El Poder Judicial tucumano lo logró. Consiguió captar la atención del Ministerio de Justicia de la Nación, en el peor sentido de la expresión. La penosa situación institucional de los tribunales locales decidió a la cartera federal a montar una pesada lupa sobre ellos. Esa lente, en principio, ya tiene nombre y apellido. Todo parece indicar que es el de Carlos Eduardo López, el abogado y secretario judicial siete veces vetado por el ex gobernante pavimentador José Alperovich para ocupar cargos de juez o de fiscal, tras demostrar idoneidad en otros tantos concursos públicos. En cuestión de días -según adelantaron encumbradas fuentes nacionales-, se oficializará la designación del letrado y rugbista, en definitiva y con independencia del cargo, como delegado del ministro Germán Garavano en el subtrópico.
La decisión debería entenderse como una suerte de primera respuesta global del Poder Ejecutivo Nacional a la crisis (para llamarla de manera elegante) que atraviesa la Justicia tucumana. Una contestación que, por cierto, no va a causarle gracia al poder, en el más amplio sentido del término.
Fracturas expuestas
La probable designación de López es un pronunciamiento político que se da en un marco de profunda fractura tribunalicia. Un quiebre en el cual media Corte está manifiestamente enemistada con el Ministerio Fiscal; al tiempo que la otra mitad del superior tribunal se encuentra enconadamente enfrentada con la primera mitad.
El quiebre, por cierto, también se ha dado con una porción sustancial de la sociedad, luego de esa vergüenza bicentenaria que han sido los comicios del 23 de agosto. El Judicial es el poder mayoritario en la Junta Electoral Provincial, organismo que no investigó los acarreos, las urnas quemadas, los bolsoneos, las urnas embarazadas, los tiroteos ni las urnas vaciadas con el argumento de que no le habían presentado denuncias. Qué decir de las cámaras de filmación que dejaron de funcionar impunemente en nombre de cortes de luz inexistentes. Para qué recordar las declaraciones que otorgaban certificado de transparencia a los comicios estragados de maniobras fraudulentas. O las resoluciones que negaban de manera “terminante y categórica” que hubiera irregularidades en el proceso electoral, mientras refajaban urnas en las salas de custodia de la propia Junta...
Tal vez en los poderes del Estado tucumano se quiera olvidar que miles (pero miles) de comprovincianos marcharon noche tras noche a la plaza Independencia, para reclamar comicios dignos y un sistema electoral decente. Tal vez prefieran no recordar que la única respuesta que dieron fueron balas de goma y gases lacrimógenos contra familias (mujeres, niños y ancianos incluidos). Tal vez intenten hacerse los distraídos respecto de que, durante la campaña presidencial, se dijo hasta el hartazgo que la votación tucumana sirvió de ejemplo de lo que no podía volver a ocurrir. Tal vez la Nación si tomó nota de ello.
Audiencias allá y aquí
De concretarse, la determinación macrista se dará después de que Garavano concediera sendas audiencias al Colegio de Abogados de Tucumán y al ministro fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez.
En la primera, concretada en la última semana de diciembre, la conducción de la institución profesional planteó su preocupación por el peligro de que pueda quedar impune un grupo de causas que involucran al ex fiscal Guillermo Herrera (la entidad actúa como denunciante). A la vez, vinculó ese riesgo con Jiménez y un impreciso conjunto de miembros del Poder Judicial al que denominó “pirinchismo”.
El miércoles fue el turno de “Pirincho”. Aunque había pedido la audiencia con Garavano para presentar su descargo, ni el porteño ni el tucumano sacaron el tema durante la charla, salvo por una chicana que este último le dedicó a sus detractores, al remarcar que perdieron las elecciones de renovación de autoridades y las de representantes al CAM, tal vez porque los abogados del foro asumen que la actual conducción del Colegio defiende intereses que no son de todos los letrados.
Por lo demás, el visitante efectuó una descripción (la suya, claro está) acerca de la situación del Ministerio Fiscal. Minimizó la encarnizada pelea que mantiene con media Corte y la redujo a una situación de tirantez propia de la naturaleza de la tarea de los fiscales y la de los jueces. Detalló las “carencias materiales” para enfrentar los delitos complejos y explicó que ya apeló a organismos nacionales y a sus pares de Jujuy y de Salta para subsanar la “falta de infraestructura”. Y pidió la colaboración de la Nación para equipar a las fiscalías tucumanas.
El anfitrión (acompañado de su jefe de asesores, Esteban Conte Grand) planteó su interés en que se solucionen “los problemas” de la Justicia provincial, porque cualquier colaboración material que pueda aportar el Ministerio de Justicia de la Nación está supeditada a en Tucumán que se superen las diferencias internas. Así que, sin más, le preguntó al ministro fiscal cómo se podían zanjar las diferencias.
- Con diálogo (respondió el tucumano).
Garavano le contó, entonces, que conoce personalmente a dos vocales de la Corte tucumana: Claudia Sbdar y Antonio Estofán. Pero Jiménez (que probablemente dudó acerca de si lo estaban testeando o si en verdad el ministro nacional no conocía a Antonio Gandur, titular de la Corte tucumana) le respondió que, a su criterio, había que comenzar por conversar con Gandur. Un gesto de cautela, un gesto, o ambos.
A favor, Jiménez capitalizó el hecho mismo de la audiencia, no sólo porque se la concedieron sino porque Garavano participó de ella: en la Casa Rosada, a menudo, los funcionarios provinciales son recibidos en los despachos, pero los ministros saludan y se retiran. “Pirincho”, en cambio, salió con la tarjeta personal del funcionario nacional y la invitación a que llamase cuando lo considerara necesario.
En contra, se llevó una pregunta casi al pasar que le formuló Garavano, ex fiscal general del Ministerio Público porteño, vinculada a qué cargos había desempeñado antes de ser ministro fiscal tucumano. Con esa inquisición le dejaron en claro al ex ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán que para el macrismo él era producto del oficialismo alperovichista.
Ahora bien, ese origen alperovichista, así como tuvo una de arena en la Nación, tuvo una de cal en la provincia. Es que, según encumbradas fuentes locales, Alperovich en persona le habría pedido a Juan Manzur que se respalde a Jiménez y que se le otorgue la autarquía financiera al Ministerio Fiscal. El actual gobernador dijo “no” a la segunda solicitud, porque alegó que darle esa independencia a “Pirincho” equivaldría a enemistarse con Gandur, a quien -aseguran- íntimamente le agradece por haber reivindicado la legitimidad de los comicios de agosto desde la Junta Electoral Provincial.
Pero respecto del primer requerimiento -el aval político-, el actual mandatario no se pronunció. Tendrá oportunidad de responder con gestos en los próximos días, según cómo proceda ante el pedido de audiencia que el jefe de los fiscales le cursó.
Garavano, en tanto, no habría variado su mirada crítica sobre la Justicia tucumana. Eso le habría transmitido a José Cano, según afirman en el entorno del tucumano que integra el gabinete nacional como titular del Plan Belgrano. El porteño le habría manifestado al radical que, sin creer ni dejar de creer en las versiones más diversas que recibía, por momentos tenía la impresión de que el Poder Judicial de esta provincia caminaba por la cornisa de las causales de una intervención. Necesitaba, por tanto, un “interlocutor válido”. Horas después, Carlos López comenzaba a recibir en su télefono celular llamadas con la característica 011. Pero esta vez no venían desde la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, desde donde hubo algunos guiños en diciembre. Ahora lo llamaban desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Y le pedían su currículum vitae...
Una buena y otra mala
López es una respuesta estremecedora de la Casa Rosada a la crisis de la Justicia tucumana.
Primeramente, porque es una buena noticia para los tucumanos. El alperovichismo privó a los ciudadanos de esta provincia de contar con un juzgado o una fiscalía a cargo de un hombre de capacidad reincidente, probada concurso tras concurso, sólo porque se había desempeñado como secretario del fiscal anticorrupción Esteban Jerez de manera honesta. ¿Si hubiera vendido secretos de sumario, o traficado influencias en favor del poder político y en desmedro de la Justicia, lo hubieran recompensado? Esa pregunta es la puerta de entrada a la pedagogía de la democracia pavimentadora.
Ahora, para ese tucumano parece llegar la hora del reconocimiento.
En segundo lugar, si López efectivamente es consagrado como “el” hombre del Ministerio de Justicia de la Nación en Tucumán, encarnará una pésima noticia prácticamente para todo el Poder Judicial tucumano, salvando las contadas y conocidas excepciones.
Memorial de agravios
No es una buena noticia para el ministro fiscal, que integró desde el comienzo el gobierno alperovichista que hizo del múltiple ganador de concursos del CAM un enemigo público.
Tampoco es una buena noticia para el presidente de la Corte, ni para el superior tribunal en su conjunto, porque el “caso López” encarna una de los mayores oprobios de la jurisprudencia local. Luego de que el camarista Rodolfo Novillo -por supuesto- declarase inconstitucional que Alperovich hubiese postergado siete veces al ex secretario anticorrupción sin dar una sola explicación (“no, porque no” es una respuesta de las monarquías absolutas, no de las repúblicas), la Corte modificó su criterio en materia de competencia originaria y, per saltum mediante, validó la discriminación contra “Chiqui”. Así conocen a López en Los Tarcos, el club donde los pibes a los que él entrenó le manifestaron su solidaridad con un cartel, que desató una persecución contra el secretario judicial y su familia incluso dentro de esa institución, donde unos cuantos burócratas decidieron cobardemente que los scrum están hechos para retroceder...
López es también una mala noticia para la superestructura judicial. Su calvario sirvió para tornar ensordecedor el silencio de las asociaciones de empleados judiciales que nunca chistaron, siquiera, frente a la encarnizada persecución. No fue mucho más digno el papel del Colegio de Abogados, que marcó todo un récord en materia de hacerse el otario ante el escarnio al que era sometido un letrado tucumano.
Contra la corriente
La respuesta del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces, es que mira con cara de pocos amigos a los tribunales tucumanos. Si concreta la designación de López, estará diciendo que enciende las alarmas sobre el Poder Judicial tucumano. Que la necesidad de revertir lo que ocurre es tan imperiosa que ha puesto en escena a uno que nada contra la corriente. A uno que nunca perteneció al cardumen. Estará afirmando que no habrá concesiones ni se relajará ninguna presión. Que, para corregir desviaciones institucionales, la Nación está dispuesta a intervenir.
Con todo lo que ese inquietante verbo implica...
La decisión debería entenderse como una suerte de primera respuesta global del Poder Ejecutivo Nacional a la crisis (para llamarla de manera elegante) que atraviesa la Justicia tucumana. Una contestación que, por cierto, no va a causarle gracia al poder, en el más amplio sentido del término.
Fracturas expuestas
La probable designación de López es un pronunciamiento político que se da en un marco de profunda fractura tribunalicia. Un quiebre en el cual media Corte está manifiestamente enemistada con el Ministerio Fiscal; al tiempo que la otra mitad del superior tribunal se encuentra enconadamente enfrentada con la primera mitad.
El quiebre, por cierto, también se ha dado con una porción sustancial de la sociedad, luego de esa vergüenza bicentenaria que han sido los comicios del 23 de agosto. El Judicial es el poder mayoritario en la Junta Electoral Provincial, organismo que no investigó los acarreos, las urnas quemadas, los bolsoneos, las urnas embarazadas, los tiroteos ni las urnas vaciadas con el argumento de que no le habían presentado denuncias. Qué decir de las cámaras de filmación que dejaron de funcionar impunemente en nombre de cortes de luz inexistentes. Para qué recordar las declaraciones que otorgaban certificado de transparencia a los comicios estragados de maniobras fraudulentas. O las resoluciones que negaban de manera “terminante y categórica” que hubiera irregularidades en el proceso electoral, mientras refajaban urnas en las salas de custodia de la propia Junta...
Tal vez en los poderes del Estado tucumano se quiera olvidar que miles (pero miles) de comprovincianos marcharon noche tras noche a la plaza Independencia, para reclamar comicios dignos y un sistema electoral decente. Tal vez prefieran no recordar que la única respuesta que dieron fueron balas de goma y gases lacrimógenos contra familias (mujeres, niños y ancianos incluidos). Tal vez intenten hacerse los distraídos respecto de que, durante la campaña presidencial, se dijo hasta el hartazgo que la votación tucumana sirvió de ejemplo de lo que no podía volver a ocurrir. Tal vez la Nación si tomó nota de ello.
Audiencias allá y aquí
De concretarse, la determinación macrista se dará después de que Garavano concediera sendas audiencias al Colegio de Abogados de Tucumán y al ministro fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez.
En la primera, concretada en la última semana de diciembre, la conducción de la institución profesional planteó su preocupación por el peligro de que pueda quedar impune un grupo de causas que involucran al ex fiscal Guillermo Herrera (la entidad actúa como denunciante). A la vez, vinculó ese riesgo con Jiménez y un impreciso conjunto de miembros del Poder Judicial al que denominó “pirinchismo”.
El miércoles fue el turno de “Pirincho”. Aunque había pedido la audiencia con Garavano para presentar su descargo, ni el porteño ni el tucumano sacaron el tema durante la charla, salvo por una chicana que este último le dedicó a sus detractores, al remarcar que perdieron las elecciones de renovación de autoridades y las de representantes al CAM, tal vez porque los abogados del foro asumen que la actual conducción del Colegio defiende intereses que no son de todos los letrados.
Por lo demás, el visitante efectuó una descripción (la suya, claro está) acerca de la situación del Ministerio Fiscal. Minimizó la encarnizada pelea que mantiene con media Corte y la redujo a una situación de tirantez propia de la naturaleza de la tarea de los fiscales y la de los jueces. Detalló las “carencias materiales” para enfrentar los delitos complejos y explicó que ya apeló a organismos nacionales y a sus pares de Jujuy y de Salta para subsanar la “falta de infraestructura”. Y pidió la colaboración de la Nación para equipar a las fiscalías tucumanas.
El anfitrión (acompañado de su jefe de asesores, Esteban Conte Grand) planteó su interés en que se solucionen “los problemas” de la Justicia provincial, porque cualquier colaboración material que pueda aportar el Ministerio de Justicia de la Nación está supeditada a en Tucumán que se superen las diferencias internas. Así que, sin más, le preguntó al ministro fiscal cómo se podían zanjar las diferencias.
- Con diálogo (respondió el tucumano).
Garavano le contó, entonces, que conoce personalmente a dos vocales de la Corte tucumana: Claudia Sbdar y Antonio Estofán. Pero Jiménez (que probablemente dudó acerca de si lo estaban testeando o si en verdad el ministro nacional no conocía a Antonio Gandur, titular de la Corte tucumana) le respondió que, a su criterio, había que comenzar por conversar con Gandur. Un gesto de cautela, un gesto, o ambos.
A favor, Jiménez capitalizó el hecho mismo de la audiencia, no sólo porque se la concedieron sino porque Garavano participó de ella: en la Casa Rosada, a menudo, los funcionarios provinciales son recibidos en los despachos, pero los ministros saludan y se retiran. “Pirincho”, en cambio, salió con la tarjeta personal del funcionario nacional y la invitación a que llamase cuando lo considerara necesario.
En contra, se llevó una pregunta casi al pasar que le formuló Garavano, ex fiscal general del Ministerio Público porteño, vinculada a qué cargos había desempeñado antes de ser ministro fiscal tucumano. Con esa inquisición le dejaron en claro al ex ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán que para el macrismo él era producto del oficialismo alperovichista.
Ahora bien, ese origen alperovichista, así como tuvo una de arena en la Nación, tuvo una de cal en la provincia. Es que, según encumbradas fuentes locales, Alperovich en persona le habría pedido a Juan Manzur que se respalde a Jiménez y que se le otorgue la autarquía financiera al Ministerio Fiscal. El actual gobernador dijo “no” a la segunda solicitud, porque alegó que darle esa independencia a “Pirincho” equivaldría a enemistarse con Gandur, a quien -aseguran- íntimamente le agradece por haber reivindicado la legitimidad de los comicios de agosto desde la Junta Electoral Provincial.
Pero respecto del primer requerimiento -el aval político-, el actual mandatario no se pronunció. Tendrá oportunidad de responder con gestos en los próximos días, según cómo proceda ante el pedido de audiencia que el jefe de los fiscales le cursó.
Garavano, en tanto, no habría variado su mirada crítica sobre la Justicia tucumana. Eso le habría transmitido a José Cano, según afirman en el entorno del tucumano que integra el gabinete nacional como titular del Plan Belgrano. El porteño le habría manifestado al radical que, sin creer ni dejar de creer en las versiones más diversas que recibía, por momentos tenía la impresión de que el Poder Judicial de esta provincia caminaba por la cornisa de las causales de una intervención. Necesitaba, por tanto, un “interlocutor válido”. Horas después, Carlos López comenzaba a recibir en su télefono celular llamadas con la característica 011. Pero esta vez no venían desde la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, desde donde hubo algunos guiños en diciembre. Ahora lo llamaban desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Y le pedían su currículum vitae...
Una buena y otra mala
López es una respuesta estremecedora de la Casa Rosada a la crisis de la Justicia tucumana.
Primeramente, porque es una buena noticia para los tucumanos. El alperovichismo privó a los ciudadanos de esta provincia de contar con un juzgado o una fiscalía a cargo de un hombre de capacidad reincidente, probada concurso tras concurso, sólo porque se había desempeñado como secretario del fiscal anticorrupción Esteban Jerez de manera honesta. ¿Si hubiera vendido secretos de sumario, o traficado influencias en favor del poder político y en desmedro de la Justicia, lo hubieran recompensado? Esa pregunta es la puerta de entrada a la pedagogía de la democracia pavimentadora.
Ahora, para ese tucumano parece llegar la hora del reconocimiento.
En segundo lugar, si López efectivamente es consagrado como “el” hombre del Ministerio de Justicia de la Nación en Tucumán, encarnará una pésima noticia prácticamente para todo el Poder Judicial tucumano, salvando las contadas y conocidas excepciones.
Memorial de agravios
No es una buena noticia para el ministro fiscal, que integró desde el comienzo el gobierno alperovichista que hizo del múltiple ganador de concursos del CAM un enemigo público.
Tampoco es una buena noticia para el presidente de la Corte, ni para el superior tribunal en su conjunto, porque el “caso López” encarna una de los mayores oprobios de la jurisprudencia local. Luego de que el camarista Rodolfo Novillo -por supuesto- declarase inconstitucional que Alperovich hubiese postergado siete veces al ex secretario anticorrupción sin dar una sola explicación (“no, porque no” es una respuesta de las monarquías absolutas, no de las repúblicas), la Corte modificó su criterio en materia de competencia originaria y, per saltum mediante, validó la discriminación contra “Chiqui”. Así conocen a López en Los Tarcos, el club donde los pibes a los que él entrenó le manifestaron su solidaridad con un cartel, que desató una persecución contra el secretario judicial y su familia incluso dentro de esa institución, donde unos cuantos burócratas decidieron cobardemente que los scrum están hechos para retroceder...
López es también una mala noticia para la superestructura judicial. Su calvario sirvió para tornar ensordecedor el silencio de las asociaciones de empleados judiciales que nunca chistaron, siquiera, frente a la encarnizada persecución. No fue mucho más digno el papel del Colegio de Abogados, que marcó todo un récord en materia de hacerse el otario ante el escarnio al que era sometido un letrado tucumano.
Contra la corriente
La respuesta del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces, es que mira con cara de pocos amigos a los tribunales tucumanos. Si concreta la designación de López, estará diciendo que enciende las alarmas sobre el Poder Judicial tucumano. Que la necesidad de revertir lo que ocurre es tan imperiosa que ha puesto en escena a uno que nada contra la corriente. A uno que nunca perteneció al cardumen. Estará afirmando que no habrá concesiones ni se relajará ninguna presión. Que, para corregir desviaciones institucionales, la Nación está dispuesta a intervenir.
Con todo lo que ese inquietante verbo implica...
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