Un pago a la AFIP llevó a que la deuda pública en Tucumán creciera a $ 10.141 millones

Si hubiese que realizar una analogía con las finanzas familiares, puede decirse que, desde la transferencia del sistema previsional (hace dos décadas), el Estado tucumano vino “pagando el mínimo de la tarjeta”. Y, en consecuencia, arrastró un endeudamiento frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por diferencias de aportes patronales. Ahora, ese compromiso se consolidó y el endeudamiento público provincial pasó de registrar un saldo en abril de $ 6.087 millones a incrementarse a $ 10.141 en julio, de acuerdo con los informes de la Contaduría General de Tucumán. La expansión del pasivo fue cercano al 67% en ese período.

El acuerdo arribado entre la Nación, la AFIP y el Poder Ejecutivo local, en marzo pasado, estableció un pago a 20 años de una deuda que, de acuerdo con los datos oficiales, asciende a $ 3.911 millones, de los cuales unos $ 300 millones son exigibles a un año de plazo. Consultado por LA GACETA, el ministro de Economía Eduardo Garvich afirmó que se trata de la consolidación de una deuda que el gobernador Juan Manzur y las autoridades de la AFIP arribaron en marzo pasado en Buenos Aires. Mediante ese pacto, Tucumán se comprometió a seguir pagando por los aportes previsionales una alícuota del 10,5% durante una década; un 1,5% será destinado a cancelar el nuevo endeudamiento. Desde el año 11 al 20, se irá incrementando la alícuota hasta llegar al 16% que exige la Nación. Eso sucederá en 2037.

Según Garvich, más allá del incremento que el pasivo de la provincia ha registrado con este nuevo compromiso, el Gobierno no tendrá contratiempos para seguir atendiendo sus obligaciones financieras en tiempo y en forma. Tomando en cuenta aquella comparación respecto de la economía familiar, el endeudamiento público representa cerca de un 15% del presupuesto anual de Tucumán, es decir, está dentro de los márgenes normales de pago, según las estimaciones oficiales.

De larga data

La tensión en la relación fiscal entre la Nación y las provincias se generó a partir de que 11 distritos -entre ellos Tucumán- entendieron que la alícuota del 17% comprendía cuatro subsistemas, respecto de tres de los cuales no eran beneficiarias (Asignaciones Familiares, 4,4%; PAMI, 1,5 y el subsidio al desempleo, 0,89), por lo que plantearon que sólo debían contribuir para las jubilaciones con un 10,17%. Esa situación viene registrándose desde hace 20 años hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en favor de la AFIP ante un planteo formulado por Santiago del Estero.

A partir de entonces se observó una suerte de allanamiento por parte de las otras administraciones que fueron pactando con la gestión nacional una forma de pago del compromiso fiscal, sin que ello implique abonar el total de la deuda.

De los $ 10.141 millones (el último dato disponible de la Contaduría General), unos $ 1.008 millones son exigibles de pago a un año de plazo. El 95% de ese pasivo provincial tiene como principal acreedor al Gobierno nacional ($ 9.657 millones).

Antes de la consolidación de la deuda con la AFIP, Tucumán se ubicaba en el puesto 16 entre las 24 jurisdicciones de la Argentina. El ranking tendrá algunas modificaciones cuando el Ministerio de Hacienda de la Nación difunda los datos al cierre del primer semestre. La deuda con la AFIP también impactará en los compromisos de otra decena de provincias.

De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, el total de la deuda pública de todas las provincias (sin tomar en cuenta la flotante) es de $ 515.820 millones.

En el proyecto de Presupuesto Nacional 2018 se destaca que, habiendo finalizado el 31 de diciembre de 2016 el período de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, se otorgó a las jurisdicciones la posibilidad de reprogramar los servicios a pagar durante 2017. Por esa refinanciación, las jurisdicciones dejaron de pagar $ 10.183 millones en concepto de capital e intereses (0,1% PBI), los cuales serán devueltos en 36 cuotas de amortización mensuales, con una tasa de interés anual del 15% para todo el período, consigna la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Para acceder a ese beneficio, las provincias debieron comprometerse a cumplir con la convergencia gradual al equilibrio del resultado primario en 2018. Esto es a no cerrar con déficit fiscal durante el año que viene.