23 Abril 2015
La crisis de la Justicia penal es consecuencia del deterioro del sistema republicano, según Alberto Lebbos. “Fallan los controles previstos para que cada institución ejerza la función que le corresponde”, opinó el padre de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006, sobre la serie de denuncias que alcanzan a los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera, y al juez Juan Francisco Pisa. Un testimonio incluido en la misma causa cuestiona además al fiscal Arnoldo Suasnábar.
“Me pregunto por qué la Legislatura se mantiene al margen de la crisis: como mínimo, debería haber formado una comisión para investigar la existencia de responsabilidades políticas”, añadió el dirigente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
Lebbos expresó que las denuncias contra fiscales y un juez del fuero penal son espeluznantes: “pero todo lo que han logrado hasta aquí es que el presidente de la Corte (Antonio Gandur) ordene la apertura de una auditoría en los expedientes objetados. Esa única reacción, que por suerte respaldaron los demás vocales del alto tribunal, se ha encontrado, sin embargo, con una resistencia inédita en el Ministerio Público”, comentó. Lebbos dijo que la preservación de las causas es fundamental para probar los delitos endilgados, y exigió que se respete la libertad e independencia del fiscal Diego López Ávila, y de los auditores designados por el alto tribunal.
Una inspección clave
Lebbos insistió sobre la importancia de los controles al recordar que una inspección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo del abogado Bernardo Lobo Bugeau permitió sacar la investigación del homicidio de su hija de la entonces Fiscalía de Carlos Albaca, donde la pesquisa estuvo bloqueada durante casi siete años.
Como consecuencia del informe “Lobo Bugeau”, el ex ministro Luis De Mitri asignó el caso a López Ávila y la Corte ordenó la apertura de un sumario administrativo en contra de Albaca. El año pasado, ese fiscal renunció para jubilarse con el 82% móvil -lo mismo que De Mitri-, pero quedó imputado por supuesto encubrimiento del crimen de Lebbos (este mes, la fiscala Juana Prieto requirió la elevación a juicio del expediente).
Noguera, uno de los funcionarios constitucionales cuestionados por la Unidad de Información Financiera, el Colegio de Abogados de la Capital, y los letrados Carlos Garmendia y Alfredo Falú, también intervino en la causa “Lebbos”: fue su primer fiscal hasta la publicación de la fotografía que reveló que en horas críticas para la pesquisa había ido a la casa particular del gobernador José Alperovich. Luego, ese mismo mandatario ascendió a Noguera a fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
“Me pregunto por qué la Legislatura se mantiene al margen de la crisis: como mínimo, debería haber formado una comisión para investigar la existencia de responsabilidades políticas”, añadió el dirigente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
Lebbos expresó que las denuncias contra fiscales y un juez del fuero penal son espeluznantes: “pero todo lo que han logrado hasta aquí es que el presidente de la Corte (Antonio Gandur) ordene la apertura de una auditoría en los expedientes objetados. Esa única reacción, que por suerte respaldaron los demás vocales del alto tribunal, se ha encontrado, sin embargo, con una resistencia inédita en el Ministerio Público”, comentó. Lebbos dijo que la preservación de las causas es fundamental para probar los delitos endilgados, y exigió que se respete la libertad e independencia del fiscal Diego López Ávila, y de los auditores designados por el alto tribunal.
Una inspección clave
Lebbos insistió sobre la importancia de los controles al recordar que una inspección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo del abogado Bernardo Lobo Bugeau permitió sacar la investigación del homicidio de su hija de la entonces Fiscalía de Carlos Albaca, donde la pesquisa estuvo bloqueada durante casi siete años.
Como consecuencia del informe “Lobo Bugeau”, el ex ministro Luis De Mitri asignó el caso a López Ávila y la Corte ordenó la apertura de un sumario administrativo en contra de Albaca. El año pasado, ese fiscal renunció para jubilarse con el 82% móvil -lo mismo que De Mitri-, pero quedó imputado por supuesto encubrimiento del crimen de Lebbos (este mes, la fiscala Juana Prieto requirió la elevación a juicio del expediente).
Noguera, uno de los funcionarios constitucionales cuestionados por la Unidad de Información Financiera, el Colegio de Abogados de la Capital, y los letrados Carlos Garmendia y Alfredo Falú, también intervino en la causa “Lebbos”: fue su primer fiscal hasta la publicación de la fotografía que reveló que en horas críticas para la pesquisa había ido a la casa particular del gobernador José Alperovich. Luego, ese mismo mandatario ascendió a Noguera a fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
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