que había denunciado que guardiacárceles lo obligaban a vender estupefacientes dentro de la cárcel, abrió el debate entre los abogados del fuero penal. Consultados por LA GACETA, los profesionales coincidieron en que este problema se debe a la ausencia de políticas de parte del Estado, la falta de controles y requisas, las demoras de la Justicia para resolver las salidas de los relculos, los problemas de adicción de la mayoría de la población carcelaria y el estado de abandono del penal.
El recluso asesinado en Villa Urquiza había denunciado venta de droga en el penal
“Tampoco hay que desconocer la falta de políticas públicas por parte del Gobierno. Hay que crear un sistema que permita recuperar y rehabilitar a los internos para que sean útiles a la sociedad. Hoy las condiciones de alojamiento son inhumanas. Esto es una cadena y las autoridades conocen mejor que nadie lo que pasa dentro del penal. El problema es saber por qué hay tanto abandono del sistema penitenciario en la Provincia. Tendría que haber un control mayor. Los familiares de internos nos cuentan a los abogados que a los presos los obligan a vender drogas; si se niegan, los cambian de unidades y les imponer sanciones diciendo que ellos son los que consumen y venden”, analizó la penalista Gloria Hansen.
Su colega Geraldine Salazar advirtió que el escenario no se modificará mientras no se recupere a los presos con problemas de adicción. “El 70 % de los presos consume estupefacientes. Muchos de los ilícitos por los que fueron detenidos tuvieron que ver con el consumo de drogas; entonces, me pregunto: ¿qué hacen con esa información? Porque así suman una persona más que ingresa en situación de abstinencia, que es grave. No se hacen ni tratamientos ni seguimiento de detenido”, destacó.
Consultada sobre el modo en que las sustancias son ingresadas al penal, Salazar señaló: “Hay mil formas para entrar la droga, y el Estado lo sabe y se desentiende. Creo que se habla mucho y se hace poco. Teóricamente, a los presos los requisan todos los días. Pero no es un régimen estricto. Para que haya droga tiene que haber alguien que lo permite, lo digo por sentido común. La cárcel está dominada por este conflicto. Hay chicos que ingresan con problemas de adicciones, pero no los recuperan. El que deja de consumir es porque quiere salir”.
Por su parte, Miguel Roccio advirtió sobre los riesgos de no darle una solución definitiva a la crisis del penal. “Para entender lo que pasa no hay que simplificar el problema. Actualmente, falta una política activa del Estado al respecto. Las sentencias de los jueces muchas veces ordenan que un preso con problemas de adicción vaya a un tratamiento, que al final nunca se realiza. Al estar el Estado ausente, se vuelve tierra de nadie. Hay todo un cuerpo directivo del penal que debe tomar cartas en el asunto. En Villa Urquiza hay dos bandos perfectamente diferenciados: los que consumen las drogas y quienes se las venden.
Para Sebastián Serrano, la ausencia de controles y la superpoblación de reos con problemas de adicciones son algunos de los ejes centrales del conflicto. “El tema de la venta de drogas en el penal está instalado por la situación que padecen muchos reos. Siempre estuvo y ahora se incrementó más. Tendría que haber un sistema de control más exhaustivo, con perros o scanners. Sin distinciones, sin importar si se trata de familiares de internos o de personal policial”, opinó.
El profesional hizo hincapié a la ejecución de las sentencias. “Es un sistema que creó un retroceso sobre las salidas extramuros. Antes, cada sala de juicio manejaba a sus presos. Ahora, al haber un solo juez de Ejecución, se creó un cuello de botella que demora más de un año en resolver ese trámite, que antes demoraba no más de tres meses, lo que genera malestar. Ahora los informes de la cárcel se volvieron muy codiciados y los presos aseguran que con eso los tienen condicionados”.
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