Opositores piden garantías para López Ávila

Una seguidilla de denuncias contra los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera, y contra el juez Juan Francisco Pisa, que eventualmente podría alcanzar también al fiscal Arnoldo Suasnábar, obliga a la Justicia a “investigar” a la Justicia. Los legisladores radicales Fernando Valdez y Ariel García sostuvieron en una nota larga dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que aquel escenario institucional requiere un refuerzo de la garantía de independencia de Diego López Ávila, fiscal de la IV Nominación a cargo de la causa que acumula las presentaciones de la Unidad de Información Financiera-Justicia Federal, del Colegio de Abogados de la Capital, y de los letrados Alfredo Falú y Carlos Garmendia.

“Será esencial para la tarea que tiene a cargo López Ávila el apoyo contundente de esa Corte, por los hechos y sujetos que caerán bajo su análisis. Corresponderá asimismo garantizar el más alto estándar de libertad que aleje toda presión e influencia por parte de los posibles investigados”, dijeron García y Valdez. Los legisladores de la oposición expresaron que sería prudente adoptar medidas para la participación de organizaciones no gubernamentales cuyos cometidos coincidan con los valores en juego en esta investigación. “Ampliar el arco de participación coadyuvaría decisivamente a consolidar las garantías óptimas para el mejor desarrollo de las tareas que han sido puestas a cargo del fiscal Nº4”, razonaron.

Los parlamentarios asimismo celebraron la decisión de la Corte de abrir una auditoría en la serie de actuaciones de Herrera cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital. Esta orden emitida por el presidente Antonio Gandur fue respaldada el martes pasado mediante la acordada que firmaron los cinco miembros del alto tribunal. Previamente, Edmundo Jiménez, ministro público y jefe de Herrera, había cuestionado la facultad de la Corte para controlar la Fiscalía X fundándose en la última enmienda de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Frente a ese planteo, Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse afirmaron que el artículo 121 de la Constitución provincial habilita a la Corte a auditar al Ministerio Público, sin perjuicio de las potestades de superintendencia otorgadas a ese órgano por la Ley Orgánica (ver texto destacado).

“Resulta oportuno y conveniente manifestar un apoyo categórico a la denuncia del Colegio de Abogados, que se inscribe en los principios de legitimación activa recientemente confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, añadieron García y Valdez. Los legisladores manifestaron que surgiría, según las pruebas aportadas en la presentación del Colegio, la prevalencia de un proceder propicio a intereses particulares por parte del fiscal Herrera, que, en definitiva, está obligado a representar los intereses de la sociedad frente al delito.

Al ampliar su denuncia, Francisco García Posse, presidente de la entidad profesional, advirtió que las actuaciones de Herrera en “Jorrat”, “Teves”, “Rigourd”, “Valdez” y “Albarracín” reflejarían el mismo patrón de conducta irregular. El letrado explicó a López Ávila que ese modus operandi consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

“Las sospechas que salpican particularmente a la Fiscalía X y a otros funcionarios en las causas penales indicadas impactan de manera negativa en la confianza que la sociedad debe tener en su sistema penal y en los funcionarios intervinientes”, opinaron Valdez y García. Y advirtieron: “no podemos soslayar que la denuncia del Colegio menciona a abogados relacionados y vinculados directamente con funcionarios que tienen a su cargo el control de todos los fiscales de la provincia”.