Lamentable dilación de la Justicia Federal

Muchas veces, y no sin razón, Tucumán ha sido noticia por las cosas sorprendentes que ocurren, las cuales le han permitido ganarse con justicia el mote de surrealista. Desde luego que no es un calificativo que deba hacernos sentir orgullosos. Sócrates (470 AC-399 AC) sostenía que cuatro características correspondían al juez: “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. Pero seguramente el filósofo griego desconocía que siglos después habría comarcas donde un día puede durar semanas y semanas que pueden durar años. De manera que hasta que el juez se expida puede transcurrir un tiempo incalculable.

En estos días, tras un proceso de 12 años, el Tribunal Oral Federal (TOF) se declaró incompetente para juzgar a los supuestos responsables de haber permitido que 12 toneladas de polenta y trigo se pudriesen en la finca de propiedad de Joaquín Ferre, entonces secretario de Desarrollo Social del Gobierno de José Alperovich. Esta notificación ocurrió semanas antes de que se iniciara el juicio contra los acusados por el delito. El 30 de junio de 2011, la Justicia Federal de Tucumán había ratificado que era competente para juzgar a los presuntos responsables

En agosto de 2005, la Gendarmería había descubierto 12 toneladas de alimentos en mal estado depositados en una finca de Burruyacu perteneciente al entonces secretario de Desarrollo Social. El Ministerio Público informó que la mercadería hallada en mal estado había costado $ 5.922,80, y que esta consistía en 18.180 paquetes de polenta y 300 paquetes de trigo, entre otros productos. El juez federal Nº 1 de Tucumán dijo entonces que la polenta y el trigo debían ser entregados a niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos sin recursos, y que la ejecución del plan alimentario tenía carácter prioritario. La Justicia Federal sólo encontró motivos para procesar al subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y al ex encargado del depósito de la Secretaría de Políticas Sociales. “Espero que la Justicia se expida rápidamente, porque se está haciendo política con el hambre de la gente”, afirmó en esos días el gobernador Alperovich, quien separó de su cargo a Ferre y a varios colaboradores.

Tras seis años de meditación y suspenso, el TOF decidió desvincularse del asunto argumentando que la comida había sido adquirida con fondos nacionales que habían ingresado al erario provincial y su ejecución debía ser controlada por los órganos locales, como el Tribunal de Cuentas y los tribunales ordinarios.

Es lamentable que la Justicia incurra una vez más en dilaciones inconcebibles, que lejos de prestigiar la institución, no hacen más que minar la confianza que en ella deberían tener todos los ciudadanos. Por otro lado, no extraña este tipo de tardanzas, por ejemplo, a más de una década del crimen de Paulina Lebbos, el caso aún no ha podido llegar a juicio, por citar uno de los tantos casos impunes en nuestra provincia.

Lo más penoso sería que al mismo Poder Judicial le parecieran normales estas tardanzas y que no hubiera tampoco sanciones a los responsables para evitar que estos hechos que tanto daño le hacen, se repitan. “Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”, afirmaba el escritor francés Jean de La Bruyère (1645-1696). Por lo acontecido en este asunto, parece que en esta oportunidad, la polenta no pudo ser mágica para llegar a la verdad.