Un perito encontró textos adulterados en la PC del empleado judicial imputado

La segunda audiencia del juicio otra vez fue agobiante para Guillermo Molina, el ex empleado de la fiscalía I de los tribunales de Concepción, acusado de adulterar declaraciones de un caso de homicidio. “Era soberbio y de absoluta confianza del fiscal subrogante Jorge Echayde. Tantas facultades le brindó el fiscal que los expedientes que instruía, se los llevaba directamente sin que pasaran por el secretario”, reveló, al tiempo que generó murmullos en la sala, la empleada judicial Lidia Robles Vega, al declarar ayer ante los vocales de la Cámara Penal Sala I Elena Grellet (presidenta), Raquel Asís y Roque Arnedo. Además, un perito profundizó las sospechas en su contra.

Molina, -quien primero fue suspendido y luego cesanteado por la Corte Suprema de Justicia-, según la acusación, habría cambiado actas en la causa por el crimen de Jorge Luis Poma (21 años), asesinado por su cuñado Raúl Esteban Ortega. El hecho sucedió en abril de 2014. La maniobra permitió que el homicida quedara en libertad a los pocos días de ser detenido, a pesar de que el crimen fue alevoso. Molina insistió en que las declaraciones originales de Gladys Albarracín, madre de la víctima; de su esposo, Jorge Poma; y de dos de sus hijas, no fueron adulteradas. “Estas personas llegaron a la fiscalía y me insultaron porque decían que les había cambiado sus dichos. Les advertí que las hojas tenían sus firmas y estaban a tono de lo que habían declarado también en la comisaría”, recordó. Fue entonces que Molina reveló que el prosecretario Ramón Oyola fue quien, ante el alboroto que habían desatado los Poma en la fiscalía, le pidió que solucionara el problema. Para ello entonces el funcionario le habilitó el sistema informático de seguridad y procedió a incorporar las nuevas declaraciones en el original.

“Una vez impreso el trabajo, Oyola me pidió que le hiciera firmar al secretario y luego al fiscal. Pero yo le dije que no, porque estaba mal lo que se hizo”, contó. El encargado del sistema informático de tribunales, el ingeniero Sergio Pedraza, sobre esto aseguró que -de acuerdo a la pericia que practicó en la computadora de Molina- las declaraciones originales nunca fueron adulteradas en el sistema interno de seguridad informática. Sin embargo dijo que al verificar el CPU encontró textos de documentos que habían sido cambiados.

“Se copió el texto original, se lo cerró, enseguida se abrió el editor auxiliar y ahí se trabajó el expediente adulterado para luego ser impreso”, explicó el profesional.

Por otro lado, el secretario Sergio Cejas admitió que firmó el documento adulterado en medio de un agobiante volumen de trabajo, producto de la acefalía que cargaba desde hacía tiempo la fiscalía. También reveló que Molina tenía facultades especiales con el fiscal Echayde. De todos modos, aclaró al enterarse de la maniobra, dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó el retiro de la computadora de Molina y la incautación de otros documentos.

El letrado defensor del imputado, Julio César Herrera, dijo que hasta ahora le cuesta entender cómo Molina pasó de ser un empleado capaz y de confianza, a uno al que se le carga todas las responsabilidades. “Aquí, al hilo se lo está cortando por lo más delgado”, sostuvo.

Ayer también declararon la madre, el padre y dos hermanos del joven fallecido. Ratificaron que las declaraciones que dieron en la causa por el crimen habían sido modificadas, y que de esta manera se facilitó la libertad del homicida. “Aparecía como que se trató de una muerte accidental, cuando fue todo lo contrario. Molina no quería que nadie se enterara de lo ocurrido”, acusó Gladys Albarracín.

La próxima audiencia del juicio será el lunes 28.