Intervienen hoteles “K” bajo sospecha de lavado de dinero

Intervienen hoteles “K” bajo sospecha de lavado de dinero

Alto Calafate, El Chaltén y Las Dunas.

PRESIÓN. La Justicia le cierra  los caminos a Cristina Kirchner. DyN (archivo) PRESIÓN. La Justicia le cierra los caminos a Cristina Kirchner. DyN (archivo)
01 Julio 2017

La Justicia argentina decidió intervenir tres empresas pertenecientes a la ex presidenta y actual precandidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner, que son investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero.

El juez federal Julián Ercolini ordenó una veeduría jurídico contable sobre las sociedades Hotesur, Valle Mitre e Idea, administradoras de hoteles de la familia Kirchner, en la causa que investiga supuesto lavado de activos mediante falsas contrataciones a empresarios beneficiados con la obra pública.

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Los hoteles bajo investigación son Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y la Hostería Las Dunas. Además, el magistrado inhibió los bienes de Valle Mitre e Idea, y dictó la prohibición de innovar en la composición accionaria de las tres empresas y de distribuir dividendos.

En la causa se estudia un pedido de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para citar a declaración indagatoria a la ex mandataria, a sus hijos Máximo y Florencia, al socio comercial de la familia, Osvaldo Sanfelice y al detenido empresario Lázaro Báez.

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Mientras analiza esa resolución, Ercolini dispuso medidas para que -por seis meses- los veedores “informantes” determinen “el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que realicen; medidas que le permitirán tener un conocimiento acabado sobre el funcionamiento de las firmas, sin interferir en su administración”.

“Lo que aquí se decreta es razonable para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producido o provecho del delito bajo pesquisa”, consideró.

Los veedores deberán, además, “vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes no sufran deterioro o menoscabo y comprobar entradas y gastos, y toda irregularidad que adviertan en la administración. (Télam)

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