A veces pasan inadvertidos. En otras ocasiones, la sociedad los invisibiliza. Pero ellos siempre están allí, con su alegría, sus penas, sus dolores, sus broncas porque se los margina, porque la ciudad se sigue construyendo sin tenerlos en cuenta, porque hay instituciones que los rechazan o empleadores que les pagan en negro. Hay alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, que afrontan estas y muchas otras barreras, y aspiran que se las incluya en aspectos sociales fundamentales para su vida, tales como el transporte, el empleo, la educación y la vida pública.
El 3 de diciembre pasado, se recordó el Día Internacional de la Discapacidad. Naciones Unidas propone hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos; mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo.
En Tucumán, hay 84.000 certificados de personas discapacitadas, según el subdirector provincial del área. De acuerdo con el Anuario Nacional sobre Discapacidad de 2011, del Servicio Nacional de Rehabilitación, en Tucumán solamente el 4,7% de las personas con discapacidad vivía sola, un 2,1% estaba institucionalizada y un 93,2% vivía acompañada (el 30%, con madre y padre). El 6,2% de los hogares donde habitaban personas con discapacidad no tenía infraestructuras básicas. El 28,8% no poseía vivienda adaptada. El 39,2% vivía en barrios con calles de tierra y el 44,2%, en un hábitat deficitario.
En varios aspectos, nuestra provincia sigue en deuda con ellos. Se cumple a medias el derecho a la accesibilidad que establece la prioridad de suprimir las barreras físicas que haya en los espacios urbanos arquitectónicos. Los obstáculos callejeros les ocasionan serios inconvenientes. Una moto estacionada en la vereda, alcantarillas sin rejillas, cables sueltos, cajas de aire acondicionado, ventanas cuyas persianas invaden el camino en las aceras, transformadores, semáforos con grandes mochilas y postes de luz suelen provocar la desdicha, principalmente de los no videntes. Tampoco se cumplen los cupos que por ley les corresponden para trabajar en organismos públicos y en empresas privadas.
La ley N° 7.811, que data de 2006, prescribía que las empresas de transporte público de pasajeros debían incorporar, en forma progresiva sus unidades adaptadas para el ingreso y egreso de personas con movilidad y comunicación reducida hasta 2010. A partir de ese año, el 50% de sus unidades debía estar adecuado para el uso de discapacitados. El cumplimiento de la norma todavía está pendiente.
Hace pocos días, publicamos la historia de Nicole, una niña de cinco años que padece un retraso madurativo leve. Desde mayo, su madre deambuló por más de 30 escuelas tucumanas para inscribirla para el ciclo 2017, pero ningún establecimiento la recibió. “No hay cupos”, fue siempre la respuesta. Ante el incumplimiento de leyes que los protegen y ante la falta de respuestas de las autoridades, propusimos en alguna ocasión que en la Facultad de Arquitectura, se enseñara a los alumnos la necesidad de incluir a los discapacitados en el diseño de edificios y de ciudades, que se creara, por ejemplo, una defensoría de personas con discapacidad, conducida por ellos mismos que se ocupara, entre otras cosas, de hacer cumplir sus derechos. Es hora de que la sociedad y sus representantes se hagan cargo de esta asignatura pendiente.
El 3 de diciembre pasado, se recordó el Día Internacional de la Discapacidad. Naciones Unidas propone hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos; mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo.
En Tucumán, hay 84.000 certificados de personas discapacitadas, según el subdirector provincial del área. De acuerdo con el Anuario Nacional sobre Discapacidad de 2011, del Servicio Nacional de Rehabilitación, en Tucumán solamente el 4,7% de las personas con discapacidad vivía sola, un 2,1% estaba institucionalizada y un 93,2% vivía acompañada (el 30%, con madre y padre). El 6,2% de los hogares donde habitaban personas con discapacidad no tenía infraestructuras básicas. El 28,8% no poseía vivienda adaptada. El 39,2% vivía en barrios con calles de tierra y el 44,2%, en un hábitat deficitario.
En varios aspectos, nuestra provincia sigue en deuda con ellos. Se cumple a medias el derecho a la accesibilidad que establece la prioridad de suprimir las barreras físicas que haya en los espacios urbanos arquitectónicos. Los obstáculos callejeros les ocasionan serios inconvenientes. Una moto estacionada en la vereda, alcantarillas sin rejillas, cables sueltos, cajas de aire acondicionado, ventanas cuyas persianas invaden el camino en las aceras, transformadores, semáforos con grandes mochilas y postes de luz suelen provocar la desdicha, principalmente de los no videntes. Tampoco se cumplen los cupos que por ley les corresponden para trabajar en organismos públicos y en empresas privadas.
La ley N° 7.811, que data de 2006, prescribía que las empresas de transporte público de pasajeros debían incorporar, en forma progresiva sus unidades adaptadas para el ingreso y egreso de personas con movilidad y comunicación reducida hasta 2010. A partir de ese año, el 50% de sus unidades debía estar adecuado para el uso de discapacitados. El cumplimiento de la norma todavía está pendiente.
Hace pocos días, publicamos la historia de Nicole, una niña de cinco años que padece un retraso madurativo leve. Desde mayo, su madre deambuló por más de 30 escuelas tucumanas para inscribirla para el ciclo 2017, pero ningún establecimiento la recibió. “No hay cupos”, fue siempre la respuesta. Ante el incumplimiento de leyes que los protegen y ante la falta de respuestas de las autoridades, propusimos en alguna ocasión que en la Facultad de Arquitectura, se enseñara a los alumnos la necesidad de incluir a los discapacitados en el diseño de edificios y de ciudades, que se creara, por ejemplo, una defensoría de personas con discapacidad, conducida por ellos mismos que se ocupara, entre otras cosas, de hacer cumplir sus derechos. Es hora de que la sociedad y sus representantes se hagan cargo de esta asignatura pendiente.
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