Pedirán la nulidad de la investigación por la desaparición de Daiana Garnica

Si prospera el planteo de la defensora Jorrat, Darío Suárez y sus familiares podrán quedar en libertad. La abogada dice que Bonari hizo allanamientos sin autorización de un juez. El ministro fiscal analiza la cuestión judicial.

30 Jul 2017
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EN LA CALLE. Los familiares de la adolescente de 16 años realizaron varias marchas reclamando por Justicia. la gaceta / FOTO DE DIEGO ARAOZ (archivo)

“Son muy graves las irregularidades que se detectaron y voy a pedir la nulidad de todo lo actuado”, adelantó Julieta Jorrat defensora de Darío Suárez, principal sospechoso de la desaparición de Daiana Garnica. El planteo se realizará ahora que salieron a la luz diferentes irregularidades judiciales en la investigación del caso. Si aceptan su planteo, los detenidos podrían recuperar la libertad.

El sábado 6 de mayo la adolescente abandonó su vivienda en Alderetes para encontrarse con su vecino Suárez. No se la volvió a ver más. El fiscal Claudio Bonari recibió la denuncia y al día siguiente dispuso la aprehensión del principal sospechoso y de otras personas.

Con el correr de las semanas, el investigador elaboró la teoría de que Daiana fue secuestrada y luego asesinada por Suárez, que habría contado con colaboradores para cometer el crimen y ocultar su cuerpo. En total, fueron procesadas 13 personas y a 12 de ellas les dictaron prisión preventiva.

Sin embargo, el viernes salieron a la luz detalles inesperados. Por ejemplo, se comprobó que Bonari había realizado los primeros allanamientos sin autorización de un juez. Reconoció que lo hizo porque no había magistrado que autorizara la medida que quería realizar al día siguiente de la desaparición de Daiana.

Paralelamente se presentó en la Corte Suprema de Justicia para informar que había denunciado en sede penal a dos jueces subrogantes del Juzgado de Instrucción N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, y al secretario de esa oficina, Carlos López.

Según el fiscal, corresponde investigar si Rougés y López cometieron algún delito por no haber estado en su despacho el domingo 7 de mayo para autorizar los allanamientos que él había solicitado el recibir la denuncia de la desaparición de la adolescente. Bonari a su vez puso en conocimiento de la Justicia que había encontrado mensajes entre la coimputada Victoria Melián y el juez Mendilaharzu, quien también intervino en la causa. Los funcionarios rechazaron la acusación y aseguraron tener pruebas para demostrar sus dichos.

Planteo

“Todo esto demuestra que el sistema sigue fallando. No hay seguridad y no hay justicia. Todo este escándalo es el resultado de una mala investigación y entorpecimiento por ignorancia de derecho”, destacó Jorrat.

La defensora, que representa a por lo menos 10 imputados, dijo que por esta situación la causa debería volver a fojas cero. “No sólo se cometió un error garrafal al realizar un allanamiento sin la autorización de un juez, sino que además hubo entorpecimiento, destrucción, pérdida y contaminación de pruebas por parte de las personas que realizaron los allanamientos”, explicó en una charla con LA GACETA.

Los abogados de los otros imputados decidieron no informar qué pasos darán hasta que no se aclare un poco más la polémica que se desató con el nuevo escenario que se planteó en base a las presentaciones realizadas por Bonari, aunque es casi un hecho que harán lo mismo que Jorrat.

Álvaro Zelarayán, representante legal de la madre de Daiana, se mostró muy preocupado. “Si se declaran nulos los primeros allanamientos, la investigación recibirá un golpe muy duro. Será muy difícil probar la teoría que planteó el fiscal, ya que hay actos que son únicos e irreproducibles”, explicó. “Este no sólo es un cachetazo para la familia, sino para la Justicia también, ya que se produce esta situación cuando el nivel de desprestigio es bastante importante”, destacó el profesional.

Más detalles

La investigación de las denuncias que realizó Bonari, en un principio, terminaron en la oficina de Washington Navarro Dávila, pero después de analizarla, el fiscal decidió reenviársela, ya que por fecha no le correspondería realizar la pesquisa. El denunciante ahora deberá decidir si le da vista a la fiscalía que conduce María del Carmen Reuter.

Edmundo Jiménez, ministro fiscal, prefirió no hacer declaraciones sobre el caso. Sí confirmó que tiene una serie de actuaciones en su despacho y mañana decidirá si tomará algún tipo de medida sobre el asunto. Él sólo tiene facultades para analizar el trabajo de Bonari, mientras que los jueces observados deberían rendir cuentas ante los miembros de la Corte.

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