Opositores hablan de corrupción y exigen una licencia; oficialistas piden prudencia

El procesamiento del gobernador Juan Manzur en el ámbito de la investigación de las contrataciones del plan “Qunita” impactó en la escena política tucumana. Referentes de la oposición subrayaron que se trata de un hecho de gravedad institucional y consideraron que el mandatario provincial debería pedir licencia. El oficialismo, en tanto, sugirió que el fallo del juez federal Claudio Bonadio forma parte de una maniobra política.

“Los tucumanos no merecemos tener un gobernador procesado. Debe pedir licencia hasta tanto se aclare su situación”, opinó la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR). Según la parlamentaria nacional, el titular del Poder Ejecutivo (PE) provincial “llevó al Gobierno nacional la metodología corrupta que usaron durante 12 años en Tucumán, apelando a las licitaciones truchas y a los sobreprecios”.

En la misma línea se expresó el titular del bloque de la UCR en la Legislatura, José María Canelada. “La situación es grave. Un pedido de licencia por 100 días, hasta tanto se sustancie la causa y se conozca su situación procesal definitiva, podría ser un buen gesto de transparencia e institucionalidad”, aseguró.

El parlamentario provincial relacionó el procesamiento de Manzur con el avance de otros juicios en los que están acusados ex funcionarios kirchneristas. “Es más de lo mismo de estos últimos 12 años. Se trata, además, de un gobernador cuyo crecimiento patrimonial nos hace recordar un eslogan del kirchnerismo: no fue magia”, ironizó Canelada.

Maniobra y ataque

“Manzur tiene que pedir licencia, como mínimo. Un gobernador no puede estar procesado y ejercer su cargo. Debería apartarse hasta que termine la investigación”, consideró, a su vez, el parlamentario radical Eudoro Aráoz.

Por su parte, el legislador Claudio Viña (Fuerza Republicana) sostuvo que Manzur debe acatar la investigación judicial a pesar de estar al frente de la provincia. “Todos los que desempeñan funciones públicas deben responder por sus actos, más allá de que en este caso se trate del titular del Poder Ejecutivo local. Es un tema complicado para Tucumán”, afirmó.

Quien también consideró que la resolución dictada por Bonadio podría traer consecuencias negativas para la provincia fue el legislador radical Fernando Valdez. “Celebro el accionar de la Justicia independiente, pero para Tucumán es una mala noticia. Es una situación gravísima”, aseveró el ex representante de la UNT ante la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

El secretario general de la Gobernación de la Provincia, Pablo Yedlin, fue una de los pocos referentes del oficialismo que se refirió al tema. En Twitter, el funcionario provincial recordó que Manzur dejó el Ministerio de Salud de la Nación para retomar sus funciones como vicegobernador en febrero de 2015. Es decir, después del lanzamiento de la licitación denunciada por Graciela Ocaña (Frente Renovador), que se efectuó en enero, pero antes de la adjudicación y la compra de los kits para recién nacidos, llevadas a cabo en junio.

“Procesar a Manzur por lo de ‘Qunita’, programa en el que sólo participó cuando era un proyecto y no en la licitación ni en la compra, es otra maniobra política para atacar a la provincia de Tucumán y a su gobernador”, aseveró el ex ministro de Salud provincial. Y agregó: “seguiremos trabajando para recuperar nuestra provincia y juntarnos todos para vivir cada vez mejor”.

El legislador peronista Marcelo Caponio, en tanto, pidió cautela. “Hay que esperar las disposiciones del juez federal. Si hay una imputación, hay que ver en qué términos se la realiza”, sostuvo.