Por Abrehu Carlos
28 Febrero 2016
Expiraba el primer año de vida democrática en Tucumán, cuando empezó a instalarse una bomba de tiempo que estallaría en la administración de José Domato, en la última década del siglo XX. Se trata de la controvertida ley de enganche salarial que beneficiaba a algunos y perjudicaba a otros. Fue, por esa razón, el motor de múltiples protestas sindicales y pronunciamientos públicos. El laberíntico proceso de revisión de normas vinculadas con el asunto en el Senado y en Diputados contribuyó a acentuar el desprestigio del sistema bicameral y a generar un clima favorable a la existencia de una Legislatura unicameral.
Antes de alejarse del poder, el gobernador Mario Fattor dictó la Ley 5.577, por la que fijaba en 24,262 australes los gastos de los legisladores, e idéntica suma para los ministros del Poder Ejecutivo. Ese fue el punto de partida de la revisión normativa encarada por la gestión de Fernando riera. La ley de Fattor databa del 30 de noviembre de 1983.
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que instituía un nuevo sistema salarial en la sesión del 26 de diciembre de 1984. El Senado lo sancionó definitivamente el 29 , y el PE la promulgó el mismo día, para ponerla en vigor desde el 1 de enero de 1985.
Emergió así la Ley 5.693, por la cual se establecía que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ganaría el 115% de la retribución del vocal del tribunal.
El gobernador, a su vez, percibiría el 135% de la remuneración del titular de la Corte. El juez de la Corte Tucumán percibía lo mismo que su par de la Corte Suprema de la Nación.
También se determinaba que el tope salarial para las autoridades superiores del PE sería la retribución del primer mandatario. Para el personal de la administración central (Casa de Gobierno) se aplicaba un sistema de índices. Por la Ley 5,577, los legisladores cobraban el 90% de lo que recibía un ministro (cobraba el 90% del salario del gobernador).
Tensiones gremiales
Empleados del Tribunal de Cuentas, legislativos y judiciales ganaban mucho más que sus pares de la Casa de Gobierno. Las tres primeras franjas habían enganchado sus sueldos con los de los funcionarios más empinados del Poder Legislativo, de la Corte y del Tribunal de Cuentas.
Esa diferencia de trato causaba malestar entre los estatales de la Casa de Gobierno. El ritmo irregular de pago agudizó la protesta, que se ataba umbilicalmente con la crisis económica nacional y sus ajustes. Portavoz de la necesidad de reordenar el esquema fue el ministro de Economía, Osvaldo Cirnigliaro, que en junio de 1986 jugó una carta fuerte en el Senado.
Por un proyecto de ley, proponía que el sueldo del gobernador fuese el techo y que el presidente de la Corte ganase el 92% del jefe del Ejecutivo. Se propiciaba que el gobernador fijase el sueldo básico y no el gobierno de Raúl Alfonsín a través del salario mínimo, vital y móvil.
Además, propugnaba cambios en los convenios de Dipos, Vialidad y Previsión Social. Se produjo entonces la reacción de los sectores afectados, que hostigaron a Cirnigliaro y presionaron a los senadores. Es duro echar a 10.000 estatales, argumentó el ministro de Economía, que abría el paraguas ante una eventual recaída de la economía.
Sin embargo, el Senado no se inmutó: mandó a comisión la pro propuesta de la Casa de Gobierno. El problema pasó para el siguiente turno gubernamental del peronismo.
El ciclo Domato
Carlos Menem ganó la elección presidencial en mayo de 1989. En junio de ese año bisagra de la política argentina, Diputados y Senadores abordaron la espinosa cuestión.
El |13 de ese mes, ambas cámaras aprobaron un proyecto de ley sobre desenganche. El ambiente pacífico en el que sesionó el Senado, se transformó en uno tenso, que incluyó una agresión a trompadas y empujones contra el justicia lista José Vitae. Una propuesta de crear una comisión que estudie el problema salarial del sector público de Ricardo Mataran quedó firme.
Bussi los va a reventar, gritaban los gremialistas exaltados a los diputados. La resistencia al cambio era muy, fuerte.
Sin embargo, el senador Hugo Lazarte, como gobernador interino, le aplicó el veto a la ley consensuada por la Legislatura bicameral. Se apostó a la tarea que encararía la comisión sugerida por el senador Maturana.
Tucumán adherirá a las pautas nacionales sobre pautas salariales, declaró Domato el 8 de septiembre. Carlos Menem les bajó el pulgar al amparo de la Ley de Emergencia Económica, que reordenaba el panorama financiero. Empezaba otra fase en la historia del desenganche.
Antes de alejarse del poder, el gobernador Mario Fattor dictó la Ley 5.577, por la que fijaba en 24,262 australes los gastos de los legisladores, e idéntica suma para los ministros del Poder Ejecutivo. Ese fue el punto de partida de la revisión normativa encarada por la gestión de Fernando riera. La ley de Fattor databa del 30 de noviembre de 1983.
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que instituía un nuevo sistema salarial en la sesión del 26 de diciembre de 1984. El Senado lo sancionó definitivamente el 29 , y el PE la promulgó el mismo día, para ponerla en vigor desde el 1 de enero de 1985.
Emergió así la Ley 5.693, por la cual se establecía que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ganaría el 115% de la retribución del vocal del tribunal.
El gobernador, a su vez, percibiría el 135% de la remuneración del titular de la Corte. El juez de la Corte Tucumán percibía lo mismo que su par de la Corte Suprema de la Nación.
También se determinaba que el tope salarial para las autoridades superiores del PE sería la retribución del primer mandatario. Para el personal de la administración central (Casa de Gobierno) se aplicaba un sistema de índices. Por la Ley 5,577, los legisladores cobraban el 90% de lo que recibía un ministro (cobraba el 90% del salario del gobernador).
Tensiones gremiales
Empleados del Tribunal de Cuentas, legislativos y judiciales ganaban mucho más que sus pares de la Casa de Gobierno. Las tres primeras franjas habían enganchado sus sueldos con los de los funcionarios más empinados del Poder Legislativo, de la Corte y del Tribunal de Cuentas.
Esa diferencia de trato causaba malestar entre los estatales de la Casa de Gobierno. El ritmo irregular de pago agudizó la protesta, que se ataba umbilicalmente con la crisis económica nacional y sus ajustes. Portavoz de la necesidad de reordenar el esquema fue el ministro de Economía, Osvaldo Cirnigliaro, que en junio de 1986 jugó una carta fuerte en el Senado.
Por un proyecto de ley, proponía que el sueldo del gobernador fuese el techo y que el presidente de la Corte ganase el 92% del jefe del Ejecutivo. Se propiciaba que el gobernador fijase el sueldo básico y no el gobierno de Raúl Alfonsín a través del salario mínimo, vital y móvil.
Además, propugnaba cambios en los convenios de Dipos, Vialidad y Previsión Social. Se produjo entonces la reacción de los sectores afectados, que hostigaron a Cirnigliaro y presionaron a los senadores. Es duro echar a 10.000 estatales, argumentó el ministro de Economía, que abría el paraguas ante una eventual recaída de la economía.
Sin embargo, el Senado no se inmutó: mandó a comisión la pro propuesta de la Casa de Gobierno. El problema pasó para el siguiente turno gubernamental del peronismo.
El ciclo Domato
Carlos Menem ganó la elección presidencial en mayo de 1989. En junio de ese año bisagra de la política argentina, Diputados y Senadores abordaron la espinosa cuestión.
El |13 de ese mes, ambas cámaras aprobaron un proyecto de ley sobre desenganche. El ambiente pacífico en el que sesionó el Senado, se transformó en uno tenso, que incluyó una agresión a trompadas y empujones contra el justicia lista José Vitae. Una propuesta de crear una comisión que estudie el problema salarial del sector público de Ricardo Mataran quedó firme.
Bussi los va a reventar, gritaban los gremialistas exaltados a los diputados. La resistencia al cambio era muy, fuerte.
Sin embargo, el senador Hugo Lazarte, como gobernador interino, le aplicó el veto a la ley consensuada por la Legislatura bicameral. Se apostó a la tarea que encararía la comisión sugerida por el senador Maturana.
Tucumán adherirá a las pautas nacionales sobre pautas salariales, declaró Domato el 8 de septiembre. Carlos Menem les bajó el pulgar al amparo de la Ley de Emergencia Económica, que reordenaba el panorama financiero. Empezaba otra fase en la historia del desenganche.
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