Las firmas de los vecinos esconden un rosario de quejas contra la SAT

Cientos de usuarios se acercaron a los puestos municipales para que se intervenga la empresa. Mientras el jefe municipal avanza con su iniciativa para impulsar la intervención, el gerente general de la empresa, Alfredo Calvo, defendió su gestión y aseguró que se está tratando de “eficientizar” las prestaciones en agua potable y cloacas en San Miguel de Tucumán

08 Sep 2017
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POR LA MAÑANA. La Municipalidad instaló cinco puestos para recoger firmas; funcionan desde las 9.30 y hasta el mediodía en el microcentro de la ciudad. la gaceta / foto de Antonio Ferroni

Estela Umana no duda y estampa su firma en la planilla. Mientras lo hace cuenta que está harta de que los líquidos cloacales que emanan en una de las calles del barrio Los Chañaritos, impregne de olor nauseabundo la cuadra. Específicamente la manzana A.

“El olor es insoportable. Tenemos a los chicos enfermos y muchas veces hicimos denuncias en la SAT, pero no pasó nada”, explicó la mujer con indignación.

En la esquina de Mendoza y Muñecas, a las 11 de la mañana, ya había más de 100 firmas. Los vecinos respondieron al llamado de la Municipalidad para juntar adhesiones y así promover un proyecto de ley para intervenir la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Sabían que no iban a demorar en recolectar firmas, lo que no se esperaban es que ese precario stand con planillas y un par de chicas entregando folletos se fuera a convertir en el buzón de quejas de los vecinos.

“Es un desastre, no tenemos presión de agua. Tuvimos que poner una cisterna”, cuenta Francisco Segura, del barrio Diza. Agrega que como contribuyente se siente estafado. “Pagás y no te dan un buen servicio”, agrega.

Otro vecino se anima a la interpretación. “Si este es un show político me parece que, al menos, alguien tiene que dar un puntapié ante el problema con la SAT”, reflexiona Martín Escarafiocca. Comenta que su suegra, que vive en el barrio San Ramón, tuvo que poner una cisterna por la falta de presión.

“En mi caso tengo notas desde el 2005 dirigidas al señor (vicegobernador, Osvaldo) Jaldo por la falta de agua en mi domicilio, Todo el día sin agua. Se viene el verano y no tenemos agua. Es un desastre el servicio. Por eso me parece bien este proyecto”, dice Alicia Álvarez, vecina del barrio Ampliación San Cayetano. Por su parte, Jorge Eduardo Antezana, del barrio Padilla, opina: “Es una muy buena idea; puede ser beneficiosa. El servicio es un desastre, no hay potencia de agua y el tema de las cloacas deja mucho que desear”. El vecino le reclamó a la SAT que cuando rompan las cuadras, las arreglen. “Y que brinden el servicio por el que todos pagamos”, amplía.

Los testimonios se amontonaban alrededor de la mesa plástica y la sombrilla. También firmaron personas de otros municipios como Cecilia Saleme, de Yerba Buena, quien además de firmar por ella lo hizo por los vecinos de calle 12 de Octubre, entre San Juan y Santiago, quienes “sufren la falta de agua desde hace años”.

El proyecto

El proyecto de ley que va a presentar el municipio dispone la intervención de la SAT (se trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, Sapem) y el reemplazo de su directorio por una comisión normalizadora, integrada por tres miembros: dos legisladores y un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores. Este último integrante será seleccionado por sorteo público, dice el proyecto. También se prevé que como primera medida la comisión haga una evaluación de la situación presente de la empresa y del estado del servicio.

El proyecto también prevé que sea intervenido el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y que se deje sin efecto cualquier modificación tarifaria por seis meses. La iniciativa, finalmente, pretende dotar a la nueva conducción de la SAT de una partida de $ 500 millones, que deberá surgir del Presupuesto de la Legislatura (en 2017 es de $ 2.000 millones).

Desde el municipio recalcaron que la participación de la sociedad en la confección de proyectos de ley está contemplada en la Constitución nacional. Esta, en su artículo 39, establece que los ciudadanos tienen el derecho de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados y señala que el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses.

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