La Cámara votaría tres pliegos para la Justicia

El próximo jueves, el Parlamento sancionaría una ley que programa el retiro mensual de una partida especial de bonos.

La Legislatura mantendría dos sesiones en esta semana. Para hoy, desde las 10.30, está prevista la continuidad del debate suspendido el pasado miércoles, cuando se rechazó el desafuero colectivo pedido por el juez de Instrucción Víctor Pérez.
En el orden del día, sobresalen los acuerdos para Enzo Ricardo Espasa como vocal de la Cámara del Trabajo, sala I, del Centro Judicial de Concepción; María Teresa Torres como juez de Cobros y Apremios, también en los tribunales del sur; y Daniel Gerardo Marranzino, actual fiscal de Instrucción de la V Nominación, como fiscal de Cámara en lo penal, en el Centro Judicial de la capital.
El Parlamento tucumano volvería a reunirse el jueves, en principio, para sancionar una ley especial que establezca un retiro programado de $20 millones en bonos.
La iniciativa es impulsada por el peronista Osvaldo Jaldo, con el respaldo de la bancada del Frente Fundacional. Ayer, en la reunión de la comisión de Hacienda, que Jaldo preside, se firmó un proyecto de ley que dispone el rescate efectivo de Bocade. La iniciativa, a la que no se le dio dictamen, fue acompañada por la firma de los peronistas Germán Alfaro, Juan Antonio Ruiz Olivares y Juan Carlos Mamaní.
Esta propuesta suplantaría el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que vence ese mismo día. Ese instrumento prorroga por 180 días la vigencia de los $20 millones en bonos, que se autorizó a emitir en noviembre pasado.
Se pretende que esta partida especial sea retirada totalmente hasta el último día de noviembre. El decreto del PE disponía un plazo similar, pero entre ambas disposiciones hay una diferencia sustancial. La iniciativa parlamentaria prevé un retiro gradual y mensual de los bonos a partir del 31 de julio, no menor a los $3 millones por mes (monto de recaudación fiscal en la moneda provincial). De este modo, habría una salida efectiva de bonos. En cambio, el decreto del Gobierno facultaba a sacar de plaza todo ese circulante de una sola vez, al final del plazo previsto.
Se impondría la obligación de destruir los bonos sacados de circulación. El retiro empezaría a fines de julio, luego de que se haya pagado el medio aguinaldo, y culminaría en noviembre, antes de que deba abonarse la segunda parte.En la tarde de ayer, Jaldo mantuvo una reunión con el interbloque de la oposición, que no se opuso a acompañar esta medida. "También planteamos nuestra preocupación por la imagen de la Cámara y por los ataques a la Justicia, que parten desde el mismo vicegobernador (Sisto Terán)", puntualizó desde ese sector Gumersindo Parajón (PU).

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