14 Septiembre 2015
Aunque finalmente se mantendrá en el cargo, el fiscal de Estado no intervendrá en los juicios iniciados por la oposición para reclamar la nulidad de los comicios del 23 de agosto. El propio funcionario provincial firmó una resolución en la que decidió apartarse para permitir que su hermano, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, pueda intervenir en los litigios.
“Ante la posibilidad cierta de que la Corte intervenga en las causas judiciales referidas, se torna necesario garantizar la participación de los jueces naturales en ellas y dar transparencia al eventual trámite procesal”, redactó Posse Ponessa en la resolución N° 571 de la Fiscalía de Estado. Luego, añadió que él se encontraba comprendido dentro de las causales de excusación y que, en consecuencia, decidía apartarse “en el cargo que desempeña para la atención de las causas que se susciten por las cuestiones precedentemente citadas”.
El martes de la semana pasada, LA GACETA había dado cuenta de que la Casa de Gobierno estudiaba separar del cargo a Posse Ponessa, con la finalidad de evitar la excusación o recusación de su hermano, el vocal de la Corte Suprema. En su lugar, incluso, ya había sido mencionado el abogado Pedro Cruz, que lleva adelante el caso por la candidatura a legislador del senador nacional Sergio Mansilla. Luego de conversaciones con el gobernador, José Alperovich, se decidió la continuidad de Posse Ponessa. No obstante, su lugar en las causas que se tramitan tras la elección provincial serán llevadas adelante por el abogado de Fiscalía de Estado Aldo Luis Cerutti. La Provincia interviene en los litigios porque la Junta Electoral Provincial (JEP) carece de entidad jurídica.
Si bien son cuatro las causas que se tramitan en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la que mayores avances presenta es la impulsada por los referentes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano y Domingo Amaya. Estos denunciaron fraude y pidieron la celebración de una nueva votación general. En una acción de amparo de 63 páginas, solicitaron la nulidad de los comicios y la suspensión del escrutinio definitivo. Es en el marco de este expediente que los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek ordenaron a la Junta Electoral que se abstenga de proclamar ganadores. También, surgió en esta causa el informe de la empresa Info FOJ, que da cuenta de que buena parte de los videos registrados en el depósito de urnas entre el 23 y el 24 de agosto fueron dañados por cortes de luz o variaciones en la tensión de la energía eléctrica. Luego, EDET informó a la Justicia que no hubo inconvenientes eléctricos en la zona durante esos días.
Con esos informes, la Sala I convocó para hoy a las 17 a una audiencia a las partes involucradas en el litigio (la Provincia y el Acuerdo para el Bicentenario). Esta fuerza es patrocinada por los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada.
“Ante la posibilidad cierta de que la Corte intervenga en las causas judiciales referidas, se torna necesario garantizar la participación de los jueces naturales en ellas y dar transparencia al eventual trámite procesal”, redactó Posse Ponessa en la resolución N° 571 de la Fiscalía de Estado. Luego, añadió que él se encontraba comprendido dentro de las causales de excusación y que, en consecuencia, decidía apartarse “en el cargo que desempeña para la atención de las causas que se susciten por las cuestiones precedentemente citadas”.
El martes de la semana pasada, LA GACETA había dado cuenta de que la Casa de Gobierno estudiaba separar del cargo a Posse Ponessa, con la finalidad de evitar la excusación o recusación de su hermano, el vocal de la Corte Suprema. En su lugar, incluso, ya había sido mencionado el abogado Pedro Cruz, que lleva adelante el caso por la candidatura a legislador del senador nacional Sergio Mansilla. Luego de conversaciones con el gobernador, José Alperovich, se decidió la continuidad de Posse Ponessa. No obstante, su lugar en las causas que se tramitan tras la elección provincial serán llevadas adelante por el abogado de Fiscalía de Estado Aldo Luis Cerutti. La Provincia interviene en los litigios porque la Junta Electoral Provincial (JEP) carece de entidad jurídica.
Si bien son cuatro las causas que se tramitan en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la que mayores avances presenta es la impulsada por los referentes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano y Domingo Amaya. Estos denunciaron fraude y pidieron la celebración de una nueva votación general. En una acción de amparo de 63 páginas, solicitaron la nulidad de los comicios y la suspensión del escrutinio definitivo. Es en el marco de este expediente que los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek ordenaron a la Junta Electoral que se abstenga de proclamar ganadores. También, surgió en esta causa el informe de la empresa Info FOJ, que da cuenta de que buena parte de los videos registrados en el depósito de urnas entre el 23 y el 24 de agosto fueron dañados por cortes de luz o variaciones en la tensión de la energía eléctrica. Luego, EDET informó a la Justicia que no hubo inconvenientes eléctricos en la zona durante esos días.
Con esos informes, la Sala I convocó para hoy a las 17 a una audiencia a las partes involucradas en el litigio (la Provincia y el Acuerdo para el Bicentenario). Esta fuerza es patrocinada por los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada.
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