La Junta recibe la orden de conservar las urnas de 2015

Algunos se entusiasmaron frente a la perspectiva de festejar el segundo aniversario de las elecciones provinciales polémicas de 2015 con una hoguera de votos y urnas. Nada de eso sucederá: por orden del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, la destrucción de los materiales de la discutida votación quedó suspendida hasta nuevo aviso. Los planes de la Junta Electoral Provincial (JEP) se aguaron ayer por la mañana, cuando llegó la decisión que mantiene el statu quo emitida a instancias de un dirigente comunal, Luis Zelaya, y de su abogado, Alberto Pombo. De inmediato, el órgano encargado de fiscalizar los comicios solicitó la revisión de la suspensión dispuesta sin plazo y sin determinar a quién corresponde correr con los gastos que origina la conservación de los papeles.

Poviña detuvo la destrucción programada para hoy a partir de las 8 en El Cadillal en virtud de una causa penal radicada en su juzgado y, según dijo, con el aval del fiscal federal N°2, Pablo Camuña. Este proceso acumula denuncias por supuestas irregularidades en la confección del padrón, y en la actuación de los agentes del Correo Argentino y de Gendarmería. Por muy sorprendente que parezca, la investigación todavía no empezó porque todo esto tiempo el trámite se concentró en dirimir la cuestión de la competencia, debate que llegó hasta los Tribunales federales porteños. De hecho, y según Pombo y otras fuentes de la JEP, el expediente no está “físicamente” en la provincia.

En términos sucintos, Poviña afirmó en su momento que la Justicia provincial debía investigar las denuncias. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó esa tesitura con los votos de Ricardo Sanjuán, Ernesto Wayar y Marina Cossio. Pero la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dio vuelta la decisión de Poviña y confirmó su competencia. El caso no volvió aún al Juzgado Federal de origen porque la Provincia intentó -sin éxito- que la Corte de la Nación revisara el fallo de Casación.

“Decisión inmotivada”

La preservación de las boletas y cartones en cuestión se extendió durante el tiempo de desarrollo del juicio iniciado por el Acuerdo para el Bicentenario con el objeto de anular las elecciones: como se sabe, ese proceso concluyó en julio, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que validó lo acontecido. Con esa sentencia en la mano, la JEP se disponía a eliminar los materiales de votación cuya conservación insumió $ 4,9 millones entre el alquiler del depósito y el pago de servicios de vigilancia a Gendarmería.

Pero mientras la Junta analizaba si convenía incinerar las urnas o triturarlas de tal modo de permitir el reciclaje, Zelaya, ex candidato a jefe comunal de El Naranjo y El Sunchal, y su abogado se presentaron en el Juzgado Federal N°2 con el fin de detener la eliminación de lo que, según su criterio, es una prueba útil para el esclarecimiento de la denuncia sobre adulteración de padrones en la comuna. Cuando ya se creía que no había marcha atrás, Poviña paralizó todo: ayer, y después de dos años de litigar y litigar, Zelaya y Pombo celebraron la reacción casi como si hubiesen ganado las elecciones.

Lejos de la alegría, en la Junta Electoral enseguida se pusieron a trabajar con el fin de que el juez recapacite. Este mismo jueves, Antonio Gandur, presidente del órgano y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, solicitó la revocación. “La decisión que nos comunicó no expresa motivos ni fundamentos”, dijo. Y añadió que las denuncias acumuladas en el caso penal en trámite en la Justicia Federal refieren a hechos que nada tienen que ver con las urnas y los votos. Por último, Gandur hizo reserva del derecho de reclamar la reparación de los daños y perjuicios que la orden de Poviña pueda ocasionar.