La problemática de la actividad azucarera

La conflictiva situación en la que se debate el sector azucarero de la provincia, que derivó en cortes de rutas en el interior, la instalación de una carpa a modo de protesta de grupos de cañeros en plena plaza Independencia y una fuerte disputa con el Gobierno, no parece tener un final, pese al anuncio de tregua formulado por los productores y a los anuncios y compromisos explicitados por las principales autoridades gubernativas de Tucumán. Esta nueva exteriorización de una virtualmente sempiterna y cíclica crisis del sector que, en realidad registra antecedentes en el estancamiento del precio del azúcar desde hace por lo menos tres años, expone un cuadro de situación donde las cargas de responsabilidad se reparten entre industriales, cañeros y gobiernos de la provincia y la Nación, aunque buena parte de las culpas recaen en el propio ejecutivo provincial por su competencia e incumbencia. Aunque las manifestaciones que se exteriorizaron estos días también se enmarcan en la difícil situación por la que atraviesan la mayoría de las producciones agropecuarias, y de hecho, en las protestas participaron no sólo grupos de cañeros -la mayoría autoconvocados, es decir, al margen de las principales organizaciones que los agrupa-, resulta evidente que la problemática del azúcar tiene su particularidad y su especificidad regional. Sin embargo, el caso podría haber merecido una atención bastante más temprana y un protagonismo más resuelto de parte del Gobierno provincial. El Ejecutivo ha logrado una descompresión de la protesta al anunciar que diferirá por 180 días el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que pondrá en marcha una moratoria de tributos nacionales y que declarará de la Emergencia Agropecuaria, al tiempo que anticipó que pondrá a disposición líneas de créditos para afrontar los gastos de la cosecha y del flete y la instrumentación de un fideicomiso para comprar azúcar a un precio superior al del mercado. Y además, mostró como éxito de una gestión que realizó al filo de las elecciones de mañana ante al candidato a presidente del oficialismo gobernante, la promesa de que el Gobierno nacional -futuro, sería- incrementará en forma gradual, la proporción de alcohol de caña de azúcar que se mezcla con las naftas, del 10 % actual a un 15 %, como una de las respuestas que derivaría en una tonificación del precio y un equilibrio entre la oferta y la demanda, que permitiría la ansiada tonificación del precio interno de la bolsa de azúcar: hoy en día muchos productores comercializa la bolsa de 50 kilos a menos de $ 200, un valor similar a los registrado -en promedio- en los últimos cuatro años.

El Gobierno provincial asumió que la actividad azucarera necesita soluciones de fondo y apuesta en el incremento porcentual del alcohol de caña destinado a la comercialización de las naftas como la solución central a la problemática, toda vez que esa alternativa permitiría destinar eficazmente los excedentes de la producción que hoy agregan quebranto, y al fin, una mejora del precio del azúcar y una probable estabilización de la actividad. Los cañeros que encabezaron las movilizaciones se han mostrado parcialmente satisfechos con las respuestas y han regresado a sus campos, a la espera de que las promesas se cumplan. La historia económica de la provincia viene mostrando que la actividad azucarera -hoy representa alrededor del 12 % del producto bruto interno, cuando hubo un tiempo en el que fue el principal motor de la economía- enfrenta necesidades de reestructuración, pero que por diversas razones, a veces coyunturales, a veces de índole política, el Gobierno y los factores que la componen no terminan de animarse a encarar y desarrollar. Sería razonable que este nuevo pico de tensión imponga una responsable, adecuada y justa respuesta y compromiso mancomunado para salir de un círculo imprudente, dramático, inmerecido.