El fallo de la Cámara por el caso Daiana generó una lluvia de planteos

La familia de los Suárez estudia la posibilidad de pedirle juicio político al fiscal Bonari. Denuncian protección y errores Defensores, después de que liberen a los imputados, accionarán en contra del Estado por daños y perjuicios.

05 Nov 2017
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DECIDIDO. Matar le reclamará el Estado por el daño que sufrió su ladrillera y porque no pudo producir. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)

El fallo de la Cámara de Apelaciones reactivó el caso Daiana Garnica. A partir de mañana, justo cuando se cumplen seis meses de la última vez que fue vista, todas las partes comenzarán a realizar diferentes planteos que van desde iniciar los trámites para que los acusados salgan en libertad, pasando por la presentación por reparación de daños económicos y morales, y hasta la definición si solicitarán que el fiscal Claudio Bonari sea separado de la causa o sometido a un juicio político por la tarea que desarrolló en la causa.

Los jueces Liliana Vitar y Eudoro Albo, con voto en disidencia de Enrique Pedicone, señalaron en su fallo que en la causa no hay elementos suficientes para probar que la joven fue víctima de un homicidio. Por ese motivo, ordenó la libertad bajo caución de Fabián Pacheco y de Juan Matar, que habían sido imputados por ese delito. Al mismo tiempo, dispuso que se deje sin efecto la prisión preventiva a otras nueve personas por errores procesales. El único que seguirá tras las rejas es Darío Suárez, que fue el último que estuvo con la adolescente.

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Además, la Cámara le pidió al fiscal que remitiera copias de la causa a la Justicia Federal, ya que consideraba que Daiana pudo haber sido víctima de una red de trata de personas, delito en el que no tiene competencia la justicia ordinaria. En ese fuero, el fiscal federal Pablo Camuña ya inició una causa por pedido de Ramón Garnica, padre de la menor. Al mismo tiempo, le recomendó que no descartara la posibilidad de que la chica haya decidido marcharse por su propia voluntad.

Las reacciones

Julieta Jorrat, Alejandro Flores y Rodrigo Bilbao, defensores de todos los imputados, ya fijaron sus prioridades. Primero será tramitar la libertad de sus defendidos. Bilbao y Flores anticiparon que iniciarán las acciones legales correspondientes por la mala investigación que. a su criterio, desarrolló el fiscal en estos seis meses.

“Vamos a trabajar para lograr que Pacheco sea sobreseido porque la Cámara es clara al opinar que no hay elementos de prueba para mantener la hipótesis del homicidio”, comentó Bilbao, su defensor. El mismo camino anunció que tomará Flores, que representa a Matar.

“También solicitaremos que el estado se haga cardo del daño que le hicieron a mi defendido. No sólo destruyeron el horno de su ladrillera, sino que además le impidieron que produjera durante varios meses. Eso le provocó un perjuicio económico y moral”, dijo Flores a LA GACETA.

Jorrat, en cambio, opinó sobre el accionar de Bonari: “el fallo lo termina salvando. Si una persona común comete un error, pierde su trabajo o termina en la cárcel. En este caso, con una mala investigación, todos mis defendidos se quedaron sin trabajo, sufrieron problemas psicológicos y sus hijos hasta tuvieron problemas en las escuelas donde asisten. Respetaré la decisión de mis defendidos, pero por si fuera por mí, ya estaría iniciando una demanda por daños perjuicios e iniciaría los trámites para que el fiscal sea sometido a un juicio político”.

“En esta causa se avasallaron muchos derechos y no se actuó como indica el Código. Si bien es cierto que hubo errores procesales, no menos cierto es que en muchas ocasiones observé un movimiento corporativo que no quiso actuar por temor. Y esa situación afectó hasta al ministro fiscal”, concluyó.

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