30 Abril 2004 Seguir en 
Tres ex directivos del privatizado Banco Provincia de Tucumán fueron absueltos en el juicio que, por presuntas estafas, se les realizó a casi 14 años de ocurrido el supuesto hecho. El juicio estuvo marcado por fallas en la investigación inicial y por la ausencia de elementos de prueba.
Los acusados eran el ex gerente Crisanto Infante, el ex tesorero Miguel Aurelio Herrera y el director de Recursos Humanos Rubén Jorge Esper.
La causa se inició cuando la fallecida Norma Habib denunció que había entregado un cheque en blanco firmado y endosado en la sucursal, para cubrir un descubierto. Luego, dijo, Carlos Salazar Romero cobró los 65 millones de australes ($ 7.000 actuales).
Por el hecho, la mujer acusó a los directivos de la sucursal bancaria. Los tres negaron haber usado el cheque de la clienta y mucho más habérselo dado a un tercero para que los cobrara.
En el juicio no se presentó el cheque (se habría perdido en la etapa de instrucción), ni con la nota que Salazar Romero habría enviado a la entidad pidiendo precisiones sobre la forma de cancelar la deuda.
Los tres directivos quedaron cesantes en 1990, cuando se sustanció el sumario administrativo que se hizo paralelamente a la investigación judicial. "Se hizo justicia. Pasaron más de 13 años; perdí el trabajo, perdí todo. Pero se hizo justicia", le dijo Esper a LA GACETA, con lágrimas en los ojos. Infante, también emocionado, dijo que ahora podrá estar con sus hijos y con sus nietos sin presiones.
Los acusados eran el ex gerente Crisanto Infante, el ex tesorero Miguel Aurelio Herrera y el director de Recursos Humanos Rubén Jorge Esper.
La causa se inició cuando la fallecida Norma Habib denunció que había entregado un cheque en blanco firmado y endosado en la sucursal, para cubrir un descubierto. Luego, dijo, Carlos Salazar Romero cobró los 65 millones de australes ($ 7.000 actuales).
Por el hecho, la mujer acusó a los directivos de la sucursal bancaria. Los tres negaron haber usado el cheque de la clienta y mucho más habérselo dado a un tercero para que los cobrara.
En el juicio no se presentó el cheque (se habría perdido en la etapa de instrucción), ni con la nota que Salazar Romero habría enviado a la entidad pidiendo precisiones sobre la forma de cancelar la deuda.
Los tres directivos quedaron cesantes en 1990, cuando se sustanció el sumario administrativo que se hizo paralelamente a la investigación judicial. "Se hizo justicia. Pasaron más de 13 años; perdí el trabajo, perdí todo. Pero se hizo justicia", le dijo Esper a LA GACETA, con lágrimas en los ojos. Infante, también emocionado, dijo que ahora podrá estar con sus hijos y con sus nietos sin presiones.





