02 Octubre 2016
PLAYA DE TRANSFERENCIAS. Utilizan las terminal de ómnibus para distribuir la mercadería entre distintos vehículos.
El calor que irradia el sol es uno de los principales factores, pero el otro es su costado social y financiero. El estancamiento de la economía, la paralización de la obra pública y la falta de inversiones que afectó a los 60 municipios de la provincia de Salta no exceptuó a esta ciudad.
La localidad, ubicada 269 kilómetros hacia el norte de la capital salteña, fue conocida años atrás como uno de los bastiones de la producción agrícola y ganadera. Todavía lo sigue siendo, pero hoy se la conoce más por sus “bagayeros”. Estos son quienes se dedican a pasar por la frontera con Bolivia bolsones repletos de productos contrabandeados (ropa, artículos de bazar, y aparatos tecnológicos, entre otros). No hay una fecha precisa de cuándo empezó esta actividad, pero algunos señalan que fue al final de los 90 y que luego se incrementó en los últimos años como consecuencia del cierre de la planta frutícola que abastecía al ingenio San Martín del Tabacal y empleaba a casi 1.000 personas.
Conseguir trabajo en Orán no es fácil: la Municipalidad emplea a 1.400 personas, entre trabajadores de planta y contratados; el ingenio del Tabacal, que funciona a 13 kilómetros, contempla unos 1.000 trabajadores más; y otro tanto se desempeña en el campo. En cuanto a los “bagayeros”, ya superan los 3.000.
Los trabajadores de frontera, como prefieren ser denominados, cumplen un oficio que demanda una extenuante exposición física bajo el intenso calor oranense, pero que al mismo tiempo genera ganancias impensadas para cualquier otro asalariado. Se estima que la ganancia de estos trabajadores oscila entre los $ 1.000 y los $ 2.000, lo que en un mes representaría un sueldo superior a los $ 25.000.
Su accionar es ilegal; el contrabando de artículos provenientes de Bolivia es un delito condenado con altas penas pecuniarias que van de los $ 5.000 a los $ 50.000. Sin embargo, este delito convive a diario con los habitantes de la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia de Salta.
Frente a la terminal de ómnibus, en un terreno municipal, funciona la “playa de transferencias” a donde llegan autos cargados de mercadería para luego distribuirlas en colectivos u otros vehículos que partirán hacia la zona central del país. Se sabe que por la ocupación de ese espacio público se paga un cánon, pero el monto es un misterio.
En una entrevista con una radio oranense, Tomás Cano, quien administró ese lugar hasta diciembre del año pasado cuando asumió una banca en el Concejo Deliberante, afirmó que “nadie paga nada para acopiar” mercadería en la playa y que solo se les cobra un aporte solidario de $ 10 a los vehículos que ingresan allí para buscar sus lonas con productos.
Consultado por LA GACETA, el intendente Marcelo Lara Gros afirmó que este tema es “complejo” y remarcó que para poder combatirlo se necesita mayor presencia del Estado Nacional, que posibilite no solo intensificar los controles aduaneros sino también brindar una mayor contención social. “Hablando con funcionarios nacionales, nos dicen que a fin de año comenzará a verse la implementación del plan para combatir la problemática”, dijo el jefe comunal.
Motor de la economía
En diálogo con LA GACETA el Secretario de Gobierno de Orán, Javier Tártalo, aseguró que el crecimiento de esta actividad alejada de la legalidad reactivó y mantiene la economía del departamento de Orán, compuesto por seis municipios: Orán, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Urundel y Aguas Blancas. “Es una realidad que tenemos. Esto viene de varios años atrás, es una situación muy compleja. Más de 10.000 personas se vinculan de forma directa o indirecta (’bagayeros’, taxistas, llevadores de bultos) y mantienen la actividad económica”, explicó.
Tártalo también confirmó uno de los datos más sorprendentes: un “bagayero” cobra más que un empleado municipal. Mientras que el municipio abona sueldos de entre $ 5.000 y $ 10.000, los “bagayeros” llegan a percibir un sueldo mínimo de $ 1.000 por día. Ante este panorama, el trabajador de frontera se convirtió en un pilar del consumo interno que mantiene la actividad comercial de la zona.
Orán también está marcado por la inmensa cantidad de motocicletas que surcan sus calles. Según un censo realizado en 2014, cada tres habitantes hay una motocicleta. Y estos rodados convirtieron en el transporte perfecto para el narcomenudeo. Durante el Festi Orán (festival folclórico que se realiza en agosto), por ejemplo, la Policía detuvo a un joven motociclista que llevaba 115 envoltorios de cocaína.
La localidad, ubicada 269 kilómetros hacia el norte de la capital salteña, fue conocida años atrás como uno de los bastiones de la producción agrícola y ganadera. Todavía lo sigue siendo, pero hoy se la conoce más por sus “bagayeros”. Estos son quienes se dedican a pasar por la frontera con Bolivia bolsones repletos de productos contrabandeados (ropa, artículos de bazar, y aparatos tecnológicos, entre otros). No hay una fecha precisa de cuándo empezó esta actividad, pero algunos señalan que fue al final de los 90 y que luego se incrementó en los últimos años como consecuencia del cierre de la planta frutícola que abastecía al ingenio San Martín del Tabacal y empleaba a casi 1.000 personas.
Conseguir trabajo en Orán no es fácil: la Municipalidad emplea a 1.400 personas, entre trabajadores de planta y contratados; el ingenio del Tabacal, que funciona a 13 kilómetros, contempla unos 1.000 trabajadores más; y otro tanto se desempeña en el campo. En cuanto a los “bagayeros”, ya superan los 3.000.
Los trabajadores de frontera, como prefieren ser denominados, cumplen un oficio que demanda una extenuante exposición física bajo el intenso calor oranense, pero que al mismo tiempo genera ganancias impensadas para cualquier otro asalariado. Se estima que la ganancia de estos trabajadores oscila entre los $ 1.000 y los $ 2.000, lo que en un mes representaría un sueldo superior a los $ 25.000.
Su accionar es ilegal; el contrabando de artículos provenientes de Bolivia es un delito condenado con altas penas pecuniarias que van de los $ 5.000 a los $ 50.000. Sin embargo, este delito convive a diario con los habitantes de la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia de Salta.
Frente a la terminal de ómnibus, en un terreno municipal, funciona la “playa de transferencias” a donde llegan autos cargados de mercadería para luego distribuirlas en colectivos u otros vehículos que partirán hacia la zona central del país. Se sabe que por la ocupación de ese espacio público se paga un cánon, pero el monto es un misterio.
En una entrevista con una radio oranense, Tomás Cano, quien administró ese lugar hasta diciembre del año pasado cuando asumió una banca en el Concejo Deliberante, afirmó que “nadie paga nada para acopiar” mercadería en la playa y que solo se les cobra un aporte solidario de $ 10 a los vehículos que ingresan allí para buscar sus lonas con productos.
Consultado por LA GACETA, el intendente Marcelo Lara Gros afirmó que este tema es “complejo” y remarcó que para poder combatirlo se necesita mayor presencia del Estado Nacional, que posibilite no solo intensificar los controles aduaneros sino también brindar una mayor contención social. “Hablando con funcionarios nacionales, nos dicen que a fin de año comenzará a verse la implementación del plan para combatir la problemática”, dijo el jefe comunal.
Motor de la economía
En diálogo con LA GACETA el Secretario de Gobierno de Orán, Javier Tártalo, aseguró que el crecimiento de esta actividad alejada de la legalidad reactivó y mantiene la economía del departamento de Orán, compuesto por seis municipios: Orán, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Urundel y Aguas Blancas. “Es una realidad que tenemos. Esto viene de varios años atrás, es una situación muy compleja. Más de 10.000 personas se vinculan de forma directa o indirecta (’bagayeros’, taxistas, llevadores de bultos) y mantienen la actividad económica”, explicó.
Tártalo también confirmó uno de los datos más sorprendentes: un “bagayero” cobra más que un empleado municipal. Mientras que el municipio abona sueldos de entre $ 5.000 y $ 10.000, los “bagayeros” llegan a percibir un sueldo mínimo de $ 1.000 por día. Ante este panorama, el trabajador de frontera se convirtió en un pilar del consumo interno que mantiene la actividad comercial de la zona.
Orán también está marcado por la inmensa cantidad de motocicletas que surcan sus calles. Según un censo realizado en 2014, cada tres habitantes hay una motocicleta. Y estos rodados convirtieron en el transporte perfecto para el narcomenudeo. Durante el Festi Orán (festival folclórico que se realiza en agosto), por ejemplo, la Policía detuvo a un joven motociclista que llevaba 115 envoltorios de cocaína.
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