23 Marzo 2016 Seguir en 
¿Cuánto dinero debe la Provincia por sentencias judiciales firmes en su contra? El oficialismo y la oposición discutieron intensamente ayer en el recinto de la Legislatura respecto de la normativa que establece el “blindaje” del erario provincial y que regula el cobro de los juicios al Estado con sentencia firme. Más allá de que la bancada afín a la Casa de Gobierno logró imponer su postura -con el apoyo del peronismo disidente-, del debate no surgió una cifra que dilucidara el interrogante que inicia este párrafo.
Según Marcelo Caponio, integrante del bloque Tucumán Crece y autor de la iniciativa, la respuesta debería aparecer en el corto plazo. En su exposición del proyecto de ley, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales anticipó que el Poder Ejecutivo (PE) deberá conformar, en 180 días, un Registro de Sentencias Condenatorias, en el que figurarán todos los acreedores, los montos comprometidos, el origen de la deuda y la antigüedad del litigio, entre otros puntos. “Por primera vez se van a conocer esos datos. Vivimos en un absurdo: ningún poder del Estado conoce con exactitud cuál es la deuda por sentencias. Nunca el Poder Ejecutivo ni la Legislatura dieron cumplimiento a lo dispuesto en ese sentido por normativas precedentes”, sostuvo Caponio.
El oficialista añadió que, con este cambio en el régimen del pago de juicios, habrá “mayor orden y previsibilidad”. Explicó que, incluso ahora, la Fiscalía de Estado es la encargada de definir el orden en que cumplirá con esas obligaciones. “Se acaba la discrecionalidad”, afirmó Caponio. Una vez promulgada la norma, explicó, la nómina se irá conformando con los acreedores, según la fecha de la notificación de la condena firme. “Es independiente de la naturaleza del proceso judicial, porque el pago es una obligación del Estado provincial”, garantizó Caponio, coautor de la iniciativa junto al oficialista Eduardo Cobos.
El vicepresidente 1° de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer, se sumó a la defensa del nuevo régimen aprobado ayer. “Esta ley sólo va en contra de la corporación de abogados que se cansó de hacer valer su influencia en Tribunales para cobrar juicios al Estado”, señaló el legislador oficialista. Y consideró valioso el “criterio de antigüedad” para la creación del Registro de Sentencias Condenatorias. “De esta forma evitaremos las subjetividades, porque si no sería lo mismo (que el actual sistema)”, añadió Gassenbauer.
En contrapartida, desde las bancas opositoras cuestionaron varios puntos del régimen de inembargabilidad de las cuentas públicas.
El radical José María Canelada, presidente del bloque UCR, afirmó que existe un alto riesgo de que la normativa sea declarada inconstitucional. “No estamos observando lo sustancial: si sólo vemos la fecha de la planilla, dejamos de lado a la persona. Lo importante es la naturaleza del proceso, porque de otra manera se está postergando a los discapacitados, a los jubilados, a los pensionados y a otros sectores vulnerables, y todo por el afán de ordenar los pagos en los juicios”, indicó el dirigente capitalino.
El macrista Alberto Colombres Garmendia cuestionó que no exista información sobre el monto adeudado por la Provincia. “Tampoco hay una estimación sobre cuántos compromisos se podrían generar en los próximos años. Así es imposible acompañar esta iniciativa”, dijo el dirigente del PRO.
El radical Eudoro Aráoz criticó que se mantenga en la provincia la Emergencia Económica, estado de excepción que permite el “blindaje” judicial del erario (rige desde 1991 y fue prorrogado por última vez en 2015). “Por un lado, buscan este sistema; por otro, el ministro de Economía (Eduardo Garvich) quiere poner en plazo fijo la plata del erario. ¿Dónde está la emergencia?”, indicó el ex titular del Colegio de Abogados. Y pidió que el texto regresara a comisión.
El experimentado radical Rubén Chebaia sumó argumentos respecto de la posible inconstitucionalidad de la norma. “Lo único que conseguiremos con esto es incrementar la deuda por honorarios. Aquí, lo que discutimos en el fondo, es si un jubilado obtendrá o no los fondos para comprar un remedio”, afirmó el radical. Él y el peronista Juan Ruiz Olivares habían participado en la década del 90 del debate legislativo sobre la inembargabilidad de los fondos públicos.
El bussista Claudio Viña cuestionó que se incluya en el régimen a las empresas estatales y con participación estatal mayoritaria. “Sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de ellas llevan adelante actividades monopólicas”, afirmó.
El amayista Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) también expresó críticas en ese sentido. “No se puede mezclar la SAT en este tema”, indicó el peronista disidente. Su bancada, más allá de las observaciones, apoyó la moción del bloque oficialista.
Un grupo de jubilados había seguido desde los palcos el debate. Sus aplausos resonaban cada vez que eran mencionados. Una vez que la iniciativa fue aprobada, se retiraron en silencio del recinto.
Según Marcelo Caponio, integrante del bloque Tucumán Crece y autor de la iniciativa, la respuesta debería aparecer en el corto plazo. En su exposición del proyecto de ley, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales anticipó que el Poder Ejecutivo (PE) deberá conformar, en 180 días, un Registro de Sentencias Condenatorias, en el que figurarán todos los acreedores, los montos comprometidos, el origen de la deuda y la antigüedad del litigio, entre otros puntos. “Por primera vez se van a conocer esos datos. Vivimos en un absurdo: ningún poder del Estado conoce con exactitud cuál es la deuda por sentencias. Nunca el Poder Ejecutivo ni la Legislatura dieron cumplimiento a lo dispuesto en ese sentido por normativas precedentes”, sostuvo Caponio.
El oficialista añadió que, con este cambio en el régimen del pago de juicios, habrá “mayor orden y previsibilidad”. Explicó que, incluso ahora, la Fiscalía de Estado es la encargada de definir el orden en que cumplirá con esas obligaciones. “Se acaba la discrecionalidad”, afirmó Caponio. Una vez promulgada la norma, explicó, la nómina se irá conformando con los acreedores, según la fecha de la notificación de la condena firme. “Es independiente de la naturaleza del proceso judicial, porque el pago es una obligación del Estado provincial”, garantizó Caponio, coautor de la iniciativa junto al oficialista Eduardo Cobos.
El vicepresidente 1° de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer, se sumó a la defensa del nuevo régimen aprobado ayer. “Esta ley sólo va en contra de la corporación de abogados que se cansó de hacer valer su influencia en Tribunales para cobrar juicios al Estado”, señaló el legislador oficialista. Y consideró valioso el “criterio de antigüedad” para la creación del Registro de Sentencias Condenatorias. “De esta forma evitaremos las subjetividades, porque si no sería lo mismo (que el actual sistema)”, añadió Gassenbauer.
En contrapartida, desde las bancas opositoras cuestionaron varios puntos del régimen de inembargabilidad de las cuentas públicas.
El radical José María Canelada, presidente del bloque UCR, afirmó que existe un alto riesgo de que la normativa sea declarada inconstitucional. “No estamos observando lo sustancial: si sólo vemos la fecha de la planilla, dejamos de lado a la persona. Lo importante es la naturaleza del proceso, porque de otra manera se está postergando a los discapacitados, a los jubilados, a los pensionados y a otros sectores vulnerables, y todo por el afán de ordenar los pagos en los juicios”, indicó el dirigente capitalino.
El macrista Alberto Colombres Garmendia cuestionó que no exista información sobre el monto adeudado por la Provincia. “Tampoco hay una estimación sobre cuántos compromisos se podrían generar en los próximos años. Así es imposible acompañar esta iniciativa”, dijo el dirigente del PRO.
El radical Eudoro Aráoz criticó que se mantenga en la provincia la Emergencia Económica, estado de excepción que permite el “blindaje” judicial del erario (rige desde 1991 y fue prorrogado por última vez en 2015). “Por un lado, buscan este sistema; por otro, el ministro de Economía (Eduardo Garvich) quiere poner en plazo fijo la plata del erario. ¿Dónde está la emergencia?”, indicó el ex titular del Colegio de Abogados. Y pidió que el texto regresara a comisión.
El experimentado radical Rubén Chebaia sumó argumentos respecto de la posible inconstitucionalidad de la norma. “Lo único que conseguiremos con esto es incrementar la deuda por honorarios. Aquí, lo que discutimos en el fondo, es si un jubilado obtendrá o no los fondos para comprar un remedio”, afirmó el radical. Él y el peronista Juan Ruiz Olivares habían participado en la década del 90 del debate legislativo sobre la inembargabilidad de los fondos públicos.
El bussista Claudio Viña cuestionó que se incluya en el régimen a las empresas estatales y con participación estatal mayoritaria. “Sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de ellas llevan adelante actividades monopólicas”, afirmó.
El amayista Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) también expresó críticas en ese sentido. “No se puede mezclar la SAT en este tema”, indicó el peronista disidente. Su bancada, más allá de las observaciones, apoyó la moción del bloque oficialista.
Un grupo de jubilados había seguido desde los palcos el debate. Sus aplausos resonaban cada vez que eran mencionados. Una vez que la iniciativa fue aprobada, se retiraron en silencio del recinto.
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