Sólo empresas autorizadas podrán vender celulares

Buenos Aires.- En una votación unánime, el Senado convirtió ayer en ley el proyecto por el cual se regula la venta de teléfonos celulares, se limita su comercialización a empresas con licencia para operar en el mercado y se penaliza con 1 mes a 6 años de prisión la clonación de aparatos.
La iniciativa, cuyos ejes centrales figuran en el petitorio presentado por Juan Carlos Blumberg al Congreso -el padre del joven secuestrado y asesinado el 23 de marzo pasado-, establece además que las empresas deberán elaborar un registro de usuarios que permita identificar al dueño del equipo y su domicilio.
Con esta ley se intenta evitar el uso de teléfonos celulares con fines delictivos, al disponer que la venta de aparatos y líneas sólo podrán realizarla empresas autorizadas y que la Policía podrá corroborar si un equipo es robado.
La norma apunta a erradicar la actividad de revendedores y "bolseros" que, en muchos casos, aparecen como los proveedores de los celulares con los que se cometen los delitos. Para ello, deja la actividad exclusivamente en manos de las empresas autorizadas, que para habilitar un aparato o una línea deberán ahora incorporar a un registro los datos personales, filiatorios y domiciliarios del cliente y de los usuarios.
Actualmente, para acceder a un teléfono celular los revendedores no piden ningún tipo de requisito y habilitan la línea en menos de 24 horas. Por esto, muchas de las 8 millones de líneas existentes en el país aparecen a nombre de una misma persona.
La venta de tarjetas de telefonía celular también sumará restricciones y controles, que los legisladores dejaron en manos del Poder Ejecutivo, y que incluirían la limitación de las bocas de expendio, entre otras cosas. Ademas, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales podrán corroborar a toda hora y todos los días del año -mediante un asterisco de llamada gratuita- si un equipo terminal se encuentra registrado en la base de datos creada mediante esta ley.
En ese registro, regulado por la Secretaría de Comunicaciones, deberán figurar los datos de los usuarios y clientes. También se dejará constancia de quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos. El proyecto, votado por los 51 senadores presentes en el recinto, prevé también pena de prisión de 1 mes a 1 año para el que adquiera o use celulares o tarjetas conociendo su procedencia ilegítima. (DyN y Télam)

No se trató el agravamiento de penas
BUENOS AIRES.- El justicialismo tuvo que dejar para la semana próxima el endurecimiento de penas por delitos aberrantes, ya que fue incapaz de conseguir los dos tercios de los votos necesarios en la Cámara de Diputados para tratar los proyectos antes de los tiempos reglamentarios. El fracaso de la sesión mostró que la oposición se niega a responder a los reclamos por mayor seguridad con aumento de penas.
De esa manera, Diputados quebró por primera vez el proceso de endurecimiento penal que se había iniciado después de la marcha del 1 de abril, encabezada por Juan Carlos Blumberg. El padre del joven asesinado había pedido, entre otras cosas, que se limite la excarcelación de detenidos por homicidio o violación.
Estaba previsto realizar en la Cámara el análisis de cuatro proyectos sobre seguridad. A los tres dictámenes para endurecer penas y limitar la libertad condicional se sumó uno sobre la descentralización de fiscalías barriales.
Pero los diputados no lograron ponerse de acuerdo en el temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. Así las cosas, el PJ, que pretendía tratar en un solo paquete los tres dictámenes sobre seguridad, no consiguió los dos tercios necesarios para debatirlo de esa forma en el recinto.