08 Marzo 2004 Seguir en 
"No puede ser que todos los autos que secuestre la Policía por estar presuntamente irregulares, se diga que los vendí yo. Evidentemente hay una campaña en mi contra". Con estas palabras, desde la cárcel, Pedro Tomas deslindó responsabilidades en la venta de un Fiat Siena que la Policía secuestró el viernes y cuyo propietario, Miguel Angel Durán, aseguró que se lo había adquirido al principal imputado en el caso de las 4x4.
El vehículo, patente CCJ-916, fue secuestrado por personal de Sustracción de Automotores el viernes. Cuando los policías lo revisaron, advirtieron que tanto el número de chasis como el del motor habían sido adulterados. Los policías buscaron en la red informática, y se dieron con que había un automóvil, de la misma marca y patente, en Mar del Plata. Durán aseguró que el auto se lo había comprado a Tomas, quien sólo le había entregado la cédula verde y un formulario 08 firmado, pero que no había podido obtener el resto de la documentación. Pero Tomas ayer refutó esto. Durante una conversación telefónica indicó que él no sabe nada de ese auto. "No tengo idea de por qué me responsabiliza, si nunca tuve ese vehículo", dijo, molesto, Tomas.
El imputado volvió a pedir que quiere ampliar su declaración ante el juez federal Felipe Terán, pero que no lo llama.
El año pasado, ante una situación similar, desde el Juzgado Federal se había aclarado que Tomas nunca había presentado un pedido para declarar.
Las pruebas
Tomas también aseguró que él querría ir a declarar en la Legislatura, en el marco del juicio político que se le sigue al ahora suspendido fiscal Héctor Abraham Musi. "Sin dudas que tengo algo que decir. Soy el que más sabe de toda esta situación", agregó. También se dio tiempo para criticar al republicano Carlos Canevaro, miembro de la comisión acusadora de la Legislatura. "El debería haberse excusado, por haber sido abogado mío durante meses. Ahora no lo puede negar. Conoce perfectamente el movimiento de mi empresa. Si fue mi abogado, no podría estar en la comisión en esta causa", aseguró.
Tomas también desvirtuó los rumores acerca de que había cambiado de abogado. "Yo sigo con el doctor Manuel Prado; él es mi defensor", dijo.
Aseguran que hay pruebas como para citar a Martoni
Hugo Tarifa no se rinde. El cesanteado prosecretario de la fiscalía IV está detenido en el penal de Villa Urquiza, acusado por su presunta vinculación con el escándalo de las 4x4. A través de su defensor, Ciro Vicente Lo Pinto, les solicitó a los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones que revisen su caso y que le concedan la excarcelación.
Lo Pinto, en su solicitud, indica que no hay elementos suficientes en la causa como para acusarlo por lavado de activos. El abogado establece varios puntos para solicitar la excarcelación. Indica que Tarifa era un funcionario de tercer rango, por debajo del fiscal (Héctor Abraham Musi) y del secretario (Edgardo Ataliva Herrera), "quienes tienen a su cargo la dirección jurídica y administrativa de la fiscalía". Advierte, además, sobre el desorden que había en la dependencia, en la que se registraban "1.730 causas sin ingreso". También indica que el fiscal "con sólo prender su computadora" estaba al tanto de lo que ocurría en las otras terminales "manejadas por el personal".
Lo Pinto también centró su presentación en la figura del ex empleado de la fiscalía IV, Alejandro Martoni, quien ya fue nombrado por distintos protagonistas en la causa. Lo Pinto advierte que ninguno de los procesados conoce a Tarifa. No así a Martoni, con quien inclusive firmaron un aviso fúnebre cuando ocurrió la muerte del empleado de Pedro Tomas, Pedro Bobba.
Lo Pinto aporta como prueba, además, que una fundación presidida por Patricia Martoni, hermana de Alejandro, entregó un auto a Tomas para que lo maneje.
Los delitos
Por todo esto, el abogado solicitó que Martoni sea llamado a prestar declaración. "Los delitos investigados y sus autores externos tienen otro sujeto activo en la fiscalía IV, pero ese hombre no es Tarifa, sino el señor Alejandro Augusto Martoni", indica el abogado. Lo Pinto le pidió también al juez federal Felipe Terán que cite a declarar nuevamente a Tarifa, ya que, advierte, tiene nuevos elementos de prueba para aportar a la causa.
El vehículo, patente CCJ-916, fue secuestrado por personal de Sustracción de Automotores el viernes. Cuando los policías lo revisaron, advirtieron que tanto el número de chasis como el del motor habían sido adulterados. Los policías buscaron en la red informática, y se dieron con que había un automóvil, de la misma marca y patente, en Mar del Plata. Durán aseguró que el auto se lo había comprado a Tomas, quien sólo le había entregado la cédula verde y un formulario 08 firmado, pero que no había podido obtener el resto de la documentación. Pero Tomas ayer refutó esto. Durante una conversación telefónica indicó que él no sabe nada de ese auto. "No tengo idea de por qué me responsabiliza, si nunca tuve ese vehículo", dijo, molesto, Tomas.
El imputado volvió a pedir que quiere ampliar su declaración ante el juez federal Felipe Terán, pero que no lo llama.
El año pasado, ante una situación similar, desde el Juzgado Federal se había aclarado que Tomas nunca había presentado un pedido para declarar.
Las pruebas
Tomas también aseguró que él querría ir a declarar en la Legislatura, en el marco del juicio político que se le sigue al ahora suspendido fiscal Héctor Abraham Musi. "Sin dudas que tengo algo que decir. Soy el que más sabe de toda esta situación", agregó. También se dio tiempo para criticar al republicano Carlos Canevaro, miembro de la comisión acusadora de la Legislatura. "El debería haberse excusado, por haber sido abogado mío durante meses. Ahora no lo puede negar. Conoce perfectamente el movimiento de mi empresa. Si fue mi abogado, no podría estar en la comisión en esta causa", aseguró.
Tomas también desvirtuó los rumores acerca de que había cambiado de abogado. "Yo sigo con el doctor Manuel Prado; él es mi defensor", dijo.
Hugo Tarifa no se rinde. El cesanteado prosecretario de la fiscalía IV está detenido en el penal de Villa Urquiza, acusado por su presunta vinculación con el escándalo de las 4x4. A través de su defensor, Ciro Vicente Lo Pinto, les solicitó a los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones que revisen su caso y que le concedan la excarcelación.
Lo Pinto, en su solicitud, indica que no hay elementos suficientes en la causa como para acusarlo por lavado de activos. El abogado establece varios puntos para solicitar la excarcelación. Indica que Tarifa era un funcionario de tercer rango, por debajo del fiscal (Héctor Abraham Musi) y del secretario (Edgardo Ataliva Herrera), "quienes tienen a su cargo la dirección jurídica y administrativa de la fiscalía". Advierte, además, sobre el desorden que había en la dependencia, en la que se registraban "1.730 causas sin ingreso". También indica que el fiscal "con sólo prender su computadora" estaba al tanto de lo que ocurría en las otras terminales "manejadas por el personal".
Lo Pinto también centró su presentación en la figura del ex empleado de la fiscalía IV, Alejandro Martoni, quien ya fue nombrado por distintos protagonistas en la causa. Lo Pinto advierte que ninguno de los procesados conoce a Tarifa. No así a Martoni, con quien inclusive firmaron un aviso fúnebre cuando ocurrió la muerte del empleado de Pedro Tomas, Pedro Bobba.
Lo Pinto aporta como prueba, además, que una fundación presidida por Patricia Martoni, hermana de Alejandro, entregó un auto a Tomas para que lo maneje.
Los delitos
Por todo esto, el abogado solicitó que Martoni sea llamado a prestar declaración. "Los delitos investigados y sus autores externos tienen otro sujeto activo en la fiscalía IV, pero ese hombre no es Tarifa, sino el señor Alejandro Augusto Martoni", indica el abogado. Lo Pinto le pidió también al juez federal Felipe Terán que cite a declarar nuevamente a Tarifa, ya que, advierte, tiene nuevos elementos de prueba para aportar a la causa.







