Incidentes en los que grupos de vecinos reaccionaron airadamente contra individuos que se encontraban delinquiendo o en situaciones sospechosas -casos de justicia por mano propia, como se ha dado en llamar a estos episodios- levantaron un fuerte debate en el recinto legislativo, entre expertos y entre gran parte de la ciudadanía. “Los casos de justicia por mano propia son la consecuencia de una falta de respuestas, tanto de parte de las fuerzas de seguridad como de la Justicia”, había sostenido el Ministro Fiscal. Edmundo Jiménez aclaró que las golpizas que vecinos le propinaron a delincuentes son ilegales, pero que llevan consigo un mensaje “justo”, opiniones que agregaron fuego a una polémica que se extiende en los ambientes de la opinión pública.
Ocurre que en los últimos meses se conocieron informes policiales y advertencias de fiscales, respecto de que se han multiplicados los casos de detenidos que ingresan a las comisarías en condición de lesionados, por las golpizas que habían sufrido a manos de ciudadanos comunes y que se tratarían de cifras que van progresivamente en aumento desde el año pasado por menos y que en algunos casos, conformarían ya la tercera parte de los apresados. El jefe de los policías motorizados (el 911), comisario Daniel Ruiz, explicó que los uniformados muchas veces enfrentan situaciones de difícil resolución o control, cuando ciertos grupo de vecinos o transeúntes aparecen ensañados con algún arrebatador o mechera. “Los policías cuando llegan al lugar suelen encontrarse con escenas de mucha bronca y enojo hacia el sospechoso y lo que hacemos es sacarlo de allí, en lo posible sin que lo lesionen. Pero a veces los vecinos no quieren entregar a esa persona que aprehendieron”, sostuvo. La crónica policial dio cuenta de un grave episodio que ocurrió días pasados en el barrio Oeste II, donde vecinos redujeron y golpearon a dos asaltantes, y luego se negaron a entregarlos a la comisión policial que los requería. La situación derivó en incidentes que terminaron con el empleo de la fuerza: la Policía disparó balas de goma, gases lacrimógenos, sufrieron el robo de un arma reglamentaria en medio de una batahola, que provocó varios heridos, daños en patrulleros y por poco no termina peor. Pero, estas situaciones de ánimos sociales crispados hasta el enardecimiento, ¿no podrían estar mostrando un crisis más profunda que no se quiere debatir o encarar? Este aparente regreso al primitivismo -como algunos suponen- es decir a la reacción grupal para resolver asuntos en los que los damnificados se sienten abandonados por el Estado o los gobiernos, ¿tendrá que ver con lo que cada vez más sectores sociales consideran que soportan una falta de justicia, desaprensión de la gestión política y policial con la cobertura de seguridad, y hasta impunidad?
Obviamente, desde que los estados comenzaron a administrar la vida en sociedad los códigos y las legislaciones penales han construido una pirámide jurídica en defensa de la vida humana a la que se considera un bien inalienable, tutelado por las normas vigentes; y esto es tan rotundo como el hecho de que nadie puede considerarse facultado para tomar en sus manos venganza o quitar la vida de otra persona, so pena de ser imputado por delitos de homicidio o lesiones. Sin embargo, habría que señalar que los intentos de hacer justicia por mano propia están reflejando un hondo malestar social, toda vez que resulta innegable la existencia de un estado de inseguridad y de indefensión ciudadana, que en muchos espacios sociales ya parece repercutir en forma insoportable. Ahora bien y aunque de ninguna manera podrá justificarse este aparente regreso a la Ley del Talión (se conoció como justicia retributiva, dado que la norma imponía un castigo indéntico con el crimen cometido) como refieren las crónicas de los sucesos, sí debería constituirse en motivos mas que suficientes para que el Gobierno y la Justicia, junto a todas las jurisdicciones competentes, se impongan una respuesta conjunta, determinante y estratégica para resolver un fenómeno complejo, difícil y alarmante. Pero esa tarea mancomunada, comprometida y con mayores estándares de eficacia operativa debería encararse con urgencia para evitar que todas esas situaciones deriven en tragedia irremediables.
Ocurre que en los últimos meses se conocieron informes policiales y advertencias de fiscales, respecto de que se han multiplicados los casos de detenidos que ingresan a las comisarías en condición de lesionados, por las golpizas que habían sufrido a manos de ciudadanos comunes y que se tratarían de cifras que van progresivamente en aumento desde el año pasado por menos y que en algunos casos, conformarían ya la tercera parte de los apresados. El jefe de los policías motorizados (el 911), comisario Daniel Ruiz, explicó que los uniformados muchas veces enfrentan situaciones de difícil resolución o control, cuando ciertos grupo de vecinos o transeúntes aparecen ensañados con algún arrebatador o mechera. “Los policías cuando llegan al lugar suelen encontrarse con escenas de mucha bronca y enojo hacia el sospechoso y lo que hacemos es sacarlo de allí, en lo posible sin que lo lesionen. Pero a veces los vecinos no quieren entregar a esa persona que aprehendieron”, sostuvo. La crónica policial dio cuenta de un grave episodio que ocurrió días pasados en el barrio Oeste II, donde vecinos redujeron y golpearon a dos asaltantes, y luego se negaron a entregarlos a la comisión policial que los requería. La situación derivó en incidentes que terminaron con el empleo de la fuerza: la Policía disparó balas de goma, gases lacrimógenos, sufrieron el robo de un arma reglamentaria en medio de una batahola, que provocó varios heridos, daños en patrulleros y por poco no termina peor. Pero, estas situaciones de ánimos sociales crispados hasta el enardecimiento, ¿no podrían estar mostrando un crisis más profunda que no se quiere debatir o encarar? Este aparente regreso al primitivismo -como algunos suponen- es decir a la reacción grupal para resolver asuntos en los que los damnificados se sienten abandonados por el Estado o los gobiernos, ¿tendrá que ver con lo que cada vez más sectores sociales consideran que soportan una falta de justicia, desaprensión de la gestión política y policial con la cobertura de seguridad, y hasta impunidad?
Obviamente, desde que los estados comenzaron a administrar la vida en sociedad los códigos y las legislaciones penales han construido una pirámide jurídica en defensa de la vida humana a la que se considera un bien inalienable, tutelado por las normas vigentes; y esto es tan rotundo como el hecho de que nadie puede considerarse facultado para tomar en sus manos venganza o quitar la vida de otra persona, so pena de ser imputado por delitos de homicidio o lesiones. Sin embargo, habría que señalar que los intentos de hacer justicia por mano propia están reflejando un hondo malestar social, toda vez que resulta innegable la existencia de un estado de inseguridad y de indefensión ciudadana, que en muchos espacios sociales ya parece repercutir en forma insoportable. Ahora bien y aunque de ninguna manera podrá justificarse este aparente regreso a la Ley del Talión (se conoció como justicia retributiva, dado que la norma imponía un castigo indéntico con el crimen cometido) como refieren las crónicas de los sucesos, sí debería constituirse en motivos mas que suficientes para que el Gobierno y la Justicia, junto a todas las jurisdicciones competentes, se impongan una respuesta conjunta, determinante y estratégica para resolver un fenómeno complejo, difícil y alarmante. Pero esa tarea mancomunada, comprometida y con mayores estándares de eficacia operativa debería encararse con urgencia para evitar que todas esas situaciones deriven en tragedia irremediables.
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