Ya suman 13 los ex funcionarios comprometidos

Entre agosto de 2009 y diciembre de 2015, el PEN giró a la entidad madre del fútbol una cifra cercana a los $ 8.000 millones. La jueza Servini de Cubría procesó -sin prisión preventiva- a tres ex jefes de gabinete de Cristina por anomalías en Fútbol para Todos.

24 Jun 2016

BUENOS AIRES.- La jueza federal María Servini de Cubría procesó ayer a los ex jefes de Gabinete nacional del kirchnerismo, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández por incumplimiento de deberes a raíz de la omisión de controlar el uso de los fondos del Programa Fútbol para Todos.

La decisión recayó además sobre el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, ex coordinador del FPT, aunque, en su caso, quedó procesado por un delito más grave, peculado -el desvío de fondos públicos confiados para la custodia- que prevé hasta 10 años de prisión, según el fallo de 343 carillas al que accedió Télam.

“Mariotto por la función de coordinador del programa tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo”, consideró Servini.

Además, y por el delito de “administración fraudulenta agravada” en perjuicio de la administración pública, quedaron procesados el presidente de la AFA, Luis Segura, y los dirigentes futbolísticos Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo. En el fallo, Servini declaró extinguida por fallecimiento la acción penal contra el ex presidente de la AFA Julio Grondona, aunque aclaró que le hubiese correspondido un procesamiento como “autor” de varios delitos.

Al igual que los tres últimos jefes de Gabinete del kirchnerismo, Servini procesó al ex coordinador del FPT Pablo Paladino por “violación de deberes de funcionario público”.

En todos los casos, los procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva y con multimillonarios embargos en los que ponderó el perjuicio causado al Estado Nacional y a los clubes que estuvieron “cada vez más empobrecidos”, según consta en el fallo.

Sobre el presidente de la AFA, Luis Segura, recayó un embargo por $ 50 millones, mientras que a los demás directivos los embargó por $ 20 millones a cada uno.

En tanto, los ex jefes de Gabinete quedaron embargados por $ 10 millones y Mariotto por $ 5 millones. En la causa, se investigan irregularidades en el manejo de los fondos del programa, en particular un convenio con la empresa de camiones Iveco y el cambio de cheques por parte de dirigentes futbolísticos en financieras y “cuevas”.

Tras la difusión de la noticia, Capitanich, actual intendente de Resistencia, anticipó que apelará el procesamiento porque “no se trata de un hecho de corrupción”. “La jueza efectúa una interpretación errónea del contrato asociativo entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino, por lo cual nos hace responsable de falta de control”, sostuvo. A esto sumó que ya explicó la situación a través de tres presentaciones judiciales, dos en forma espontánea. “No era mi responsabilidad como funcionario”, amplió. “El contrato asociativo implicaba la adquisición de los derechos de transmisión con el objeto de garantizar la gratuidad en todo el país. El objeto contractual fue cumplido. Apelaremos el fallo como corresponde”, destacó.

Abal Medina coincidió con los argumentos del chaqueño. “No existe cargo alguno que ponga en entredicho mi honestidad”, precisó. “No hay acusación de corrupción, sino que la jueza entiende que el Estado no controló lo suficiente el funcionamiento de la AFA y de los clubes”, sostuvo el senador nacional del FpV en un comunicado difundido durante la tarde en el Senado.

Abal Medina afirmó que “con la tranquilidad de haber actuado siempre de acuerdo” a sus “atribuciones y deberes de funcionario público” continuará “aportando todo lo necesario para una resolución transparente y expeditiva de esta situación”.

Todos los procesamientos fueron dictados “sin prisión” preventiva, por lo cual ninguno de los imputados irá, por ahora, a prisión. En la causa se investigan supuestas irregularidades en el contrato de compra de derechos de televisación de partidos de fútbol que el Estado Nacional celebró con la AFA en 2009. El exjuez federal Alberto Piotti, impuesto como veedor judicial por Servini en la AFA, dijo días atrás que la AFA manejó $ 8.000 millones entre agosto de 2009 y diciembre de 2015, el período afectado a la veeduría. (Télam)


kirchneristas, bajo la lupa 
Cristina, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli
El juez federal Claudio Bonadio procesó en mayo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro. También al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli. Según el juez, las operaciones implicaron “administración infiel con perjuicio al Estado” porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. 
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado con prisión preventiva en la causa que investiga la compra de trenes inservibles a España y Portugal en 2005. Por esta causa, Jaime está detenido desde abril. También se encuentra imputado Julio De Vido. Y también fue procesado el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi. Jaime sigue preso por una causa de enriquecimiento ilícito que tramita el juez Sebastián Casanello. El miércoles, además, el juez Sebastián Ramos procesó a Jaime por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles”, en la causa por renegociación de contratos ferroviarios. 
amado boudou
El juez Ariel Lijo solicitó al fiscal federal del Ministerio Público, Jorge di Lello, que requiera la elevación a juicio en la causa Ciccone, en la cual está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. 
josé sbattella
El ex responsable de la Unidad de Información Financiera durante el kirchnerismo (UIF) José Sbattella fue procesado por haber divulgado en los diarios en 2010 que investigaba si en dos joyerías porteñas se realizaron operaciones vinculadas al lavado de dinero. Quien lo procesó es el juez federal Luis Rodríguez.
guillermo moreno y alejandro vanoli
En otra causa que maneja Claudio Bonadio, fueron procesados el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli. Están acusados por los delitos de incitación a la violencia colectiva y peculado en el marco de la causa por el cotillón que el ex controlador de los precios desplegaba en actos públicos contra el Grupo Clarín.
julio de vido y josé lópez
El juez Bonadio también procesó al ex ministro Julio De Vido por su supuesta responsabilidad como coautor del delito de descarrilamiento agravado y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, en relación con la tragedia ferroviaria de Once que en febrero de 2012 causó 51 muertos y más de 700 heridos. También, el juez Ramos lo procesó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles”, en la causa que investiga la renegociación de contratos ferroviarios. En tanto, a José López se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y su situación se complicó luego de que fuera detenido mientras arrojaba casi U$S 9 millones a un monasterio. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas.


Kirchneristas, bajo la lupa 

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El juez federal Claudio Bonadio procesó en mayo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro. También al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli. Según el juez, las operaciones implicaron “administración infiel con perjuicio al Estado” porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. 

Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado con prisión preventiva en la causa que investiga la compra de trenes inservibles a España y Portugal en 2005. Por esta causa, Jaime está detenido desde abril. También se encuentra imputado Julio De Vido. Y también fue procesado el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi. Jaime sigue preso por una causa de enriquecimiento ilícito que tramita el juez Sebastián Casanello. El miércoles, además, el juez Sebastián Ramos procesó a Jaime por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles”, en la causa por renegociación de contratos ferroviarios. 

Amado Boudou
El juez Ariel Lijo solicitó al fiscal federal del Ministerio Público, Jorge di Lello, que requiera la elevación a juicio en la causa Ciccone, en la cual está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. 

José Sbattella
El ex responsable de la Unidad de Información Financiera durante el kirchnerismo (UIF) José Sbattella fue procesado por haber divulgado en los diarios en 2010 que investigaba si en dos joyerías porteñas se realizaron operaciones vinculadas al lavado de dinero. Quien lo procesó es el juez federal Luis Rodríguez.

Guillermo Moreno y Alejandro Vanoli
En otra causa que maneja Claudio Bonadio, fueron procesados el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli. Están acusados por los delitos de incitación a la violencia colectiva y peculado en el marco de la causa por el cotillón que el ex controlador de los precios desplegaba en actos públicos contra el Grupo Clarín.

Julio de Vido y José López

El juez Bonadio también procesó al ex ministro Julio De Vido por su supuesta responsabilidad como coautor del delito de descarrilamiento agravado y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, en relación con la tragedia ferroviaria de Once que en febrero de 2012 causó 51 muertos y más de 700 heridos. También, el juez Ramos lo procesó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles”, en la causa que investiga la renegociación de contratos ferroviarios. En tanto, a José López se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y su situación se complicó luego de que fuera detenido mientras arrojaba casi U$S 9 millones a un monasterio. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas.

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