17 Abril 2016
DANIEL BASES Y DION RABOUIN
AGENCIA REUTERS
BUENOS AIRES.- El largamente esperado retorno de Argentina al mercado de bonos, después de una década como un paria en los mercados internacionales, ha provocado entusiasmo en los inversores y nuevas demandas judiciales de acreedores que fueron marginados. Algunos administradores de fondos de inversión preanuncian su interés en la primera emisión internacional de bonos desde que el país incumplió el pago de los intereses de unos U$S 100.000 millones en deuda soberana en 2002. Los funcionarios también están ansiosos por dejar atrás una batalla legal de 14 años, después de que en febrero alcanzaron un acuerdo extrajudicial con los mayores acreedores ‘holdouts’ que obtuvieron un fallo favorable en Estados Unidos. Pero aunque esos problemas estén resueltos, reclamos judiciales más pequeños se han acumulado, incluyendo una demanda presentada la semana pasada por Greylock Capital Management, un inversor en mercados emergentes muy conocido, que argumenta que Argentina sigue sin tratar equitativamente a sus acreedores.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre, el país se movió con rapidez para cerrar la disputa por la deuda, principalmente con los fondos Elliott Management y Aurelius Capital, que reclamaban el pago total de títulos incumplidos que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, que fueron aceptadas por la enorme mayoría de los acreedores. Dos equipos de funcionarios argentinos se reunieron con inversores en Nueva York, Londres, Los Angeles, Boston y Washington esta semana en busca de colocar la deuda que emitirá a cinco, 10 y 30 años. Reportes preliminares indican que la tasa de interés que Argentina podría ofrecer en sus nuevos bonos estaría en el rango de entre un 7,5% y un 8,5%. No obstante, algunos inversores han dicho que para atraer suficiente atención deberían ver rendimientos de al menos 8% y quizás de hasta 9%. John Baur, gestor de cartera en un fondo de Eaton Vance, dijo que gran parte de los fondos se usarán inicialmente para pagar a los acreedores actuales de Argentina y que el país va a vender mucho papel.
Pero la batalla legal aún no ha terminado. Daniel Pollack, el mediador judicial designado, dijo que los acuerdos alcanzados comprenden demandas por U$S 8.000 millones, alrededor del 90% de las que fueron presentadas ante el juez de distrito Thomas Griesa, en Nueva York. El grupo liderado por Elliott negoció mejores términos de pago que aquellos que los que Argentina ofreció en su propuesta pública de acuerdo. Junto con otros grandes acreedores, ese grupo firmó un principio de acuerdo por U$S 4.650 millones el 29 de febrero.
Como respuesta, el 2 de marzo Griesa ordenó el levantamiento de una orden suya que impedía a Argentina pagar parte de su deuda reestructurada hasta que no compensara a los “holdouts”. Pero algunos inversores dicen que fueron ignorados por Argentina o que nunca tuvieron la oportunidad de negociar. Griesa desechó el caso el martes. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó el miércoles la decisión de Griesa de levantar medidas cautelares. Una demanda de Greylock argumenta que el país no está respetando leyes de igualdad de trato, aún está pendiente. Argentina está al tanto de los problemas y los prospectos de los bonos que emitirá lo mencionan explícitamente. “la República no puede asegurar que litigios adicionales contra Argentina no afectarán negativamente sus activos o la capacidad de acceder a los mercados internacionales de capitales o realizar pagos sobre los bonos o el resto de su deuda pendiente”, señala el documento.
AGENCIA REUTERS
BUENOS AIRES.- El largamente esperado retorno de Argentina al mercado de bonos, después de una década como un paria en los mercados internacionales, ha provocado entusiasmo en los inversores y nuevas demandas judiciales de acreedores que fueron marginados. Algunos administradores de fondos de inversión preanuncian su interés en la primera emisión internacional de bonos desde que el país incumplió el pago de los intereses de unos U$S 100.000 millones en deuda soberana en 2002. Los funcionarios también están ansiosos por dejar atrás una batalla legal de 14 años, después de que en febrero alcanzaron un acuerdo extrajudicial con los mayores acreedores ‘holdouts’ que obtuvieron un fallo favorable en Estados Unidos. Pero aunque esos problemas estén resueltos, reclamos judiciales más pequeños se han acumulado, incluyendo una demanda presentada la semana pasada por Greylock Capital Management, un inversor en mercados emergentes muy conocido, que argumenta que Argentina sigue sin tratar equitativamente a sus acreedores.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre, el país se movió con rapidez para cerrar la disputa por la deuda, principalmente con los fondos Elliott Management y Aurelius Capital, que reclamaban el pago total de títulos incumplidos que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, que fueron aceptadas por la enorme mayoría de los acreedores. Dos equipos de funcionarios argentinos se reunieron con inversores en Nueva York, Londres, Los Angeles, Boston y Washington esta semana en busca de colocar la deuda que emitirá a cinco, 10 y 30 años. Reportes preliminares indican que la tasa de interés que Argentina podría ofrecer en sus nuevos bonos estaría en el rango de entre un 7,5% y un 8,5%. No obstante, algunos inversores han dicho que para atraer suficiente atención deberían ver rendimientos de al menos 8% y quizás de hasta 9%. John Baur, gestor de cartera en un fondo de Eaton Vance, dijo que gran parte de los fondos se usarán inicialmente para pagar a los acreedores actuales de Argentina y que el país va a vender mucho papel.
Pero la batalla legal aún no ha terminado. Daniel Pollack, el mediador judicial designado, dijo que los acuerdos alcanzados comprenden demandas por U$S 8.000 millones, alrededor del 90% de las que fueron presentadas ante el juez de distrito Thomas Griesa, en Nueva York. El grupo liderado por Elliott negoció mejores términos de pago que aquellos que los que Argentina ofreció en su propuesta pública de acuerdo. Junto con otros grandes acreedores, ese grupo firmó un principio de acuerdo por U$S 4.650 millones el 29 de febrero.
Como respuesta, el 2 de marzo Griesa ordenó el levantamiento de una orden suya que impedía a Argentina pagar parte de su deuda reestructurada hasta que no compensara a los “holdouts”. Pero algunos inversores dicen que fueron ignorados por Argentina o que nunca tuvieron la oportunidad de negociar. Griesa desechó el caso el martes. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó el miércoles la decisión de Griesa de levantar medidas cautelares. Una demanda de Greylock argumenta que el país no está respetando leyes de igualdad de trato, aún está pendiente. Argentina está al tanto de los problemas y los prospectos de los bonos que emitirá lo mencionan explícitamente. “la República no puede asegurar que litigios adicionales contra Argentina no afectarán negativamente sus activos o la capacidad de acceder a los mercados internacionales de capitales o realizar pagos sobre los bonos o el resto de su deuda pendiente”, señala el documento.
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