28 Abril 2004 Seguir en 
Presiones a los periodistas, amenazas veladas y escuchas telefónicas ilegales fueron denunciadas por la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), como parte de una ola de violaciones a la libertad de expresión que causaron alarma.
El incidente más reciente fue la recepción de un e-mail que transcribía el contenido de una conversación telefónica entre el periodista del medio electrónico Primera Fuente de la APT (www.primerafuente.com.ar), Alejandro Díaz, y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, que fue interpretado como un hecho de intimidación. Lobo Bugeau denunció ante el fiscal federal Carlos Brito la intervención de su línea telefónica, y pidió que designe a un perito ingeniero en comunicaciones o a un especialista de la Policía Federal para determinar quién instaló el sistema de escuchas y la antigüedad de la instalación.
Afirmó que "la conducta de espionaje interno con finalidad persecutoria se encuentra prohibida por la Ley de Seguridad Interior, y es claramente perjudicial a la libertad de expresión y al derecho a informar y a preservar la fuente periodística".
La APT se reunió con representantes del Gobierno, de las bancadas legislativas (oficialistas y opositoras), de distintos partidos políticos y sindicalistas estatales. En el encuentro, se reclamó a los poderes del Estado el compromiso para preservar los derechos de los trabajadores de prensa, en su misión social de obtener información para transmitirla. El secretario de Gobierno, Daniel Posse, desvinculó al PE de cualquier persecución u operativo de espionaje. "Sostenemos como premisa la libertad de prensa. No tenemos nada que ver con este hecho y vamos a poner todo de nuestro lado para que se esclarezca. Hay que fortalecer el accionar del Poder Judicial para que atienda las denuncias", afirmó.
La diputada nacional del PJ, Stella Maris Córdoba, adelantó que pondrá en conocimiento de la situación provincial a sus pares de la Cámara Baja y a las autoridades del Gobierno central.
El incidente más reciente fue la recepción de un e-mail que transcribía el contenido de una conversación telefónica entre el periodista del medio electrónico Primera Fuente de la APT (www.primerafuente.com.ar), Alejandro Díaz, y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, que fue interpretado como un hecho de intimidación. Lobo Bugeau denunció ante el fiscal federal Carlos Brito la intervención de su línea telefónica, y pidió que designe a un perito ingeniero en comunicaciones o a un especialista de la Policía Federal para determinar quién instaló el sistema de escuchas y la antigüedad de la instalación.
Afirmó que "la conducta de espionaje interno con finalidad persecutoria se encuentra prohibida por la Ley de Seguridad Interior, y es claramente perjudicial a la libertad de expresión y al derecho a informar y a preservar la fuente periodística".
La APT se reunió con representantes del Gobierno, de las bancadas legislativas (oficialistas y opositoras), de distintos partidos políticos y sindicalistas estatales. En el encuentro, se reclamó a los poderes del Estado el compromiso para preservar los derechos de los trabajadores de prensa, en su misión social de obtener información para transmitirla. El secretario de Gobierno, Daniel Posse, desvinculó al PE de cualquier persecución u operativo de espionaje. "Sostenemos como premisa la libertad de prensa. No tenemos nada que ver con este hecho y vamos a poner todo de nuestro lado para que se esclarezca. Hay que fortalecer el accionar del Poder Judicial para que atienda las denuncias", afirmó.
La diputada nacional del PJ, Stella Maris Córdoba, adelantó que pondrá en conocimiento de la situación provincial a sus pares de la Cámara Baja y a las autoridades del Gobierno central.
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