El sábado pasado, en el parque 9 de Julio, un hombre fue víctima del ataque de cuatro perros -uno vagabundo, los restantes no pudieron ser dominados por su dueña- y terminó en el hospital a causa de las mordeduras. El vecino, 63 años, pensó que los irascibles canes que estaban peleando entre ellos, podían dañar a un pequeño niño que lloraba. Lo levantó, lo calmó, y luego los canes se lanzaron contra él. El ataque, que afortunadamente no concluyó con la muerte de la persona mordida, como ya sucedió en otras oportunidades, reinstala una vez más el asunto de los perros en la vía pública, sean callejeros o tengan propietarios.
Un veterinario que es supervisor del Programa Integral de Salud del Siprosa, dijo que en los últimos 10 años, hubo quizás más gente muerta por mordeduras de perros que por dengue. “O sea que tenemos un serio problema con la población de animales; habría que identificar cuáles son las mordeduras y cuánto le cuesta al Estado, porque esto tiene una importancia económica”, afirmó. El profesional señaló que en 2009 presentó un proyecto de control de población canina, que entre otras cosas contempla el registro de animales mordedores, pero no tuvo eco en el Siprosa. En nuestra crónica de ayer se señala que los accidentes por mordeduras, que son muchos, le generan un costo al Estado, así como problemas físicos y psicológicos a las personas afectadas. Lamentablemente, esas evaluaciones no se hacen. Por ejemplo, para notificar un ataque, dentro del sistema de salud se pone “mordedura de perro”.
Hay normas sobre este asunto que no se cumplen, como por ejemplo, la Ley de Profilaxis de la Rabia, vigente desde 1953, que establecía la creación de un registro provincial de perros, nunca se implementó. En 2008, los concejales capitalinos votaron a favor de la creación de un registro público de canes considerados “potencialmente peligrosos” y otro de criadores y adiestradores de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino y doberman, entre otros. Según la iniciativa promulgada como ordenanza Nº 4.046, los propietarios de animales de estas razas debían tener la documentación del perro, con un seguimiento de las vacunas y un examen psicológico. La Dirección de Urbanidad e Higiene Pública de San Miguel de Tucumán iba a ser la autoridad de aplicación de la norma. El 23 de octubre de ese año, la Legislatura sancionó la Ley 8.129 que regulaba la cría y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Se estableció que cuando esos animales fueran paseados, debían llevar bozal. El Poder Ejecutivo la vetó parcialmente porque no estaba de acuerdo con los órganos de aplicación.
Son escasos los propietarios que sacan a pasear con sus perros con bozal. Los canes callejeros deambulan por las calles y los paseos públicos. Por ejemplo, en la plaza San Martín son alrededor de 10, que suelen atacar a los motociclistas y ciclistas, y en algunas ocasiones han provocado accidentes. ¿Quién se responsabiliza si una persona es atacada por un perro callejero y peligroso? ¿La Municipalidad? ¿Los legisladores? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Cuáles serán las razones de nuestros representantes para no proteger algo tan esencial como la vida de los ciudadanos? La problemática de los perros debería ser abordada con seriedad y no esperar -como sucede a menudo- que se produzcan desgracias para preocuparse momentáneamente y luego de que pase la controversia, olvidarse del asunto.
