Herrera contestó a Gandur que ya no tiene las causas que le pedían

Se viven momentos de máxima tensión en el Poder Judicial local. Esta mañana, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con el voto de sus cinco miembros, emplazó al ministro público Edmundo Jiménez y a Guillermo Herrera, fiscal de la X Nominación, a entregar la serie de expedientes objetados por el Colegio de Abogados de la Capital. El alto tribunal exigió que la orden sea cumplida en el lapso de cuatro horas contadas a partir de la notificación de la Acordada, que lleva el número 363.

Esta nueva resolución se suma a las dos que la Corte emitió con anterioridad respecto de las mismas actuaciones de Herrera. El 14 de abril, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, ordenó la apertura de una auditoría en “Teves”, “Rigourd”, “Albarracín”, “Valdez” y “Jorrat” (las denominaciones entrecomilladas responden al apellido de los imputados y no necesariamente a las carátulas de los expedientes). Esa decisión se encontró con la resistencia del ministro Jiménez, quien alegó que la Corte no era competente para fiscalizar al Ministerio Público fundándose en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una semana después de la apertura de la auditoría, el alto tribunal, con el voto unánime de Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, desestimó el planteo de Jiménez y respaldó la fiscalización.

Ayer, sin embargo, la auditoría tampoco pudo hacerse. “No hubo acuerdo sobre los términos de la fiscalización. Es todo cuanto puedo decir”, explicó Herrera a este diario. Ese fiscal fue denunciado junto con su par Alejandro Noguera y el juez Juan Francisco Pisa en la causa que acumula las presentaciones de la Unidad de Información Financiera, del Colegio de Abogados, y de los letrados Carlos Garmendia y Alfredo Falú. Dicho expediente está en manos del fiscal Diego López Ávila.

Según le confirmó a LA GACETA Gandur, Herrera redistribuyó las causas objetadas en otras fiscalías.